La mundialización de la justicia

Cuando, hace veinte años, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) el 25 de mayo de 1993, muchos lo consideraron un gesto sin sentido. En aquel momento, ya hacía más de un año que había estallado la guerra de Bosnia, la ciudad de Sarajevo estaba sitiada, habían muerto ya decenas de miles de civiles no combatientes y centenares de miles habían sido desplazados por la fuerza.

Los servobosnios –y quienes los apoyaban en Servia– parecían estar ganando la guerra, mientras que las NN.UU. no adoptaron disposiciones para detener a los acusados de ordenar o ejecutar atrocidades. De hecho, algunos consideran la creación del TPIY como un substituto deficiente de la intervención militar necesaria para detener la matanza.

Durante mucho tiempo, esa reacción cínica pareció justificada. El TPIY tardó en ponerse en marcha. Las NN.UU. tardaron catorce meses en nombrar a un fiscal jefe. Transcurrió otro año antes de que su oficina emitiera actas de acusación contra altos cargos responsables de crímenes graves. En aquel momento, ya se había producido la matanza de unos 8.000 hombres y muchachos musulmanes en Srebrenica, la mayor matanza en masa habida en Europa desde la segunda guerra mundial.

Pero, aunque algunos aspectos de la actuación del TPIY merecen crítica, su actuación general y sus logros a lo largo de los dos últimos decenios permiten considerarlo un gran éxito. Éste es doble: los logros del Tribunal respecto de la ex Yugoslavia y sus repercusiones a escala mundial con miras a poner fin a la impunidad en casos de crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad y genocidio.

En cuanto a la ex Yugoslavia, el TPIY obtuvo en su momento la detención de todos aquellos a los que procesó, excepto los ya fallecidos. Ha celebrado juicios justos y ha dispuesto un proceso de apelación válido cuyo resultado han sido fallos condenatorios y absoluciones igualmente importantes. Su labor ha preparado el terreno para la creación de tribunales locales en Servia, Croacia y Bosnia, que han complementado su labor. A estas alturas, centenares de responsables de atrocidades en las guerras del decenio de 1990 en la ex Yugoslavia han sido declarados responsables y han cumplido –o siguen cumpliendo– sentencias de reclusión ordenadas judicialmente.

Las repercusiones del TPIY a escala mundial han sido múltiples. Ha contribuido a la creación de otros tribunales penales internacionales ad hoc con jurisdicción en países como, por ejemplo, Rwanda, Sierra Leona, Camboya y el Líbano. También ha contribuido a la creación de la Corte Penal Internacional, además de alentar a los fiscales en muchos países a que acusaran a funcionarios superiores y dirigentes guerrilleros por crímenes de guerra y los sometieran a juicio en tribunales nacionales.

El reciente juicio y la condena en un tribunal nacional del ex Presidente de Guatemala general Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y crímenes contra la Humanidad, es sólo el último golpe contra la impunidad que anteriormente protegía a los funcionarios superiores responsables de atrocidades. Aunque el Tribunal Constitucional de Guatemala ha revocado la sentencia, Ríos Montt se suma a las docenas de ex jefes de Estado y dirigentes gubernamentales que han sido procesados por violaciones flagrantes de los derechos humanos desde la creación del TPIY.

Pero, pese a los logros de los veinte últimos años, el movimiento en pro de la justicia internacional acaba de dar sólo sus primeros pasos. Como era inevitable, se han cometido errores. Aun así, el vigésimo aniversario de la creación del TPIY es digno de celebración, porque el movimiento que ha encabezado ha obligado a comandantes militares, dirigentes guerrilleros y jefes de Estado de todo el mundo a tener en cuenta la posibilidad de que deberán hacer frente a la Justicia, si se cometen crímenes contra la Humanidad en territorio de su jurisdicción.

En esa medida, el TPIY ha hecho algo más que establecer algún grado de justicia para las victimas y los supervivientes de la ex Yugoslavia. Ha contribuido también a la prevención de la injusticia en situaciones muy alejadas de los Balcanes.

Aryeh Neier, President Emeritus of the Open Society Foundations and a founder of Human Rights Watch, is the author of Taking Liberties: Four Decades in the Struggle for Rights. Traducido del inglés por Carlos Manzano.

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