La necesaria regeneración democrática

El 4 de junio de 1963, el entonces primer ministro británico recibió una carta de su ministro de Defensa, del siguiente tenor literal:

«Estimado primer ministro: Recordará usted que el 22 de marzo, debido a ciertas acusaciones realizadas ante el Parlamento, hice una declaración personal. En aquella época el rumor me acusaba de haber contribuido a la desaparición de una testigo y de estar involucrado en alguna posible fisura de seguridad.
Tan serias eran esas acusaciones que me permití pensar que mi relación personal con esa testigo, relación que también había sido objeto de los rumores, era, por comparación, de menor importancia. En mi declaración dije que no había habido impropiedad alguna en esa relación. Para mi profunda consternación, he de admitir que no era cierto, y que le engañé a usted, a mis colegas y a la Cámara.
Le pido que comprenda que lo hice para proteger, según pensé, a mi mujer y a mi familia, a los que también engañé, al igual que a mis asesores profesionales.
He llegado a darme cuenta de que, mediante este engaño, me he hecho culpable de una grave falta, y a pesar de que no existe verdad de ninguna clase en las demás acusaciones, no puedo seguir siendo miembro de su administración, ni de la Cámara de los Comunes.
No sabría expresarle mi más profundo remordimiento por la incomodidad que le he causado a usted, a mis colegas de gobierno, a mis electores y al partido al que he servido durante 25 años. Suyo afectísimo».

El autor de la misiva era John Profumo, un político ‘tory’ educado en Harrow y Oxford, proveniente de una familia de elevada posición económica. Elegido por primera vez miembro del Parlamento en 1940, 20 años después fue designado ministro de Defensa en el Gobierno de Harold Macmillan. Profumo era rico, inteligente y estaba bien relacionado, así que parecía destinado a desempeñar altas responsabilidades. No en vano, un sector del partido veía en él el candidato perfecto para ‘premier’ y llegó a ser notorio que el propio Profumo, ayudado por un buen puñado de leales, se venía aplicando a dicha tarea, desde hacía algunos años, con discreción. Lamentablemente para él, un asunto de faldas, mezclado con actividades de espionaje -de tintes casi peliculeros- y posibles afecciones a la seguridad nacional, puso fin a su prometedora carrera política.

La necesaria regeneración democráticaNo es, sin embargo, objeto de estas líneas el análisis del caso Profumo -ya se ocuparon de él (y de qué modo) los medios de la época-. Si lo hemos traído a colación es porque, de alguna manera, puede servir de punto de referencia en la reflexión sobre el modo en que se está abordando en nuestro país la ineludible regeneración de la vida política.

Profumo abandonó su actividad pública sin hallarse sujeto a una investigación judicial. Dimite porque miente en sede parlamentaria y la presión social y política se vuelve insostenible. En España esto puede resultar incomprensible, pues ejemplos de faltar a la verdad, tanto en el Parlamento como en otros foros públicos, hay a doquier en las últimas décadas, sin que sus protagonistas hayan dejado por ello de seguir presentes en la vida política. Pero en la Inglaterra de la época, no.

Que el ministro mintiese en la Cámara de los Comunes era, sencillamente, imperdonable. Profumo faltó a la verdad en la declaración personal que hizo en el Parlamento el 22 de marzo de 1963 y, según la costumbre, impregnada de una robusta fuerza moral vinculante, un miembro de la Cámara que hace una declaración personal nunca es cuestionado por los demás, pero se asume que deberá decir verdad; lo contrario, supone una grave quiebra de la confianza. No hace falta ninguna investigación judicial ni ninguna comisión de investigación para que la falta cometida en este contexto ponga fin, de modo fulminante, a la carrera política de quien incurre en ella. Por lo demás, la salida de Profumo tuvo como consecuencia un proceso de regeneración interna del partido ‘tory’, acometido sin grandes estridencias.

Los acontecimientos vividos en España en los últimos años han hecho que las diferentes fuerzas políticas asuman, con insólita unanimidad, la necesidad de una regeneración de la vida pública. Recientes resultados demoscópicos evidencian que existe una creciente demanda social en tal sentido. Ahora bien, más allá de la irrupción, en el escenario electoral, de nuevos partidos que han convertido esa regeneración en santo y seña de sus postulados políticos, es lo cierto que pocas medidas concretas han sido puestas en marcha en pro de tal objetivo.

Ante los numerosos casos de corrupción que han asolado nuestro país desde fechas no lejanas, la opción que se ha seguido por partidos de uno y otro signo ha sido la de judicializar la moral. O dicho de otro modo, una conducta es reprobable políticamente cuando así se deriva de una resolución judicial, normalmente de carácter penal, resolución que, a menudo, hace insostenible la situación de aquel a quien afecta.

En la España de hoy, la moralidad ajena a lo que podríamos llamar criterios jurídicos se ha hecho ausente del devenir político. No se reconoce la existencia de conductas que, aun careciendo de reproche judicial, pueden ser contrarias a la ética. Y, así, la regeneración política resulta harto compleja, cuando no imposible.

¿Cómo hemos podido llegar a este estado de cosas? El concepto patrimonialista del cargo, que, con frecuencia, cunde entre nuestros políticos, ha ayudado, desde luego, de forma ingente. Al igual que la vanidad personal que es posible detectar en muchos líderes y que se superpone al espíritu de servicio público que, al menos en teoría, debería inspirar el desempeño de los cargos. Sólo así se explica que muchos políticos, tras décadas de encadenar unos puestos con otros, no encuentren el momento para dejar paso a nuevas generaciones.

Otro factor a tener en cuenta es la férrea defensa de la marca y del sentimiento gremial o de grupo que se detecta en numerosas estructuras. El amparo -en ocasiones hasta el límite- de quien ha incurrido en comportamientos poco éticos se explica, no desde la protección del infractor en sí, sino desde la salvaguarda de la estructura misma y del poder que ésta detenta frente a los adversarios políticos, en orden a evitar posibles réditos electorales.

Todo ello nos conduce a un contexto grotesco: parece existir una voluntad tremenda de regenerar la vida política, pero, al mismo tiempo, el inmovilismo que se exhibe al respecto hace dudar al ciudadano de la realidad de ese deseo. ¿Se trata de una estrategia electoral más? Es posible, pero, entre tanto, nunca podremos llegar a agradecer del todo la labor que los jueces de este país vienen desarrollando de cara a la represión de comportamientos inaceptables y a la depuración, en el ámbito público, de quienes se muestran indignos de prestar servicios en él y que se resisten a su abandono.

No es propio de sociedades democráticas avanzadas el traslado, al Poder Judicial, de la responsabilidad de dotar de higiene ética a la política. Es verdad que las conductas delictivas hallan en la jurisdicción la sede adecuada para la exigencia de responsabilidades. Sin embargo, existe un amplio elenco de comportamientos inaceptables moralmente -como mentir- que, sin exigir la intervención judicial, deberían dar lugar a la salida de los cargos públicos que así actúan.

Quizá la primera medida a adoptar por las nuevas Cortes surgidas de las próximas elecciones generales debería ser la aprobación, con el mayor consenso posible, de un Código Ético de la actividad política, que sirva para poner negro sobre blanco esos deseos de regeneración democrática. Y, por favor, que tenga fuerza vinculante para todos, de suerte que quepa exigir el cargo a quien incurra en conductas deshonestas, aun cuando éstas pudieran no tener relevancia penal.

Iniciábamos estas líneas con el caso Profumo. Su hacer político no es el ejemplo a seguir. Pero sí dejó un legado valioso: su carta de dimisión. La franqueza de su contenido -a modo de penitencia pública- deberían servir de ejemplo para muchos que, pese a incurrir en faltas de similar o superior gravedad, se aferran a los puestos, con la sola esperanza de que una resolución judicial no les obligue a abandonar. Hoy sólo un juez puede conseguir eso. Lo demás no es preocupante.

Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

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