Casi nadie discute hoy que España no estaba preparada para abordar el golpe posmoderno que sufrió en 2017. Los separatistas lo sabían y por ello aprovecharon y aún aprovechan todos los resquicios legales que nuestra garantista democracia les ofrece para sacarnos a todos de quicio con sus mil argucias. Fracasaron en su principal objetivo, la independencia, pero se mantienen vivos en el segundo: desprestigiar y desestabilizar a la democracia española.
Pues bien, mucho me temo que aún estamos menos preparados para afrontar con inteligencia el Protectorado 3.0 que anuncié el pasado 29 de septiembre en esta misma tribuna y que ya se ha materializado en la oferta del PSOE al separatismo: inmunidad judicial futura, blanqueamiento de los delitos pretéritos y privilegio cantonalista, aun a costa de los derechos de más de la mitad de los catalanes, nuevamente humillados.
¿Cómo lo harán? Ante la imposibilidad de acometer una reforma constitucional por falta de mayoría parlamentaria, optarán por la «mutación constitucional» sobre la que ya en 1906 teorizara Jellinek y que incluye la posibilidad de introducir transformaciones claramente inconstitucionales por la vía de los hechos consumados. El pacto del PSOE con Podemos y ERC se refiere sin disimulo a «nuevos derechos» y a «reformas territoriales», es decir, materias netamente constitucionales.
Completando así la apuesta de Zapatero de revisión de la Transición (en especial de la Ley para la Reforma Política), pero también rompiendo la concordia entre españoles e incentivando la idea de las «dos Españas» irreconciliables, el nuevo Gobierno de España ya ha anunciado que alterará la libertad educativa, la organización territorial o la soberanía nacional sorteando la exigencia de la reforma constitucional. Para ello necesitará de un Poder Judicial a su servicio, primero desprestigiado al aceptar la retórica separatista de la «represión y la judicialización» y luego domesticado: el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, que ruborizaría hasta al sandinista más hiperventilado, es una prueba de hacia dónde van los tiros.
Nos toca espabilar. Para ser capaces de responder a semejante desafío, los demócratas españoles debemos aprender de los errores cometidos frente al golpe posmoderno de 2017, así como reforzar aquello en lo que acertamos. Acertaremos exactamente en aquello que más duele e irrita a los separatistas: aplicar la ley. Nos equivocaremos si caemos o bien en la indolencia de pensar que aquí no pasa nada o bien en la tentación del «taconeo autoritario», el de los que aseguran que van a detener a Torra sin orden judicial o sacarnos de la UE, porque «los españoles somos Chuck Norris y aquí no nos vacila nadie»
En definitiva, acertaremos si buscamos la solución dentro de la Constitución, nunca fuera de ella. Acertaremos si huimos de las veleidades identitarias, populistas y nacionalistas que están destrozando Europa y renovamos nuestro compromiso con la democracia liberal, con serenidad pero firmeza absolutas, demostrando a los españoles que «otro mundo es posible» ante los desmanes del sanchismo y el separatismo.
Y es que sabemos que es posible porque lo hemos vivido en los cuarenta mejores años de nuestra historia, los de la Constitución del 78. Y para ello el Partido Popular sigue siendo el mejor instrumento, ya no sólo para unir y liderar al centro-derecha español, sino directamente a los demócratas españoles de todas las ideologías, que asisten hoy perplejos ante el despliegue de mentiras, inestabilidad e incertidumbre que provoca el nuevo Gobierno de España. Ese «otro mundo posible» de democracia, libertad, razón, gestión eficaz y concordia lo ejemplificarán cada día los gobiernos autonómicos y locales del Partido Popular. En ellos los españoles podrán encontrar la alternativa posible y depositar sus esperanzas: la situación es muy grave, nadie lo duda, pero el Partido Popular, de la mano de Pablo Casado, sabrá estar a la altura.
Alejandro Fernández es Presidente del Partido Popular de Cataluña.