Por José Luis Roca, abogado e historiador (El Nuevo Día 04/05/06):
El 18 de octubre de 1969 (al día siguiente de que firmamos el decreto de nacionalización de Gulf Oil Co.,) el presidente Alfredo Ovando Candia me ordenó trasladarme a Santa Cruz a tomar posesión, a nombre del Estado boliviano, de los campos petroleros Colpa, Caranda y Río Grande y de los activos físicos contemplados en el decreto. Lo hice en compañía del general Oscar Adriázola Valda, quien representaba a las FFAA. Nuestro Gobierno era una coalición civil-militar.
El lunes último, 37 años después, contemplé, con patriótico entusiasmo, al presidente Evo Morales leer el texto de un decreto semejante, mientras las FF AA ya habían asumido el control de los campos sujetos a la nueva nacionalización aunque ésta (bueno es subrayarlo) no contempla activos ni patrimonio de las empresas.
La presencia en aquel acto de Andrés Soliz Rada, me trajo el recuerdo de Marcelo Quiroga Santa Cruz porque ambos han trabajado, con inigualable coraje y tesón, por construir en Bolivia un Estado soberano y fuerte.
En 1969, YPFB se convirtió en una empresa estatal en serio. Durante 19 años exportó gas natural a la República Argentina (sin fallar un solo día) y en ese lapso nutrió nuestras arcas fiscales con unos 30.000 millones de dólares. Lo anterior no obsta, claro, para que por ahí sigan diciendo que el Estado es “mal administrador”.
Cuando hicimos la nacionalización en 1969, el precio del crudo estaba por los suelos: apenas 6 dólares el barril y tres años después, llegó a 35. Entretanto, la derecha militar, con el eficaz auxilio de los gorilas argentinos, había derrocado a Ovando y a Torres, los dos presidentes nacionalistas.
El beneficiario político de la nacionalización de la empresa Gulf fue, por paradoja, Hugo Banzer, quien llegó al poder mediante el sangriento golpe de agosto de 1971. En perspectiva histórica, esto carece de importancia pues Bolivia progresó de todas maneras y, con el 11 por ciento de regalías, Santa Cruz se convirtió en la región moderna y pujante que es ahora.
Al tomar la trascendental medida del 1 de mayo de 2006, Evo Morales y su ministro Soliz Rada, han vuelto al modelo nacional revolucionario el cual, hasta la semana pasada, fuera desechado y execrado.
Pero los hechos están demostrando que el fracaso no ha sido de los nacionalistas sino del neoliberalismo y la globalización que empobrecieron a Bolivia y la sometieron a los poderes externos situándola al borde del colapso y la negación de sí misma.
Lo notable del caso presente es que (a diferencia de 1969) la nacionalización ha sido hecha por un gobierno constitucional y democrático con el respaldo, nada menos, de un referéndum vinculante y una ley del Congreso. El irrestricto apoyo militar es otro factor positivo y tranquilizador.
Sin embargo ahora, igual que hace 37 años, las fuerzas derechistas y reaccionarias, (que poco tienen que ver con supuestas “oligarquías”) se convertirán otra vez en voceros oficiosos del capital extranjero. Le enrostrarán a este Gobierno, como lo hicieron con el nuestro en 1969, que ha actuado irresponsablemente, por mera conveniencia política y sin tomar en cuenta las terribles represalias a las que, según ellos, nos someterán los poderes externos.
Vistas bien las cosas, tanto el referéndum de 2004 como la nueva Ley de Hidrocarburos, ya definieron la nacionalización antes del decreto que nos ocupa. No otra cosa significa el haber dispuesto que los hidrocarburos sean propiedad del Estado y no de las empresas y que YPFB tenga injerencia en toda la cadena productiva de este recurso natural.
La única novedad importante del decreto del 1 de mayo consiste en que las entregas de gas hechas por las empresas que en 2005 hubiesen exportado volúmenes superiores a 100 millones de pies cúbicos están sujetas a un nuevo régimen de distribución donde el Estado recibe el 82 por ciento de esos volúmenes durante un “período de transición”, mientras aquellas cuya producción certificada sea menor a dicho volumen, seguirán sujetas al sistema anterior. El Decreto de este primero de mayo, posee la virtud de una redacción sencilla y breve (sólo 9 artículos) que no admite equívocos. Los contratos entre el Estado y las transnacionales son nulos por no haber cumplido con la Constitución y por no haberse adecuado a la Ley de Hidrocarburos en los plazos que ésta determina. Pero, la puerta queda abierta para suscribir nuevos contratos. Otro aspecto que también estaba definido por el referéndum y la ley, es la transferencia a favor de YPFB de las acciones de los bolivianos en las empresas capitalizadas. El decreto, simplemente, regula la modalidad que se empleará para hacer efectiva esa transferencia.
A lo anterior se agrega la venta forzosa de acciones para que el Estado pueda asumir el control mayoritario de las empresas capitalizadas (Chaco, Andina y Transredes) pues de lo contrario, la nacionalización sería ilusoria. El carácter espectacular de que fue rodeada la medida, obedece a una comprensible necesidad política. Un gobierno con las características del actual, necesita el combustible de la popularidad
De aquí en adelante, el éxito depende de la conducta de Evo Morales. Si él gobierna con los mismos métodos democráticos que le dieron el impresionante triunfo electoral de diciembre pasado y no trata de someter al país a su voluntad y la de su partido, tanto él como Bolivia saldrán triunfantes.
Si, por el contrario, pretende aferrarse al modelo chavista y manipula la situación para que la próxima Constituyente le prorrogue el mando o para que se resuelvan las cosas según su capricho de predestinado, el apoyo de que ahora goza, decaerá. Entonces, tanto él como su gobierno y la nacionalización, se convertirán en una nueva y desastrosa frustración para el país.
El balón está, pues, en la cancha de Evo.