La maternidad objetivamente es un bien social. Nadie tiene hijos para hacerle un favor a la sociedad en su conjunto, pero quienes tienen hijos –además de otras dimensiones de satisfacción personal– hacen un inmenso beneficio al conjunto social pues los niños son la garantía de que habrá futuro. Creo que esta consideración no exige prueba mayor; es evidente por sí misma. A lo largo de la historia todas las sociedades han sido tan conscientes de esta realidad que siempre se ha rodeado el ambiente ecológico idóneo para la maternidad de una especial consideración y protección jurídica.
Hoy, cuando la crisis demográfica está provocando en la vieja Europa un verdadero suicidio colectivo a plazo, cuando los sistemas públicos asistenciales basados en la solidaridad intergenera cional (como las pensiones) muestran claros síntomas de inviabilidad a medio plazo por falta de gente joven...; hoy resulta más claro que nunca que los padres y madres de familia son verdaderos benefactores sociales y que merecen todo el apoyo público por su aportación –las nuevas vidas– al futuro de todos.
Hay además otra realidad de nuestros días que también aconseja implementar políticas activas de apoyo a la maternidad: el drama del aborto. En España todos los años más de ciento diez mil mujeres se ven en una situación tan dramática –al menos, así lo perciben subjetivamente- a consecuencia de un embarazo y sus consecuencias, que se ven abocadas a algo tan terrible como destruir la vida que se gesta en su seno. Hay razones muy serias para luchar por la mujer y la maternidad –la primera de ellas que en todo aborto está en juego una vida– pero además resulta sorprendente que el Estado se desentienda con indiferencia del aborto cuando la falta de niños es un problema muy grave de nuestra sociedad. La lucha por la mujer y la maternidad no puede ser el fruto de políticas natalistas sino de un compromiso con la vida como bien digno de protección en cualquier circunstancia; pero es claro que apostar por el derecho a la vida y por la maternidad es, además de la única opción justa, lo más congruente que puede hacer una sociedad que necesita niños para tener un futuro garantizado.
El anteproyecto de ley de protección del concebido y la maternidad que ha propuesto el Gobierno para sustituir a la ley del aborto es un paso relevante para empezar a superar la actual situación de desprotección de la vida del no nacido y de la mujer embarazada, pero se queda corto tanto en la protección de la vida como en la de la maternidad. Yo he saludado con satisfacción el anteproyecto como un paso en la buena dirección, aunque no sea mi modelo de ley; pero también quiero hoy resaltar que una de sus carencias serias es la ausencia en su articulado de una propuesta en materia de apoyo solidario a la maternidad. Esta carencia supone además un expreso incumplimiento del programa electoral del PP que preveía en el mismo párrafo la reforma de la ley del aborto y la aprobación de una ley de protección de la maternidad.
Puedo comprender las dificultades presupuestarias que plantea hoy la creación de una nueva política social, pero la nueva ley de protección al concebido se quedaría conceptualmente desequilibrada si no incorpora previsiones eficaces y claras de apoyo a la maternidad. Así lo exige la justicia con la mujer embarazada para no dejarla sola ante sus problemas, problemas que muchas veces son muy graves y tienen un fuerte componente económico social. Y así lo reclama la mayoría de los españoles según acredita la encuesta publicada el pasado domingo por este mismo diario.
Antonio Torres, presidente Fundación REDMADRE.