Desde que fui elegido como vocal del Consejo Fiscal, en el verano de 2005, no ha dejado de sorprenderme la tensión existente entre su dimensión como máximo órgano colegiado y de representación de la Carrera Fiscal y su indiscutible función asesora al fiscal general del Estado que lo preside. Considerando la complementariedad enriquecedora de ambas realidades, nunca he entendido a quienes establecen una dicotomía entre intereses generales, encarnados en la persona del fiscal general, y la defensa de los intereses profesionales de los fiscales representados en dicho órgano. Esta contradicción aparente, no sólo le resta unidad en su actuación, sino que, en ocasiones, puede haber servido como interpretación interesada para acallar y deslegitimar las voces discrepantes surgidas en su seno. Igualmente, en las reticencias y matizaciones a su evidente carácter representativo y legitimidad democrática -nueve de sus 12 vocales son elegidos por sufragio universal entre todos los fiscales-, veo la raíz de alguno de los desencuentros surgidos en este órgano, durante estos dos años y medio. Si consideramos al Consejo Fiscal como un mero órgano asesor, que debería limitarse a aconsejar al fiscal general del Estado en sus informes, ajustándose a un papel y formato preestablecido, sin posibilidad de discrepar y, mucho menos, oponerse a quien lo preside; sin duda estaríamos mutilando y automatizando su función como órgano representativo de la Carrera y de control del fiscal general del Estado. En efecto, el Consejo Fiscal justifica su existencia y tiene su identidad diferenciada de otros órganos del Ministerio Fiscal en su carácter representativo, actuando como portavoz de la Carrera Fiscal ante su más alto jerarca, al tiempo que introduce un necesario factor de control democrático en su funcionamiento. De ahí que, en ocasiones, sea un órgano contemplado con recelo, hasta el punto de haber visto recortado recientemente su ámbito funcional en la última reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La trayectoria del Consejo Fiscal, destacado fruto del consensuado Estatuto Orgánico de 1981, nos muestra cómo los vocales que nos han precedido desde su puesta en funcionamiento, en el año 1983, han intentado siempre ejercer dicha función de control en el marco de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Renunciar a esta mínima, pero recomendable y necesaria, función de control y equilibrio, inherente a su consideración como órgano representativo, supondría negar saludables beneficios democráticos en una institución fuertemente jerarquizada.
Los vocales del Consejo Fiscal hemos sido testigos privilegiados de la intensa labor desarrollada desde la Fiscalía General del Estado y, particularmente, por el fiscal general, cuyo fruto más destacado es la aprobación y puesta en marcha de la mencionada reforma al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 2007. No obstante, al menos los vocales electos en la lista de la Asociación de Fiscales (seis de nueve), contemplamos con preocupación como, incomprensiblemente y, sesión tras sesión, dicho órgano colegiado se encuentra inmerso en un proceso de permanente deterioro del principio democrático que debiera presidirlo, hasta el punto de convertirlo en un mero órgano formal o decorativo. Como si de una versión adaptada de los principios paternalistas que regían el despotismo ilustrado se tratara, nos encontramos con un todo para los fiscales, pero sin los fiscales, en el que el Consejo Fiscal parece no tener cabida sin entorpecer o retrasar las reformas e iniciativas en curso. En realidad, los vocales referidos hemos tratado de desarrollar nuestra función, desde la máxima lealtad y con el respeto institucional debido, sin perjuicio de exponer con claridad, e incluso con una saludable vehemencia, nuestras discrepancias. Esta situación ha quedado reflejada en muchas de las elocuentes actas de sus sesiones, que por no gozar de la transparencia debida, impiden la necesaria repercusión para conocimiento de la Carrera Fiscal, en particular, y de la sociedad, en general.
El reciente cese de nuestro compañero Fernando Herrero-Tejedor como fiscal delegado en materia de delincuencia informática, a causa de su actuación como vocal del Consejo Fiscal, supone un hecho de una extrema gravedad y el riesgo de que pase inadvertido en estas recientes fechas navideñas, hace que me decida a escribir este artículo y manifestar públicamente la situación de anormalidad democrática que sufre el Consejo Fiscal y la necesidad de garantizar el libre desarrollo de las funciones de sus vocales. Sin duda, el detonante directo de esta lamentable decisión ha sido el reflejo y la repercusión en los medios de comunicación de su reciente expulsión de la Junta de Fiscales de Sala. Como recordarán, Fernando Herrero-Tejedor pretendió informar de las discrepancias existentes entre lo debatido en la sesión del Consejo Fiscal celebrada en Granada el 4 de diciembre y lo reflejado en el informe finalmente remitido al Ministerio de Justicia, al considerar que se había desnaturalizado la voluntad expresada por la mayoría de sus vocales, en relación con un relevante aspecto del desarrollo de la reciente reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
A diferencia de anteriores e importantes discrepancias surgidas en el seno de éste, para muchos, desconocido órgano del Ministerio Fiscal, el incidente referido ha tenido la divulgación propia de la inédita expulsión de un fiscal de la Junta de Fiscales de Sala y la abierta discrepancia que encierra con el fiscal general del Estado. Si tenemos en cuenta que, la labor de Fernando Herrero-Tejedor como fiscal delegado de delitos informáticos ha sido unánimemente elogiada dentro y fuera de la Carrera, debemos concluir que estamos en presencia de una represalia directamente vinculada a su decidida actuación como vocal del Consejo Fiscal, en defensa del respeto debido al adecuado funcionamiento del mismo. Fernando Herrero-Tejedor aparece como víctima propiciatoria de una medida de marcado carácter ejemplarizante. Con ella, además de perjudicar profesionalmente a uno de los vocales más destacados del Consejo Fiscal, por su categoría personal y profesional, puede entenderse que se manda un demoledor mensaje a los fiscales, que me temo propiciará actitudes poco comprometidas y desvinculadas o, lo que es peor, el temor a la discrepancia en todos los sectores de la Carrera Fiscal, donde parece que la opción de progresar queda reservada a los fieles o silentes. Panorama desolador, que difícilmente permite al Ministerio Fiscal español asumir, con la autonomía deseable, el reto de la investigación penal anunciado como reforma procesal estrella para la próxima legislatura.
Por ello, es el momento de dar testimonio público de solidaridad con este compañero ejemplar y, trascendiendo del caso concreto, de relanzar a un devaluado Consejo Fiscal, reivindicando el fortalecimiento de sus funciones y la improrrogable necesidad de regular un estatuto de sus vocales, que se les garantice la autonomía y libertad necesarias y que se les proteja adecuadamente, impidiendo que puedan resultar perjudicados a causa de, o con ocasión del, desempeño de sus funciones.
Francisco Jiménez-Villarejo Fernández, vocal electo del Consejo Fiscal.