La mayor deficiencia de la España democrática

A pesar de que la España actual y la que condujo al golpe fallido del 23-F sean tan diferentes, obviamente mucho mejor la de hoy, algunas coincidencias, sin embargo, debieran dar qué pensar. La más llamativa es, sin duda, el grado de descrédito que han alcanzado los respectivos presidentes de Gobierno, Adolfo Suárez y José Luis Rodríguez Zapatero, pero la diferencia más reconfortante es que, pese a que de nuevo se amontonen los juicios catastrofistas sobre la inviabilidad de la economía española, o la desmembración de España, esta vez nadie piensa en una salida que no se acople a la Constitución: la democracia representativa parece por ahora consolidada.

Pese a que la credibilidad de Felipe González se mantuviese tres legislaturas casi impoluta y la de su predecesor, Leopoldo Calvo Sotelo, se derrumbase de resultas del golpe antes de dos años, en realidad, nada tendría de extraño que no se hayan completado dos legislaturas y la confianza en el presidente y en el partido que lo sostiene se deterioren a gran velocidad. Lo mismo le ocurrió a Suárez que en menos de dos años a partir de una enorme popularidad descendió a mínimos, teniendo que enfrentarse a una fuerte hostilidad en su propio partido, en la oposición socialista, en las Fuerzas Armadas, incluso en el Rey al que debía su posición.

Aunque luego probablemente se arrepintiese, Aznar introdujo el precedente que bien hubiera merecido afianzarse, de que habría que limitar a dos legislaturas al presidente de Gobierno. Muchas tensiones y sinsabores se hubiera ahorrado el PSOE, y con él, los españoles, si Rodríguez Zapatero lo hubiera adoptado. Una de las virtudes de la democracia es que sustituye a los gobernantes sin provocar conflictos ni vacíos de poder. Donde esta falla, como ocurre en los partidos políticos, la persona que por su cargo monopoliza el poder suele designar de hecho al sucesor.

Para que el líder no se eternice, manejando las ventajas que proporciona su posición, no son pocos los que recomiendan limitar los periodos, como ya en 1951 prescribió una enmienda a la Constitución en Estados Unidos. En México, en la época de dominio del PRI, el presidente designaba libremente a su sucesor, el dedazo, como hizo Aznar con el suyo, pero con un mandato limitado a un sexenio.

Cierto que no se necesitaría este tipo de recambio automático, si en los partidos funcionase la democracia interna y fuesen los órganos establecidos los que efectivamente, juzgando únicamente sus cualidades, eligiesen a los candidatos. Desde una perspectiva democrática resulta patética la opinión unánime de los directivos del PSOE de que, solo si el presidente renuncia a presentarse, la sucesión se abre, sin que nadie se atreva a valorar la decisión que en la más estricta intimidad y con el mayor secreto tome Rodríguez Zapatero. Felipe González ha señalado lo evidente, que, en todo caso, este comportamiento se salta las normas establecidas.

El carácter poco democrático de los partidos, para decirlo de la manera menos hiriente posible, es el punto en que más claramente conecta la España de hace 30 años con la actual. Tras la muerte del dictador, fracasado el intento de organizar asociaciones políticas dentro de las estructuras del movimiento, la fracción reformista del franquismo impuso en las Cortes la última Ley Fundamental, la de la Reforma Política, que convirtió a España en una “monarquía parlamentaria” con dos Cámaras elegidas por sufragio universal, única forma de salvar la Monarquía que había instaurado Franco con el propósito de perpetuar su régimen.

Ahora bien, para celebrar elecciones con apariencia de democráticas, se necesitan partidos y tuvieron que improvisarse, uno, la UCD, desde el Gobierno y muchos otros, la llamada sopa de siglas, desde una sociedad civil por completo desarticulada. El único partido de la oposición con algún arraigo social era el comunista, pero por principio, nada democrático en su organización interna, férreamente controlado por su secretario general, Santiago Carrillo. El PSOE renovado estaba aún dando los primeros pasos en su refundación, haciendo encaje de bolillos para que el Gobierno no legalizase al PSOE histórico.

El hecho es que los partidos políticos surgen desde la cúspide, con un déficit democrático que muchos creímos que sería coyuntural -había que garantizar la gobernabilidad, mientras la sociedad se fuera adaptando a la convivencia democrática- pero que ha terminado por ser el factor principal de corrupción en la vida política española de los últimos 30 años. Y a ello ha contribuido de manera decisiva la ley electoral que dictó Adolfo Suárez con el objetivo de asegurarse la mayoría absoluta: listas cerradas y bloqueadas, sistema proporcional con correcciones de tal tamaño que lo desfigura por completo, al ser la provincia el distrito electoral, pero limitando el número de diputados a 350, lo que favorece a las que tienen menos habitantes en relación con las más pobladas. En suma, a nivel nacional, se beneficia a los dos primeros partidos a costa de los demás, y en la provincia a los partidos nacionalistas que con muchos menos votos pueden obtener más escaños que a partir del tercer puesto los partidos nacionales.

Con esta ley electoral, que con pequeñas modificaciones sigue en vigor, se llevaron a cabo las primeras elecciones del 15 de junio de 1977. El candidato a la presidencia del partido gubernamental fue el mismo presidente franquista que había dirigido la reforma desde el interior del régimen, sin tener siquiera el detalle de dimitir en el último minuto, como obligó a hacer a sus ministros. El partido gubernamental contó con el apoyo de los medios, la prensa del movimiento y sobre todo de la entonces única cadena de televisión pública, y en las provincias, donde la desarticulación social era aún mayor, el decisivo de los gobernadores civiles.

Con todo, los resultados fueron doblemente sorprendentes: el partido gobernante no consiguió la mayoría absoluta; el segundo partido más votado, no fue el Partido Comunista, sin duda el más arraigado en la sociedad, sino un PSOE recién renovado que parecía traer una brisa democrática rejuvenecedora. En la primera oportunidad que se les dio de manifestarse, los españoles imponen dos correcciones a la reforma oficial: por un lado, las Cortes elegidas se convierten en constitucionales, dispuestas a aprobar una Constitución claramente democrática que suponga el final de la legalidad franquista; por otro, al ser el socialista el primer partido de la oposición, nos libraba de la conjunción del franquismo reformista con el eurocomunismo, y entraba en el juego el PSOE, un partido todavía sin cuajar, pero del que se esperaba un aporte esencial a la democratización de España.

Hoy somos conscientes de que el lastre más pesado que arrastramos son los partidos políticos, totalmente desconectados de los ciudadanos. Ha quedado bien claro su papel en el deterioro de las instituciones, desde los Parlamentos, las universidades, a la justicia y al Poder Judicial, por completo incapaces de enfrentarse, paradójicamente, a los mismos problemas de entonces.

No se puede echar en saco roto las similitudes que se advierten entre los meses que precedieron al golpe y el último año. Si la primera crisis del petróleo puso de manifiesto la fragilidad de la industria surgida en la década anterior, la actual crisis ha puesto en cuestión el modelo productivo, sacándose de la manga una parodia de los Pactos de la Moncloa. Y el desconcierto que provocó en el Ejército el emerger del Estado de las autonomías, sin orden ni concierto, hoy está de nuevo en el ojo de mira de la sociedad española, pero ya no se identifica nacionalismo con izquierda.

Ignacio Sotelo, catedrático de Sociología. Su último libro es El Estado social.

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