Por Ricard Vinyes, historiador (EL PAÍS, 12/04/06):
Sucedió en Varese, esa ciudad lombarda vecina a un lago hermoso rodeado de fronda y arañado por embarcaderos, casas de comida y toda suerte de establecimientos de recreo. En otoño de 1982 llegó a ella el equipo israelí de baloncesto para disputar un partido con la selección italiana. Al avance del marcador visitante los asistentes se alzaron y vocearon a coro un deseo: Dieci, cento, mille Mauthausen... Los gritos no cesaron hasta el fin del encuentro. En los días siguientes Primo Levi declaró que lo sucedido en Varese expresaba "un hecho consolador: el neo-nazismo o el neo-antisemitismo parece inclinado a encontrar sus nuevos reclutas entre los imbéciles". Levi se equivocó ese día. Se hallaba desconcertado por los hechos y resolvió el tema parapetado en el burladero del desprecio, un mal asunto. Desde junio, la atmósfera política italiana se hallaba envenenada por la ocupación del Líbano. El manifiesto que habían firmado distintos intelectuales italianos -Levi entre ellos- contra la operación militar de Israel era -y es aún hoy- una carta sensata, repleta de los matices necesarios que requieren los conflictos complejos, pero naufragó en el océano turbulento alzado por dirigentes políticos y periodistas que usaban sin escrúpulo histórico ni ético palabras como genocidio, holocausto, exterminio o racismo. La presión mediática dio resultados emponzoñados que se manifestaron en acciones como la acontecida en Varese, o en la rotulación nocturna de tumbas con expresiones hirientes.
Sucedió en Madrid el pasado 25 de febrero y en una manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Voces festivas emitieron a coro un deseo sórdido: "Zapatero vete con tu abuelo", frase con antecedentes inmediatos en la expresión lanzada en el Congreso por el diputado popular Martínez Pujalte mientras intervenía el presidente del Gobierno en el hemiciclo. "Ya saca a pasear al abuelo", espetó. Apenas una semana más tarde, Mariano Rajoy declaraba ante la Convención de los populares que su partido "ni mirará hacia atrás, ni hablará de Franco", y Fraga Iribarne entregaba al mismo foro alborozado una frase para escribir en mármol: "Ya tenemos un pasado". Se refería a un pasado que comenzaba en los años de transición, por supuesto. Revisitar con mirada crítica otro pasado no es un ejercicio para el que estén dotados los populares, pese a que la experiencia histórica y cultural más densa de la derecha española se halle en la dictadura de Franco.
La frase del 25 de febrero, y las declaraciones de los líderes de la oposición conservadora, son estupendas para comprender el punto en que se halla la continua demanda de actuaciones de reparación y memoria. A fin de cuentas esos dirigentes están emitiendo declaraciones que, por su reiteración en los últimos meses, expresan la incorporación del tema en la agenda política de la derecha, aunque sólo sea para impedir que los gobiernos de los distintos niveles de la administración desarrollen actuaciones que a corto o medio plazo construyan y ejerzan una política pública de restitución y memoria. Y esa incorporación al temario político revela que las vindicaciones y actuaciones de recuperación memorial han salido de la marginalidad a que estaban sometidas, y eso bien puede considerarse un éxito de quienes han intervenido, desde ámbitos dispares, para que este país reconozca donde se hallan las bases éticas de su atormentada tradición democrática y las incorpore a su identidad. Si bien las gentes que hicieron emerger tales vindicaciones supongo que pertenecen ya a la masa creciente de "resentidos que ladran su odio por las esquinas", según precisó el anterior presidente del Gobierno con su verbo habitual, impagable y sombrío.
La constancia de esas peticiones de memoria y reparación, su intensidad, llevó al actual Gobierno de España a la creación de aquella Comisión Interministerial comprometida en proponer una ley que siempre está a punto de llegar y nunca aparece. Hay quien cuenta que tanta cautela temporal se debe al temor de abrir un nuevo frente de conflicto con los populares. Que no teman ni la Comisión ni el Gobierno. Primero porque el conflicto ya está ahí y de sabios es reconocer lo que hay. Segundo, porque decida lo que decida el Gobierno la bronca popular está servida siempre y en cualquier caso. Mejor que hagan la ley y a ver cómo sale. No sé, quizá sea la base para construir una política pública de la memoria, o quizá sirva para destruir el falso dilema entre la necesidad de olvidar o recordar. Digo falso, porque el "deber de memoria" no existe, como no existe tampoco el de olvido. Se trata de algo muy distinto. Se trata de reconocer y asumir que el conocimiento de la dictadura y la represión, el conocimiento de los esfuerzos para establecer el marco de convivencia democrática actual, constituye un derecho civil que la Administración debe garantizar y gestionar.
Una política pública de la memoria democrática no significa que los Gobiernos construyan una historia oficial. Ése es un resquemor transformado en agresión que tan sólo procede de una derecha harta de fabricar verdades oficiales por todos los medios.
En realidad, una política pública de la memoria consiste en la combinación de tres elementos: un objetivo, un programa y un instrumento. Su objetivo es asumir como patrimonio de la nación los esfuerzos que han permitido establecer aquellos valores que vertebran las pautas de convivencia democrática de nuestra sociedad actual, y garantizar con una ley la preservación de ese patrimonio, material e inmaterial. Su programa es garantizar actuaciones destinadas a difundir ese patrimonio y estimular en los ciudadanos interés por conocerlo desde las necesidades y retos del presente. Su instrumento es una institución que garantice la ejecución de ese programa, y que en Cataluña, si el Parlamento lo aprueba, será el Memorial Democrático, una institución concebida no como un museo ni un archivo, sino como ágora de encuentro y observatorio sobre la responsabilidad política y moral de la ciudadanía, ubicado en un espacio propio, para ejercer también la necesaria función conmemorativa hacia quienes se esforzaron por construir la democracia y hacer imposible la pervivencia de aquella dictadura que tanto devaluó la vida de los ciudadanos.
Sin embargo, los deseos buenos, las iniciativas crecientes, los guiños y actuaciones que proceden de distintas administraciones y que podrían construir una política pública de reparación y memoria, cruzarán en breve una prueba sobre el calado de sus intenciones. Me pregunto si los Gobiernos -del Estado o de Cataluña, Andalucía, Extremadura, Galicia o Euskadi, o de distintos municipios- realizarán la conmemoración oficial y solemne que requiere el 75 aniversario de la República. Lo requiere, porque conmemorar aquella república -con sus errores- no es un revivir nostálgico. Izar aquella bandera, no es izar la república como forma de gobierno, sino establecer donde se halla la identidad ética de nuestra democracia. Ésa es la importancia y ése es el temor.