La cantidad de conceptos básicos indispensables para la correcta aplicación de las Leyes, para la convivencia democrática y para el bienestar y prosperidad de los ciudadanos que han caído en la confusión, la manipulación torticera o en la absoluta ignorancia es descomunal. Es absolutamente milagroso que España no sea un Estado (más) fallido. Algunos encuentran la raíz de ello en la ambigüedad de nuestra Constitución. No seré yo quien les lleve la contraria, pero más responsabilidad tendrán quienes la han desarrollado dentro de la perfidia desleal, o con lenidad y pasividad ante los ataques a la ciudadanía española, frustrando la independencia de la Justicia, permitiendo el arma de destrucción masiva en que se ha convertido la educación o utilizando mercenarios en medios de comunicación. Pero ha llegado la hora inevitable e inaplazable de recobrar conceptos básicos de una democracia moderna y de los valores fundamentales que sustentan las democracias liberales de occidente (y Japón). Inaplazable porque es el momento de recobrarlos...o de morir en el intento....
Así por ejemplo, es oportuno recordar en esta hora que el principal responsable y protector de la prosperidad y los derechos civiles de los habitantes de la Cataluña española, y muy río arriba de cualquier responsabilidad regional, por mucho auto gobierno que se mangonee, es el Gobierno de España, de los ciudadanos españoles, y, en este momento, muy particularmente de los residentes en Íbero Cataluña.
Precisamente por eso, para proteger a los españoles residentes en Cataluña, lo que llamamos Cataluña, sus bienes, hacienda y libertades, el artículo 155 era obligación inexcusable del Gobierno de todos los españoles. Proteger el bien común es protegernos contra las actitudes destructivas, pues si la democracia entraña amparo a las minorías, obliga a nunca poner en riesgo el bienestar de la mayoría. Y quién ataca a la democracia e igualdad de los habitantes de Cataluña, ataca la de todos los españoles.
Pero el concepto sin duda más peligroso, manipulado e insidioso que se ha introducido en nuestro aquelarre político es el de "pueblo". Tal vez no sea casual que recuerde la cabecera del más célebre diario populista de la época franquista. Pero a quienes perdimos familia en la primera y segunda guerras mundiales, recuerda a otras cosas... como el "Volkgeist".
Para un demócrata de finales del siglo XX o del siglo XXI, la noción del pueblo sólo temerariamente puede sobrepasar el área de la cultura. Y suicidamente llegar a derechos políticos. Partamos del principio que España como democracia moderna incluye razonablemente abundante en habitantes, lleva inherentes varias y diversas culturas, de todas las cuales los españoles no sentimos orgullosos, y así han de sentirse también los europeos.
Es la famosa diversidad tantas veces llamada a capítulo, como si estuviera en peligro o pudiera desaparecer. Imposible, España era plural con Argantonio, con Recaredo, con los Reyes Católicos, Con Felipe V, con Franco, y eso no lo cambia ni la mano divina. Sencillamente, es. Lo mismo sucede, por cierto en todas las grandes democracias. Incluso España engloba menos culturas, y menos lenguas regionales, que Francia, por ejemplo. Si los herederos, transmisores, cuidadores, difusores, embellecedores década una de esas culturas quiere llamarse "pueblo", vaya y pase. Pero si llegamos al nivel de la política democrática, a la gestión de la polis plural, mejor dejamos de utilizar la noción del "pueblo". Y si llegamos a utilizarla para reivindicar derechos políticos distintos, es decir discriminantes y superiores, sencillamente nos hemos cargado la democracia para volver a los buenos tiempos de la raza aria, con toda su capacidad de destrucción.
¿Existe el pueblo español? No cabe duda que desde milenios o siglos que la España peninsular y los dos archipiélagos han elaborado conjuntamente una historia y una cultura marco superpuesta a las regionales. Si no fuera así no existirían tantos hispanistas extranjeros ni España estaría tan presente en todas las manifestaciones de la cultura universal. Pero digámoslo muy claro: políticamente, la democracia española, la constituyen los ciudadanos derechohabientes a un DNI español, residan donde residan. Ni más, ni menos. Si a ello se le quiere llamar pueblo, sea, pero sabiendo lo que es. Es en ese sentido en que el pueblo catalán no existe, como no existe el pueblo europeo ni el pueblo castellano. Me apresuro a decir que existe, luminosamente, una cultura catalana, para mí maravillosa, puesto que en parte la llevo en la sangre. Eso también es indubitable. Esa cultura se ha fraguado y mimado, durante siglos, en un territorio costero al norte y al sur de los Pirineos Orientales, y la heredan, cuidan, transmiten y difunden al mundo ciudadanos franceses y españoles que allí habitan. Es la cultura predominante en esa parte de Europa, que también es plural y acoge otras culturas. ¿Tienen por ello los franceses y los españoles que allí habitan distintos derechos políticos que el resto de sus compatriotas? ¿Tienen derecho a la discriminación y a la desigualdad? Por pura ética anti-racista, o anti-supremacista, rotundamente no.
Es en ese punto dónde la creación y apelación de un pueblo catalán español, mítico y ungido, en lucha por una arcadia inventada por una oligarquía depredadora, muestra su peligro anti democrático. Los prebostes de la exclusión y xenofobia como Junqueras, Puigdemont, Mas y compañeros mártires, apelan sin pudor a las vísceras y manipulación de sentimientos culturales dignos para crear un pueblo elegido y ungido místicamente para aislarse y enfrentar a ciudadanos hispano catalanes entre sí. Un horror de otras épocas. "Un sol poble" brama la alcadesa Colau. Doble mentira. Ni existe tal cosa como un pueblo con superiores derechos políticos, faltaría más, ni es sólo y único, pues felizmente, la Cataluña, de Perpiñán a Tarragona, es diversa y plural.
Nada hay más peligroso para la paz y la convivencia de europeos, españoles y catalanes, (los habitantes de las regiones catalanas), que la invención política de pueblos elegidos que quieran excluirse, o someter. Eso ya lo vivimos.
Y convendrá apuntalar bien esos conceptos cuando se revise la Constitución para hacerla aún más democrática.
Enrique Calvet Chambon es eurodiputado de ALDE y Presidente de ULIS.