Por Javier Tajadura Tejada, profesor titular de Derecho Constitucional en la UPV-EHU (EL CORREO DIGITAL, 29/09/06):
La sesión del Pleno del Congreso del pasado 13 de septiembre en la que un miembro del Gobierno de España tuvo que comparecer a petición del primer partido de la oposición para responder a las infamias de un individuo implicado en el mayor atentado terrorista de nuestra historia fue un día aciago para nuestra democracia. Lo ocurrido allí puede ser un nefasto presagio de lo que nos espera en el nuevo curso político. La política de la crispación llevada a cabo por el Partido Popular durante la primera parte de la legislatura podría conducirnos a una ruptura total de las relaciones Gobierno-oposición.
Ahora bien, a pesar de que quien esto escribe sólo puede hablar en nombre propio, no creo equivocarme si afirmo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidos muchos de los votantes del Partido Popular, desaprueban su peligrosa estrategia actual. Y ello, sobre todo, por el hecho de que una actitud de rechazo absoluto y total, en términos casi siempre apocalípticos, de cualquier propuesta o actuación del Gobierno impide, en muchos casos, valorar lo que de crítica razonable y fundamentada subyace en algunas de las tesis del Partido Popular. Tal es el caso por ejemplo de dos de los temas centrales de la agenda política: la erradicación definitiva del terrorismo y las reformas territoriales. Pero otro tanto podría decirse de la legislación educativa o de la política de inmigración.
En este contexto, el restablecimiento de un clima de normalidad democrática en las relaciones entre el Gobierno y el principal partido de la oposición se configura como el presupuesto fundamental para poder abordar los grandes temas y problemas del presente. Me referiré únicamente a una cuestión cuyo fracaso se da ya por seguro: la reforma constitucional. Y que, sin embargo, podría convertirse en una pieza central para el restablecimiento del consenso político básico.
Con optimismo 'condorcetiano' estoy convencido de que el diálogo sincero y leal entre el PSOE y el PP sobre la reforma de la Constitución de 1978 podría concluir en un gran pacto político que, si en el plano simbólico escenificaría la necesaria reconstrucción del consenso, en el plano jurídico-político real desplegaría efectos muy positivos en el sistema.
En este sentido, corresponde al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el mérito indiscutible de haber colocado en la agenda política (discurso de investidura de abril de 2004) el tema de la reforma constitucional. Y haberlo hecho tendiendo la mano al resto de fuerzas políticas para lograr las muy cualificadas mayorías exigidas por los procedimientos de reforma constitucional (arts. 167 y 168 CE). Ahora bien, quizás su más grave error fue fijar unilateralmente, y con carácter de lista cerrada, el orden del día con los temas a tratar: denominación de las comunidades autónomas, Senado, sucesión a la Corona y mención de la Constitución europea. Y digo que eso fue un error porque, por ejemplo, resulta evidente que remediar las deficiencias de la justicia constitucional es más importante que modificar el orden de sucesión a la Corona, de la misma forma que fijar el sistema de reparto competencial Estado-comunidades autónomas lo es más que incluir la mera denominación de éstas.
Dicho con otras palabras, cuando nos aproximamos a cumplir tres décadas de régimen constitucional es preciso restablecer el consenso fundacional para adecuar la Constitución a los nuevos tiempos, para perfeccionar aquellos elementos susceptibles de mejora y, en definitiva, para terminar el proceso constituyente en lo que a la organización territorial del poder se refiere. Para cumplir estos objetivos, las cuatro modificaciones puntuales propuestas por el presidente de Gobierno resultan claramente insuficientes. Así lo ha puesto de manifiesto el Consejo de Estado, en su sugerente y meritorio informe sobre la reforma de la Constitución, emitido a petición del Ejecutivo.
Si la voluntad de diálogo del presidente de Gobierno es sincera y no retórica, y personalmente creo que lo es, debiera ofrecer a las fuerzas políticas de oposición (al menos a aquéllas cuyo concurso es indispensable para el éxito de la reforma) la apertura de un debate sobre las reformas constitucionales necesarias, y no reducido exclusivamente a las cuatro cuestiones del discurso de investidura. El Partido Popular, que en los dos últimos años ha defendido la necesidad de abordar reformas constitucionales de mayor envergadura y alcance que las sugeridas por el Gobierno -modificación del procedimiento de reforma estatutaria, la inclusión del control previo de constitucionalidad de los estatutos, o la garantía de un núcleo de competencias estatales no transferibles a las comunidades autónomas-, no podría, por razones de mínima coherencia política, negarse a participar en ese debate.
Y, lo que es más importante, a pesar del ruido y de la crispación actuales, no existe ninguna razón para pensar que el acuerdo no sea factible. El PSOE es plenamente consciente de que algunos de los problemas derivados de las últimas reformas estatutarias sólo pueden ser resueltos mediante la reforma constitucional. Tesis ésta plenamente compartida por el Partido Popular. Los mimbres para tejer el acuerdo existen. El informe del Consejo de Estado puede ser un buen punto de partida para que cuando la Constitución cumpla 30 años, lo haga plenamente adaptada a las nuevas circunstancias y en un clima de normalidad democrática en las relaciones mayoría-oposición.