Uno de los historiadores e hispanistas más preocupados por la delimitación y esclarecimiento de la Guerra Civil española dejó escrita, en muy certeras páginas, esta reflexión: «Hay que evitar contar dos veces los mismos muertos». Lo hizo después de relatar cómo el 17 de septiembre de 1936, el denominado Tribunal Popular de Almería dictó sentencia contra 43 militares implicados en la sublevación del 18 de julio, que allí resultó frustrada. El fallo fue de 36 condenas a muerte, una cadena perpetua, cuatro absoluciones y dos sobreseimientos. El problema vino cuando llegado el momento de la ejecución de las penas impuestas, se comprobó que todos los condenados habían sido asesinados un mes antes en Cartagena.
De estas palabras de Bartolomé Bennassar (Nimes, 1929-Toulouse, 2018), tomadas de su libro 'El infierno fuimos nosotros. La guerra civil española' y de todas sus implícitas, aleccionadoras y saludables consecuencias, quiero partir en mi propósito de hacer, de forma objetiva e imparcial –naturalmente, también limitada por cuestión de espacio, un análisis de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, publicada el pasado día 20 en el BOE y que viene a ser una reproducción, casi clónica, de la anterior Ley de la Memoria Histórica, de 26 de diciembre de 2007.
Son siempre peligrosas las generalizaciones, pero aparte de los problemas técnicos que la norma suscita y de su prosa farragosa y descuidada –hay erratas como que la guerra terminó el 1 de abril de 1959–, la Ley a lo que conduce es a reavivar, consciente o inconscientemente, un cainismo que creíamos superado desde la Transición, aquella obra política maestra que consistió en pasar de la dictadura a la democracia sin caer en el revanchismo ni enrojecer el paisaje. Un Preámbulo en el que, entre otras cosas, se puede leer que «el impulso de las políticas de memoria democrática se ha convertido en un deber moral que es indispensable fortalecer para neutralizar el olvido», que «la memoria se convierte en un elemento decisivo para fomentar formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales», o que con la ley «se pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado», evidencia la obstinación de algunos por que la España de hoy siga caminando sobre las cenizas de la Guerra Civil. El calendario es una máquina que no se cansa jamás y el recuerdo de aquella tragedia no es la vida, sino su espejismo y, en consecuencia, una inservible herramienta política. Lo pasado, pasado está y de nada vale resucitar lo que ya es carne de archivo. Rastrear, una vez más, en aquellos sucesos que bañaron a España en sangre y nos traumatizaron a todos me parece un síntoma grave, aunque más grave todavía resulta el diagnóstico, pues mucho me temo que el problema rebase los cauces históricos y los jurídicos –equivocados, ambos, sin duda–, para entrar en los de una mentalidad que no acaba de madurar. Porque, digan lo que digan los entusiastas de la ley, los desfiles de reliquias no caben en una sociedad que aspira a tener conciencia de su realidad cotidiana.
A estas alturas, declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales que funcionaron durante la dictadura o imponer la revisión de sentencias dictadas por los tribunales franquistas (artículo 5), crear una fiscalía especial denominada de Derechos Humanos y Memoria Democrática (artículo 28), suprimir de un plumazo los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 (artículo 41), regular qué se ha de enseñar de la Guerra Civil a los estudiantes de la ESO (artículo 44), e incluso señalar una fecha –precisamente la de hoy– como día del recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura (artículo 7), contribuye a reabrir llagas y a enconar viejos resentimientos. Y, por supuesto, a patrocinar un particular escrutinio de la Transición. La creación de un Consejo de la Memoria Democrática y, dentro de él, de una Comisión que deberá estudiar las violaciones de derechos hasta un año después de la llegada al poder, hace ahora 40 años, de Felipe González, insinúa que en esa época se cometieron delitos que quedaron impunes porque nuestra democracia era débil, imperfecta y tolerante con el crimen. La ley en este punto, al igual que en otros, no oculta su descarada intención de sentar una verdad oficial sobre la Guerra Civil y el franquismo, otorgando al Estado el derecho de interpretar de forma exclusiva el pasado.
Si hay algo sobre lo que los españoles –no todos, pero sí los que vivimos, con más o menos años, en el franquismo– deberíamos, primero, meditar con sinceridad y, después, expresar sin miedo, es que esta ley pivota sobre el gran sofisma de que la sociedad española tiene una deuda pendiente con las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil. Como Francesc de Carreras señalaba en este mismo diario el pasado 17 de julio, «la memoria histórica es individual, no colectiva (…)» y el propio concepto «una manipulación de la historia por parte de los poderes públicos del Estado (…), fruto de arreglos trabados entre el PSOE y las órbitas radicales entre las que cuentan los herederos políticos de ETA, Bildu». Una tesis que coincide con la que Joaquín Leguina había expuesto dos años antes, cuando la ley era un proyecto, al hablar «del peligro de escarbar en la Historia», recomendar «alejarnos lo más rápidamente posible de aquella España negra que creíamos olvidada» y sentenciar que esta ley «no pretende recuperar memoria alguna (…), sino el olvido de los muchos miles de asesinatos cometidos en la retaguardia republicana (…)» pues, al fin y al cabo, «el objetivo último de esta barbaridad es tener abierto el enfrentamiento entre españoles y, de paso, acabar con la Transición, que representó –antes que cualquier otra cosa– la reconciliación nacional». O sea, que ojo con la revisión de los procesos judiciales fenecidos por el principio de cosa juzgada, pues habría gente que, por los mismos motivos, podría instar la revisión de los juicios sumarísimos celebrados ante tribunales republicanos que mandaron al paredón a miles de monárquicos y falangistas, o de los que montaron los comunistas para eliminar a sus rivales anarquistas.
Es cierto que ante sucesos dramáticos las víctimas tienen necesidad de hacer memoria para buscar la justicia. Pero también las hay que procuran el olvido para hacer posible la convivencia. Por eso, precisamente por eso, las políticas de reconciliación son contrarias a las políticas de recuerdo. La memoria no puede ser democrática y quienes recuerdan son los individuos, no los pueblos. Esto es lo que se formuló en el Edicto de Nantes de 1598 que puso fin a las dramáticas guerras de religión: «La memoria de todos los acontecimientos ocurridos queda extinguida, como si esas cosas no hubieran sucedido». Frente a la guerra de memorias es necesario elaborar una Historia objetiva, justa, compartida, única aceptable por una democracia.
Es hora ya de borrar esas tres palabras amargas: Guerra Civil Española. Yo hace muchos años que las tengo suprimidas de mi vocabulario y de mi pensamiento. Nuestra guerra civil fue una enfermedad, más bien, una epidemia, cuyo recuerdo no nutre sino que engorda y embrutece. Me niego a compartir la reescritura de aquel tiempo enloquecido en el que los españoles se mataron entre sí vilmente y con las técnicas más dispares y disparatadas. El olvido, pasado ya un más que prudente plazo, puede que sea la terapia más recomendable. No se trata de volver la espalda a la Historia, sino de asumirla y digerirla consciente y serenamente. Lo malo de cierto sector de la izquierda, afortunadamente minoritario, es la propensión a exhumar cadáveres y el gusto por excitar las pasiones más vanas. Alimentar el ánimo de revancha es tan insensato como estúpido. Para mí tengo que las heridas no se restañan con fuegos artificiales. También que quienes atizan la pira del pasado puede que sean los mismos que quieren ver arder el presente.
Javier Gómez de Liaño es abogado.