La masa crítica de la democracia

En todo proceso de cambio social o político el protagonismo fundamental no descansa en los que lo promueven o en los que lo resisten, sino más bien en los que, por así decirlo, se encuentran sentados encima de la valla, mirando a un lado y a otro, intentando adivinar quién va triunfar, si los reformistas o los conservadores. Preguntan nerviosos qué es lo que va a ocurrir, con el fin de adoptar las precauciones correspondientes, sin ser conscientes de que es precisamente su decisión o indecisión la que decidirá el ganador. Son la masa crítica, llamada así no por su supuesta propensión a enjuiciar hechos y conductas de manera desfavorable, sino por integrar la cantidad mínima de personas necesaria para que un fenómeno tenga lugar.

la-masa-critica-de-la-democraciaEs evidente que en una democracia como la nuestra su mayor peso o influencia se siente principalmente a la hora de votar. Así ha ocurrido en el último año en dos ocasiones. Pese a ello, ha sido necesario el transcurso de más de 300 días desde las primeras elecciones para que nuestros políticos asumiesen el explícito veredicto del conjunto de la sociedad española tras más de un lustro de crisis política, económica, institucional y ética: reformas sí, pero sin ruptura. O lo que es lo mismo, sí a los cambios, pero incrementales y con tranquilidad. Tampoco hay que sorprenderse tanto, dado que esta decisión recuerda bastante a la que los españoles en su conjunto adoptaron en 1975 y que dio lugar a la Transición.

Por supuesto, se trata de una masa muy heterogénea. Un sector de la sociedad -que podemos identificar grosso modo con los más jóvenes- se muestra muy crítico con el sistema democrático de partidos fuertes y omnipresentes instaurado en 1978, que ha garantizado hasta ahora una enorme estabilidad a los sucesivos Gobiernos, pero que ha generado también daños colaterales muy importantes después de tantos años de abuso partitocrático. Desde la falta de la meritocracia a la colonización de todos y cada uno de los resortes del Estado, pasando por el clientelismo y la corrupción generalizados. Pero junto a ese sector de la sociedad existe otro -más envejecido y más conservador- que no quiere aventuras y que prefiere lo ya conocido. Hay que reconocer que el inmovilismo del que hace gala el Partido Popular cuenta con muchos seguidores, particularmente entre los mayores que vivieron bajo el franquismo y que consideran (con razón) que la democracia que tenemos ahora es, pese a sus evidentes fallos, mucho mejor que cualquier otro sistema anterior y que, todo sea dicho, se han visto especialmente beneficiados frente a los más jóvenes por la política social y económica del Gobierno.

En cualquier caso, los resultados de las dos elecciones generales de los últimos meses obligan a atender de manera combinada las demandas de estos dos sectores de la sociedad española. Tanto de los que piensan de buena fe que hay que cambiar el sistema político de raíz, como de los que piensan de buena fe que hay que primar la estabilidad sobre cualquier tipo de cambio. Y lo cierto es que esta tarea sólo puede realizarse con la colaboración de los partidos que han hecho del cambio tranquilo su objetivo, pero que -un tanto paradójicamente- cuentan con menos apoyo explícito. Apoyo que además por ser especialmente crítico ha resultado mucho más volátil. Sin embargo, sería un grave error no darse cuenta de que la potencial masa de ciudadanos capaz de apoyar de manera decidida un cambio de estas características, tanto en el ámbito institucional como social, es mucho mayor de la que parece deducirse del apoyo electoral a los partidos que lo defienden.

Una vez liberados del riesgo de un tercer encuentro con las urnas, siempre dominado por la desconfianza, el miedo, el recelo recíproco y el voto útil, una importante cantidad de votantes de los partidos situados en los extremos del arco parlamentario no dejará de mirar con buenos ojos el intento de condicionar el Gobierno en un sentido reformista. El problema es que, sentados cómodamente encima de la valla, van a tener que decidirse por hacer sentir su peso (aunque sea en la vertiente no electoral) si quieren contribuir a que se produzcan las reformas. Porque no hay que despreciar las enormes dificultades y los intereses creados con los que va a tropezar ese proceso de cambio.

Efectivamente, fracasado el intento de la XI legislatura de abordar con ese espíritu y desde el centro político las reformas pendientes en nuestro país (explicitado en el acuerdo del abrazo entre PSOE y Ciudadanos), queda ahora por diseñar una hoja de ruta para acometer esas mismas reformas u otras muy parecidas a partir del dato de un Gobierno en minoría liderado por una persona y un partido que -al menos hoy por hoy- son partidarios acérrimos del statu quo.

No podemos engañarnos. Más allá de los gestos, la retórica y en ocasiones el discurso, pocas cosas han cambiado en estos 10 meses. El funcionamiento de nuestra vida política e institucional sigue dominada, como siempre, por la opacidad, el clientelismo y las luchas de poder internas de los partidos, sin faltar tampoco la continua exposición de las vergüenzas del sistema puestas de manifiesto por los interminables casos de corrupción. Dado que, salvo excepciones, las responsabilidades políticas por esta forma de funcionar siguen sin asumirse (y ya veremos lo que ocurre con las responsabilidades judiciales) la realidad es que los incentivos para cambiar el modus operandi no son demasiado intensos. Episodios como el del fallido nombramiento del ex ministro Soria para el Banco Mundial, la negativa del Gobierno en funciones a dejarse controlar por el Parlamento, el desprecio por los principios de mérito y capacidad en los nombramientos de la cúpula judicial o la negativa de muchos organismos públicos a facilitar información sobre cómo y en qué se gasta el dinero público, por no hablar de la resistencia a cumplir las leyes o las resoluciones judiciales que no les convienen, son ejemplos muy gráficos de ayer mismo.

En definitiva, sin una masa crítica suficiente para presionar por la reforma desde la sociedad civil la tarea se adivina muy complicada, porque los beneficiarios del statu quo ya conocen el limitado impacto que tiene en su manifestación electoral. Por eso, cumplida in extremis la primera obligación de nuestros representantes electos -que es la de dotar al país de un Gobierno y de una oposición-, la ciudadanía no puede echarse a descansar y desaparecer del escenario hasta las siguientes elecciones. Todo lo contrario.

La idea de origen providencialista de que el desempeño honesto de la propia profesión basta para cumplir la tarea del ciudadano, se está revelando peligrosamente errónea allí donde quiera que miremos. En las sociedades dislocadas en las que vivimos, en las que las recetas populistas se abren paso con tanta facilidad, es esencial que los ciudadanos no abandonen el debate público con la finalidad de situar como principal prioridad la agenda reformista. Ya no sirven las coartadas habituales utilizadas por los beneficiarios del statu quo según las cuales es posible ser un ciudadano responsable sin ocuparse de los intereses de todos. Momentos como los que vivimos (no sólo en España, sino en muchas democracias de nuestro entorno) exigen un nivel de exigencia y de implicación personal por parte los ciudadanos mucho mayor del que ha sido habitual hasta ahora.

Hoy la sociedad civil está llamada a desempeñar un papel de primer orden en cualquier proceso de cambio que se ponga en marcha en nuestro país. Porque si algo enseña la Historia es que los cambios llegan no cuando lo deciden los políticos, sino cuando el convencimiento de su necesidad alcanza en la sociedad una determinada masa crítica.

Elisa de la Nuez es abogada del Estado, coeditora del blog ‘¿Hay Derecho?’ y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO. Rodrigo Tena es notario y escritor.

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