La muralla de Jordi Pujol

Es muy probable que Jordi Pujol, en su juventud, tuviese la oportunidad de ver la versión teatral o cinematográfica de la obra de Joaquín Calvo Sotelo (La muralla,1954) que agitó las estancadas aguas del debate intelectual de una dictadura que ofrecía a sus súbditos un desolador panorama. El tema resultaba vidrioso para los esquemas morales y políticos de la época. Un militar del bando vencedor consigue, con malas artes, apoderarse de una finca que pertenecía a uno de los vencidos. Cuando llega el final de sus días le asaltan sentimientos de culpa que desea borrar para salvar su alma. Consulta con un confesor que con arreglo a la ortodoxia cristiana le dice que no basta con el arrepentimiento, es necesaria la restitución de los bienes a sus legítimos dueños. Comenta esta solución a su muy cristiana familia que se opone rotundamente a esta posibilidad.

El protagonista, que por cierto se llama Jorge, va dilatando su decisión y muere, en una escena de alto contenido melodramático, interpretada a su estilo por Rafael Rivelles, en medio de angustiosos lamentos ante su condenación inminente. La familia aliviada por el desenlace recupera la calma.

Es evidente que la fortuna de Jordi Pujol y su familia tiene, por lo menos, unos orígenes turbios. Ahora bien el desenlace no puede pasar por un simple arrepentimiento, porque su protagonista no es un miembro más de la comunidad. Ha encarnado, en la oposición a la dictadura y en su papel protagonista en la Transición democrática, el papel que las circunstancias históricas reservan a personajes con una especial aureola ante sus conciudadanos. Representa un símbolo del catalanismo tradicional y supo potenciar su carisma interno como elemento estabilizador de la inestable política nacional, cuando el partido gobernante carecía de la mayoría absoluta. Era decisivo, y eso lo llevó a creerse intocable, fuese cual fuese su papel en las actividades económicas que desarrollaba su entorno familiar.

Pensó que cualquier irregularidad le estaba permitida. En 1984 estalló el escándalo del caso de la Banca Catalana. El entonces fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, autorizó la presentación de la querella criminal por apropiación indebida, estafa y falsedad, que habían redactado los fiscales de Barcelona Villarejo y Mena.

Su reacción fue furibunda y grandilocuente. No se le estaba persiguiendo como banquero sino como encarnación de la Cataluña tradicional. Sin embargo, las claves que manejaba no explicaban la naturaleza del suceso. El Gobierno era socialista y los fiscales, de intachable trayectoria democrática. No solo la prensa y la opinión pública catalana se volcaron en la campaña victimista, también los sectores tradicionales del españolismo se pusieron paradójicamente a su lado y arremetieron contra los fiscales por sus conocidos antecedentes políticos de izquierdas. Sin embargo, los hechos eran difíciles de rebatir. La presión sobre el Gobierno socialista surtió efectos. El fiscal general del Estado decidió dimitir pero no consiguió que se diera orden de retirar la querella. El Pleno de la Audiencia Territorial de Cataluña, no sin disidencias minoritarias, archivó la causa.

El asunto judicial estaba zanjado, pero sus secuelas marcaron las costumbres políticas de nuestro país. Confirmada la impunidad de actividades delictivas, como cobrar comisiones por adjudicación de obra pública, la corrupción se instaló en la vida pública y la ética se batió en retirada.

Cuando se descubren sus actividades corruptas, Jordi Pujol reacciona con insolencia, soberbia y prepotencia. Cuando un personaje que tiene una aureola de estadista y referente político, queda al desnudo, la única salida digna pasa por restituir el producto del saqueo de las arcas públicas si quiere recuperar la dignidad perdida.

Su reacción, hasta el momento, ha sido la habitual en personas que se mueven por mundos de ese tipo. Procurarse, como es lógico, un buen abogado y exprimir al máximo todas las garantías del sistema. La reacción de querellase contra la Banca Andorrana, que posiblemente facilitó a la policía datos económicos, es simplemente bochornosa. Esgrimir las barreras de la privacidad y despreciar la transparencia es contradictorio con su imagen pública y con las obligaciones de una estadista. Está en su derecho, pero por mucho que consiga anular pruebas por falta de requisitos formales, las cuevas de Ali Baba siguen siendo un recinto de ladrones.

El estrambote final lo ha puesto, como en la obra La muralla, la familia. No solo la natural, también la política. Haber demorado su comparecencia en el Parlament catalán es una condescendencia que destruye la credibilidad institucional. Para que nada faltase, en el Parlamento nacional el partido gobernante le echa un capote oponiéndose a que el ministro de Hacienda facilitara datos sobre la amnistía fiscal. Esgrimir leyes previstas para las relaciones entre los particulares y la Administración tributaria como escudo en la sede de la soberanía nacional es, sencillamente, grotesco y desolador. ¿Dónde estuvieron los letrados de la Corte para informar de que la excusa no es posible ante una petición de los grupos políticos? Creo que no se ha calculado debidamente su repercusión externa. Los demócratas de la Unión Europea no pueden entender la sumisión de los valores constitucionales y la cultura democrática ante un asunto de esta envergadura política. Alguien piensa seriamente que un político extraído de ese caldo de cultivo puede presidir el Eurogrupo. ¿Conservamos alguna credibilidad y decencia democrática?

Señor Jordi Pujol, restituya. Es su única salida y su último servicio a la regeneración democrática por la que luchó en su juventud. El arrepentimiento no es suficiente.

José Antonio Martín Pallín es abogado, magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).

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