La necesaria madurez democrática

En la vida cada cual tiene que cumplir con su obligación, con su deber, es lo que todos los días nos exigimos unos a otros en nuestras relaciones profesionales. Los profesores universitarios tienen un deber, diferente -no mucho- al de los periodistas y, a su vez, diferente -mucho- al de los políticos. Si los profesores universitarios fallan, se cae el derecho fundamental a la educación superior (art. 27 CE); si fallan los periodistas, el no menos fundamental derecho a la información (art. 20.1.d CE); pero si fallan los políticos, se nos caen prácticamente todos los derechos fundamentales y el propio sistema democrático, nada más y nada menos. Queramos o no, la gestión de lo público marca nuestras vidas. Que se gestione bien o se gestione mal influye en nuestra calidad existencial, en tener una vida más o menos plena y feliz.

La necesaria madurez democráticaParece que el ciclo político español está entrando en un nuevo tiempo, según los últimos resultados electorales de Andalucía, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. El hundimiento del centro político es poco discutible, Ciudadanos posiblemente desaparezca como partido político o su presencia será testimonial. La extrema izquierda (Podemos y variantes) no está tan mal, pero no deja de cosechar también un descenso manifiesto. La extrema derecha (Vox) parece que está tocando techo y el PP frena el espacio electoral que en estos últimos tiempos le había conquistado. El PP aparece fuertemente reforzado y renovado, con un viento que sopla claramente a favor. Y el PSOE está en una encrucijada complicada, en la que tendrá que elegir entre competir hacia la extrema izquierda, contra Podemos, o decantarse por el centro o centroizquierda político, que ha dejado bastante libre Ciudadanos. Para mí la buena noticia es que la competencia electoral parece que vuelve a ser centrípeta/moderada, algo que siempre ha beneficiado a la política, frente a la competencia centrífuga/radical que se comenzó a generar por la izquierda con la aparición de Podemos en las elecciones europeas de 2014 y consolidada en las elecciones generales de 2015. Y por la derecha, con la aparición de Vox en las elecciones andaluzas de 2018 y fuertemente consolidada en las elecciones generales de 2019.

Podemos, el tiempo dirá, estar asistiendo a una paulatina vuelta al bipartidismo, lo que no tiene por qué ser necesariamente malo. La clave es si el PP y el PSOE han aprendido algo en estos años, donde los españoles les han castigado con severidad (66 escaños obtuvo el PP en las elecciones generales de abril de 2019 y 85 el PSOE en las de 2016) mientras que Podemos, Ciudadanos y Vox en algún momento han llegado a tener bastantes millones de votos a sus espaldas. La historia política tiene sus ciclos y sus aprendizajes y entiendo que los españoles están reclamando a su clase política una cierta madurez democrática, una moderación ideológica y una muy necesaria eficacia en la gestión de lo público. También esto es una buena noticia. Parece que el PP de Feijóo ha tomado nota, ya veremos. El PSOE no lo tiene tan claro, pues está en la difícil coyuntura de tener el poder, pero con una tendencia no hacia el centro político, sino hacia la extrema izquierda y eso parece que le está pasando factura, amén del desgaste gubernamental.

Si miramos al futuro, que es a donde debemos mirar, no tengo dudas de que necesitamos un PP y PSOE sensatos y maduros democráticamente hablando, más europeos y pragmáticos y menos cortoplacistas e ineficaces frente a los problemas de fondo que tenemos. Europa nos mira y algo cansada está de nosotros a nivel político; y los responsables son solo dos, PP y PSOE, quienes han ocupado La Moncloa en estos últimos 40 años (1982-2022). Acepto que la coyuntura internacional y externa es complicada, pero no acepto el infantilismo político con el que el PP y el PSOE nos han castigado en estos últimos años. Voy a dar algunos datos para tener claro el camino que no hay que repetir, si es que, como parece, vuelve el bipartidismo. Insisto, espero que hayamos aprendido algo en estos años.

Primero. El espectáculo que el PP y el PSOE están dando con la independencia del Poder Judicial y su órgano de gobierno (CGPJ) me parece bochornoso. Desde Europa nos ven como un país de quinta en este sentido, basta con leer los Informes de GRECO -Consejo de Europa- de los últimos tres años. Hasta la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, algo realmente insólito, se ha manifestado hace algunos días respecto a la parálisis del CGPJ y su renovación, calificando la situación de «insostenible». Por lo demás, tenemos el triste honor de ser el único país de Europa en que el 100% de los miembros de su órgano de gobierno judicial los elige el Parlamento.

Segundo. Independencia de los medios de comunicación social. Los dos principales contrapoderes a los políticos son los jueces y los periodistas, su función es esencial en un sistema democrático. Quizás el lector se haya olvidado, pero la elección del último consejo de administración de RTVE (2021) fue un verdadero sainete, donde el PP y el PSOE, entre otros, dieron lo peor de sí mismos, tirando a la basura el informe preceptivo de los expertos que evaluaba a los candidatos y exigía la Ley 5/2017, de 29 de septiembre. En su lugar, el PSOE y el PP pusieron a los consejeros por ellos elegidos, independientemente de sus capacidades y méritos (muy escasos en seis de los 10 consejeros, según el citado informe del comité de expertos).

Algo parecido ha pasado con el proceso de selección de la cúpula de la Agencia de Protección de Datos. En mayo pasado la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el acuerdo del Consejo de Ministros, «viciado de raíz» porque el PSOE y el PP habían anunciado el nombre de los dos elegidos (presidente y adjunto) antes de publicar la convocatoria pública preceptiva. Sin comentarios.

Tercero. No hace mucho han sido las elecciones al Parlamento de Castilla y León. Hay un dato que realmente va a sorprender al lector, pero le aseguro que está totalmente contrastado y poco o nada se habla sobre el mismo, pudiendo explicar algunos de los problemas de la España vaciada: la estructura municipal. El minimunicipalismo o la atomización del mapa municipal español no es un tema menor en la política nacional y el caso de Castilla y León es especialmente sangrante. Vamos a proporcionar algunos datos para que el lector entienda la magnitud del problema en España y en la citada comunidad. Actualmente, Castilla y León tiene 2.248 municipios, por extraño que parezca, tiene más municipios que Irlanda (126), Dinamarca (98), Suecia (290), Grecia (325), Países Bajos (390), Reino Unido (419) y Noruega (428) juntos. Estos siete países y sus cerca de 120 millones de habitantes, (Castilla y León tiene 2.379.530) municipalmente se organizan en 172 municipios menos que Castilla y León. Dicho de otra forma, en estos 40 años ni PP ni PSOE han hecho los deberes en este tema, vital en nuestra estructura territorial. Prácticamente todos los países de Europa han afrontado la reducción municipal y la redimensión en tamaño y población de sus municipios.

En España, la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local fue un fracaso en este sentido. Aporto el último dato a nivel nacional: hemos aumentado en 24 municipios en estos últimos 20 años (¿?). En fin, podríamos hablar de que fuimos también el último país de Europa en aprobar una Ley de Transparencia, en el año 2013, etc., etc.

El problema de fondo es la falta de madurez democrática por parte de quien tiene el Poder con mayúsculas, esto es, el PP y el PSOE. El gran reto es la estructura del Estado y el funcionamiento de los diferentes poderes y contrapoderes. Nuestra democracia puede y debe crecer, no tiene más de cuatro décadas, dos generaciones de políticos, básicamente. Creo que los profesionales de la información, la Universidad y el resto de la sociedad tenemos que exigir al PP y al PSOE esa imprescindible madurez democrática e institucional. Debemos criticar y no aceptar su infantilismo político y demandar las necesarias políticas de Estado. La mala gestión de lo público se paga y se paga muy cara, por eso la sociedad civil, cada uno desde su espacio de influencia y responsabilidad no puede resignarse a aceptar lo inaceptable.

David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.

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