La moral y la política

Por Tahar ben Jelloum, escritor y miembro de la Academia Goncourt. Traducción: José María Puig de la Bellacasa (LA VANGUARDIA, 10/08/08):

Pocos son los políticos que han logrado conciliar moral y política de modo permanente y bajo cualquier circunstancia. Cuando se gobierna un país, debe hacerse en principio de acuerdo con ciertas normas, entre las que destaca el respeto a los derechos de los ciudadanos, sean poderosos o pobres. Eso se llama democracia, una cultura enraizada en la historia que excede el mero hecho de acudir a votar para elegir a los representantes del pueblo. Sin embargo, esta valiosa realidad suele interpretarse de diverso modo. Por ejemplo, un día se oyó decir al ex presidente francés Jacques Chirac, a su vuelta de un viaje a África, que no puede aplicarse el sistema democrático en algunos países de África, dado que tienen tradiciones y hábitos que funcionan de acuerdo con coordenadas que no tienen nada que ver con las de Occidente. Desafortunadas manifestaciones, ya que la democracia no es un sistema sino un valor y por lo tanto goza de universalidad en el tiempo y el espacio. El respeto a la voz de un ciudadano no varía según el clima o geografía. Otros jefes de Estado, sobre todo en el mundo árabe, impugnaron esta universalidad anteponiendo el carácter sagrado del libro santo, el Corán, afirmando que el islam proporciona a los estados la ley y el derecho. Si ha habido un partido denominado “democracia cristiana”, ¿por qué no va a haber un movimiento “democracia islámica”? El islam no es alérgico a la democracia y la prueba está en el islam europeo a pesar de los malentendidos.

Si por una parte las religiones monoteístas comparten valores humanistas con un esencial fondo espiritual, por otra dejan la gerencia de lo temporal al Estado, a los hombres. Un creyente puede ser perfectamente un demócrata, a condición de no mezclar los dos órdenes de cosas. Ahora bien, la democracia sólida es ante todo una victoria de la separación de la religión y el Estado, es decir, de la laicidad. Si en Europa el debate sobre la laicidad es casi el pan de cada día, en los países musulmanes ni siquiera se permite abordarlo públicamente. Para un sector del islamismo, la laicidad es una forma perversa de ateísmo. Sólo en Marruecos, país que aspira a una cierta modernidad, algunos intelectuales, escritores, sociólogos y periodistas intentan plantear el problema de la laicidad.

Omar al Bashir, el presidente de Sudán, acaba de ser acusado de “genocidio y crímenes contra la humanidad” con relación a su política en Darfur. Sudán había votado contra la creación del tribunal penal internacional, siguiendo en ello a Estados Unidos y China. Este hombre, llegado al poder por un golpe de Estado el 30 de junio de 1989, será juzgado quizá un día por este tribunal internacional, justo y equitativo. Confiamos en ello. Pero no mueven un dedo ni Estados Unidos ni China, que ha invertido millardos en los yacimientos petrolíferos sudaneses. Presuponen que Al Bashir nunca se presentará voluntariamente ante este tribunal. Sólo podría darse el caso si le echa la oposición.

Tampoco es por altruismo que los estadounidenses han sido contrarios al tribunal penal internacional: saben que buena parte de sus protegidos – dictadores- y ellos mismos se hallan amenazados por esta institución que intenta aportar un poco de moral y justicia a la vida política, cada vez más orientada hacia guerras ilegales (Iraq), perjuicios a la ciudadanía (leyes como la Patriot act),limitaciones de la libertad en nombre de la lucha antiterrorista, ocupación de territorios (en Palestina) y complacencia ante grandes países que son buenos clientes de Occidente (China).

El jefe del Estado libio ha escapado a esta justicia y ha logrado hacer de Estados Unidos un aliado, simplemente porque una asociación dirigida por uno de sus hijos ha indemnizado a las familias estadounidenses y francesas víctimas de los dos atentados contra aviones civiles estallados en pleno vuelo. Si Libia era inocente, ¿por qué ha pagado esta “deuda de sangre”? Si es culpable, es necesario que sea juzgada por un tribunal independiente. Para los que perdieron a un padre, una madre, un hermano o un amigo, este asunto del acuerdo es un insulto a los muertos. No se compensan el dolor y la pena con millones de dólares.

Esta instancia juzgó a Milosevic. Murió durante el proceso. Otros criminales, en especial los que organizaron la matanza de 8.500 musulmanes en Bosnia, siguen en fuga. Pinochet murió en su cama. Nos resta aguardar que exista una justicia divina que se ocupe de su caso, porque este militar, agente de los estadounidenses, fue el responsable de asesinatos colectivos de millares de chilenos. Ejecutó al presidente Salvador Allende con el aval, la bendición e incluso la orden de Kissinger, ese político estadounidense que termina sus días en total impunidad. Algunos militantes quisieron perseguirle por “crímenes contra la humanidad”, pero no consiguieron hacerse oír. El antiguo presidente etíope, Mengistu, o el chadiano Hassen Habré aguardan que se les juzgue. Y tal vez un día el zimbabuo Mugabe…

La lista de los políticos que han asesinado poblaciones enteras y creado escisiones en el seno del pueblo con tal de gobernar es larga. Si queremos moralizar la vida política, será menester empezar por una gran limpieza, la única manera de legar a las generaciones un poco de respeto a los valores fundamentales.

George W. Bush justificó leyes abusivas restrictivas de los derechos de los ciudadanos, una intervención desastrosa en Iraq, un apoyo sistemático a la política colonial israelí, una amenaza de guerra contra Irán. Si Bush fue designado por un sondeo como el “peor presidente que ha tenido jamás Estados Unidos”, habría que ir más allá y recordar los crímenes de los que fue responsable su política, sobre todo en Iraq.

Se ha dicho y repetido muchas veces: la guerra de Iraq es una guerra ilegal, que no obtuvo la autorización de las Naciones Unidas, una guerra desencadenada a partir de groseras mentiras y un objetivo falaz, el de llevar la democracia a este país gobernado por un dictador sanguinario. Si soldados estadounidenses, que en gran parte son mercenarios, han muerto en una guerra absurda (más de 4.000 además de decenas de miles de heridos), los civiles iraquíes han muerto a cientos de miles. El país está destruido. La democracia sigue siendo sólo una promesa. El caos es un hecho. Este país, antes rico y culturalmente potente, se ha convertido en un pordiosero: una tierra donde hacen estragos el hambre y la miseria.

Bush es indiferente a la suerte de esta gente. Considera que se halla en la senda justa y reharía el mismo camino si fuera menester. Ante esta terquedad que niega la evidencia, ante esta ausencia total de escrúpulos, este hombre debería responder de sus actos ante un tribunal. Mientras un presidente compromete su país y su economía en una guerra con un país que no le atacó, con un pueblo que no le ha hecho nada, resulta que nadie piensa en pedirle cuentas sobre los crímenes cometidos. ¡Cuántas familias destrozadas, obligadas al exilio y el abandono! ¡Cuántas víctimas de este engranaje sin fin y sin salida! ¡Juzgar a George W. Bush! Desde luego no acabará sus días en la cárcel. No, más bien se trata de enviar una señal a los futuros dictadores, los futuros presidentes belicosos que creen que todo se arregla con las armas. En fin, cabe pensar en un juicio simbólico (no a la persona, sino a sus derroteros criminales); si se juzga al presidente sudanés – excelente iniciativa-, es menester que el siguiente sea Bush para alcanzar un mínimo de coherencia. De lo contrario, se dirá que hay una justicia con dos pesos y dos medidas. El mundo árabe y musulmán detecta tales diferencias…

Volviendo a la acción de la justicia, es indudable que hay jefes de Estado que lo pensarán dos veces antes de adoptar una decisión trascendente. ¿Por qué sobre los políticos no pende la justicia como espada de Damocles? ¿Por qué no instaurar un nuevo orden democrático basado en la justicia igual para todos? ¿Por qué no modificar el estatus de inmunidad que permite a ciertos políticos hacer lo que quieran?

Si un primer ministro comete un delito de orden privado, es detenido y juzgado como cualquier otro ciudadano. Pero, como decía Charles Chaplin por boca de Monsieur Verdoux, personaje que encarnó en la pantalla y que se dedicaba a enamorar a mujeres ricas para quemarlas después en su chimenea, “por un crimen se sufre la guillotina, por miles de crímenes se accede a la gloria y el reconocimiento”.

Es hora de que la moral, aliada a la justicia, tome el poder.