La matematicracia

Una de las prioridades del presidente electo de EE.UU. ha sido reunirse con altos ejecutivos de algunas de las más grandes tecnológicas del mundo. Allí estaban representadas Google, Apple, Microsoft, Amazon, IBM, Facebook, Tesla… El motivo de la reunión; recomponer las maltrechas relaciones entre el futuro presidente norteamericano y una industria tecnológica que no sólo había apostado por la candidata demócrata, sino que también había mantenido una posición abiertamente enfrentada al candidato Trump.

El enfrentamiento no parece aceptable para ninguna de la partes. La vinculación entre la Administración norteamericana y la industria tecnológica viene de lejos. Siendo Al Gore vicepresidente de EE.UU., comenzó una fructífera relación entre el gobierno y el lobby digital de ese país. El entonces vicepresidente y padre político de internet comprendió la importancia de apoyar institucionalmente a las compañías digitales que comenzaban a mostrar su potencial. Su creciente incumbencia presenta paradigmas que empiezan a mostrar efectos.

La actual incumbencia de las empresas tecnológicas viene de su primacía en la explotación de los algoritmos. Los hay de cifrado, de destilación, simétricos o asimétricos, etc, y se utilizan con múltiples propósitos; todos ellos vinculados con la revolución digital en la que estamos inmersos. Los algoritmos no son sino fórmulas matemáticas que tratan la información a la que se tiene acceso. Avances como: Big Data, almacenamiento en la nube, Blockchain o Internet de las cosas, auguran el imparable ascenso de la industria tecnológica. Parece sin embargo que no será tan pacífico como hasta ahora.

Efectivamente, el pasado mes de noviembre Angela Merkel sorprendió al mundo hablando sobre algoritmos matemáticos. La canciller alemana afirmó que “los algoritmos empleados por buscadores o redes sociales para mostrar en pantalla los resultados de las búsquedas están creando prismas de distorsión”, Merkel exigió transparencia sobre la lógica empleada en la construcción de los algoritmos para “que los usuarios sean conscientes de la limitada perspectiva que se les ofrece”.

Fruto de la comentada vinculación entre la Administración norteamericana y la industria tecnológica son, entre otros, algunos artículos de dos normas que tienen en común su aplicación extraterritorial. Lo hacen de facto a ciudadanos de todo el mundo por lo que debiéramos sentirnos concernidos por ellas. Me refiero a la Patriot Act, sustituida en 2015, tras el escándalo Snowden, por la USA Freedom Act, que afecta a privacidad y al artículo 230 de la Comunications Decency Act (CDA) que lo hace con la responsabilidad civil.

Los atentados del 11 de septiembre sirvieron como excusa para promulgar la conocida como Patriot Act que obligaba a todas las personas físicas y jurídicas norteamericanas, con independencia de donde desplegasen su actividad, así como a las extranjeras con servidor en territorio norteamericano a: poner a disposición de las autoridades norteamericanas toda aquella información a la que tuvieran acceso y no comunicar a nadie tal solicitud.

El caso Snowden solo confirmó lo que muchos sospechaban; la efectiva aplicación de esta norma y el efecto extraterritorial de su aplicación. La prevalencia digital de las compañías norteamericanas unida al cumplimiento de estas obligaciones, propician continuas injerencias en la privacidad de millones de ciudadanos de todo el mundo.

Tras el escándalo Snowden, la Patriot Act ha sido reformulada en la nueva USA Freedom Act, que suaviza en alguna medida la obligación de almacenamiento de los datos por los prestadores de servicios, pero que no cambia sobre la aplicación extraterritorial de la norma. Las compañías digitales norteamericanas tienen igualmente que poner a disposición de sus autoridades la información de usuarios extranjeros a la que tengan acceso cuando prestan sus servicios.

Las compañías de la economía digital tampoco parecen contentas con la imposición normativa. Como muestra, la reciente disputa entre Apple y el FBI por las claves de cifrado para acceder al contenido de los Iphone almacenado en la nube. La Agencia norteamericana pretendía que Apple re-escribiera su código para generar una puerta trasera a su medida que le ayudase en la investigación de ilícitos penales. Finalmente, tras semanas de tensión, se localizó a un misterioso ingeniero que logró acceder a la codiciada información. Muchos sospechan que el final del incidente no es sino un pacto soterrado entre la Agencia norteamericana y la compañía de la manzana.

La posición de Apple es delicada. Parece obvio que: el consumidor, fundamentalmente el europeo, comienza a sensibilizarse con su privacidad digital y muchos Estados no van a consentir pacíficamente la aplicación extraterritorial de normas que afecten a los derechos fundamentales de sus nacionales.

La reacción se percibe con especial intensidad en Alemania. Tras las revelaciones de Snowden, la reacción de la intelectualidad alemana fue inmediata. De indignación con el gobierno norteamericano. Pero los teutones no pararon ahí; desde entonces son uno de los principales compradores de chips de memoria. Está claro que quieren su propia nube, distinta de la auspiciada por compañías norteamericanas que se encuentran constreñidas por el acatamiento de la comentada normativa así como con modelos de negocio basados en la explotación comercial de los datos de sus clientes.

Efectivamente, nuestra privacidad también se ve amenazada por los pactos predispuestos por muchas compañías digitales. Una rápida lectura de las condiciones de adhesión a sus servicios, evidencia el modelo de negocio que sustenta a la economía colaborativa; el pacto “gratuidad por privacidad” extendiendo al ámbito civil la doctrina de la “renuncia a la legítima expectativa de privacidad”. Te presto servicios de forma gratuita y a cambio sólo te pido autorización para explotar comercialmente tu información. De momento, que se conozca, la explotación ha tenido exclusivamente una finalidad publicitaria. Sin embargo, nadie garantiza que el uso de esa información no se pueda ampliar en el futuro o que su acumulación y/o procesamiento pueda producir efectos no deseados. Parece por lo tanto imprescindible la concienciación ciudadana sobre estas cuestiones.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la circunstancia de que cada vez nos relacionemos más a través de establecimientos electrónicos (páginas web) y la aplicación del artículo 230 de la Communications Decency Act (CDA), hace que los prestadores de muchos servicios de la denominada economía colaborativa queden exonerados de cualquier responsabilidad civil por intervenciones de sus usuarios.

Efectivamente, los prestadores de servicios digitales colaborativos radicados en EE.UU. gozan de una provisión de puerto seguro que les garantiza inmunidad civil en estos supuestos. Para reclamar cualquier indemnización que se sustente en la prestación de un servicio digital colaborativo, se habrá de determinar, antes de entrar en el fondo de la reclamación, si resulta de aplicación la provisión de buen samaritano que les inmuniza.

Además, las Cortes norteamericanas aplican de forma pacífica y extensiva la provisión. Sus fallos afectan a buscadores, redes sociales, blogs y otras plataformas editoriales y un largo etcétera.

Sin embargo, las reacciones más virulentas contra la economía colaborativa vienen de su condición disruptiva. Provoca rápidas mutaciones de los consumidores que desplazan a empresas y trabajadores asentados. Las reacciones no han tardado en llegar.Un buen ejemplo es el fallo de un tribunal laboral londinense, acogiendo las pretensiones de los empleados de Uber, asegurando que se les niega de forma injustificada derechos laborales básicos como salario mínimo o vacaciones pagadas.En el mismo sentido, los sindicatos del norte de Europa y de EE.UU. se han unido para exigir a los reguladores que acaben con la precariedad del trabajo proporcionado por quienes según ellos practican feudalismo digital.

Los damnificados empiezan a ser multitud. A los titulares de los derechos de explotación de creaciones intelectuales, que fueron los primeros, se las han unido los taxistas, hoteleros, el mercado financiero, etc. Y sólo es el principio. Se quejan de que sus nuevos competidores no lo hacen en igualdad de condiciones. Las autoridades que velan por la sana competencia en los mercados se encuentran en una disyuntiva. En España, sin ir más lejos, es notoria la división en el seno de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia sobre estas cuestiones.

El auge de la economía digital no sólo tiene reflejo normativo. Los avances tecnológicos propician la incursión matemática en áreas y actividades insospechadas con consecuencias difíciles de prever.

Las tecnologías que vienen; blockchain e inteligencia artificial, son buena prueba de ello. La primera porque otorga valor a los ficheros. Se trata de la tecnología que está detrás de las criptomonedas como Bitcoin, que propugna una moneda digital universal y descentralizada. Sin bancos centrales ni comerciales. La segunda generación de Blockchain no se limita a solucionar el problema de los pagos digitales. Supone la propuesta matemática para solucionar los paradigmas probatorios en el ámbito digital.

La última tendencia, los Smart contracts es una nueva incursión matemática en el ámbito jurídico; Se trata de contratos autoejecutables. Fórmulas matemáticas que acudiendo a bases de datos previamente acordadas (oráculos) y a la información proporcionada por las cosas internetizadas sean capaces no solo de generar prueba de la perfección del contrato sino también de su efectiva ejecución, obviando en buena medida las discusiones jurídicas y dilaciones en la ejecución de lo acordado.

Sin embargo, la principal amenaza viene de la inteligencia artificial porque permite que las máquinas aprendan y evolucionen. Esta tecnología, además de resultar intelectualmente apasionante, pudiera suponer una de las mayores amenazas que se ciernen sobre la humanidad. Intelectuales de la talla de Stephen Hawking o Elon Musk han alertado sobre los peligros de su inadecuada utilización. Uno de ellos pudiera ser la sustitución de personas por máquinas para cometidos reservados hasta ahora a humanos.

En definitiva, la incesante evolución digital y sobre todo la perspectiva de lo que viene ha alertado de las consecuencias de una ascenso incontrolado de la incumbencia matemática. La prevalencia de la economía digital, el cada vez más recurrente concurso de los algoritmos matemáticos en la toma de decisiones y sobre todo los importantes avances hacia la inteligencia artificial, aconsejan prudencia para no caer en la matematicracia. Los ciudadanos de un mundo cada vez más digital empiezan a detectar los abusos, la precariedad, los inconvenientes y las amenazas de un mundo regido por máquinas y algoritmos matemáticos. Habrá que ponerles reglas y límites.

José María Anguiano es abogado especializado en el ámbito tecnológico y socio del Departamento de Tecnologías de la Información de Garrigues.

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