África prácticamente no tiene ninguna responsabilidad por las emisiones de efecto invernadero que están generando la crisis climática, ni por los conflictos o las interrupciones de la cadena de suministro que han impulsado la inflación global. Tampoco originó la propagación del COVID-19, ni provocó la crisis económica postpandemia. Y, sin embargo, es probable que los efectos de largo plazo de estas tres crisis se sientan de forma más aguda en África más que en ningún otro lugar.
El Fondo Monetario Internacional ha estimado que las necesidades financieras adicionales del continente africano resultantes de la pandemia serán de $285 mil millones a lo largo del periodo de 4 años que termina en 2025. Pero es probable que sus necesidades reales sean mucho mayores, dada la inflación, la presión de las tasas de cambio y los inmanejables niveles de deuda que socavan el ya limitado espacio de maniobra de los gobiernos para hacer las inversiones necesarias de corto y largo plazo.
A pesar de la notable resiliencia que ha mostrado el continente, el débil crecimiento económico está agravando el desafío. Por primera vez en 25 años, el África subsahariana estuvo en recesión en 2020. Y, de acuerdo con el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), la tasa de crecimiento anual de la región bajó desde un 4,5% en 2021 a un 3,5% en 2022. Se espera que sea de apenas un 3,8% este año.
Tras estas cifras hay incontables vidas arruinadas. La Comisión Económica para África de las Naciones Unidas reporta que 18 millones más de africanos cayeron en la pobreza el año pasado. Los avances logrados con tanto esfuerzo hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se han revertido. Los conflictos y los desastres climáticos -como las sequías prolongadas, las lluvias extremas y las inundaciones- están contribuyendo a la peor hambruna en décadas en el África del este. El coste humano es horripilante: se prevé que una persona morirá de hambre cada 28 segundos.
Esto debería preocupar a la comunidad internacional, y no sólo por razones humanitarias. El mundo necesita a África. No hay un camino a un futuro en común ecológico, justo y próspero que no tenga a África en un lugar central. Por consiguiente, es en beneficio del interés propio del resto del planeta el apoyar este continente, no con caridad ni donaciones, sino respaldando soluciones impulsadas por africanos, en especial aquellas que apuntan a nivelar un terreno que en la actualidad está sesgado para su perjuicio.
La asignación de derechos especiales de giro (DEG, el activo de reserva del FMI) ilustra el problema. El FMI creó los DEG para complementar las reservas de moneda de los gobiernos. Sin embargo, debido a que los DEG se emiten en proporción a las cuotas del FMI que aportan los países, los estados más pobres reciben las asignaciones más pequeñas, a pesar de necesitarlas más. Los países más ricos -que tienen mucho menos necesidad (o ninguna)- obtienen las asignaciones más grandes.
En 2021 los países del G20 prometieron canalizar al menos un 20% de sus DEG hacia África, pero hasta ahora eso no se ha hecho realidad. Un avance más rápido en este frente ayudaría mucho a los gobiernos africanos en el corto plazo, especialmente si estos DEG reciclados se canalizan a través de bancos multilaterales de desarrollo tales como el BAfD. Estas instituciones podrían, a su vez, apalancar sus propias calificaciones AAA para elevar la escala del capital movilizado por un factor de tres a cuatro, transformando, por ejemplo, $20 mil millones en proyectos financiados por los DEG en $60 a 80 mil millones, con términos significativamente mejores que los que ofrecen los mercados comerciales.
Por supuesto, un sector privado más dinámico y expansivo sería una solución de más largo plazo. Pero, tal como están las cosas, los gobiernos africanos enfrentan una penosa desventaja en los mercados privados, no en menor medida debido a consideraciones discriminatorias y subjetivas. Si se comparan las primas de riesgo de los estados africanos con los no africanos con calificaciones de crédito similares, se encuentran diferencias de entre 150 puntos base a más de 650 pbs, lo que algunas veces refleja una falta de conocimiento en terreno y cierto nivel de arbitrariedad.
Se necesita con urgencia una conferencia de agencias calificadoras de crédito, inversionistas y gobiernos africanos que aborde de una vez por todas esta intolerable discriminación, que equivale a un potente freno al progreso. Una vez más, esto no significaría un acto de caridad ni un tratamiento especial, sino un paso para nivelar el terreno, de modo que las soluciones impulsadas por africanos puedan funcionar. Si se elimina la “prima de riesgo africana” se destrabaría un capital sumamente necesario para invertir en desarrollo verde, incluida la transición hacia energías más limpias.
La Alianza por la Infraestructura Verde en África (AIVA) es una iniciativa impulsada por africanos que podría avanzar en esta dirección. Presentada por el BAfD, la Unión Africana, Africa50 y otros actores en la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU, celebrada en noviembre último en Egipto (COP27), la AIVA busca recaudar $500 millones en subsidios, recursos concesionados, y finanzas comerciales y mixtas para proporcionar capitales para el desarrollo y la preparación de las primeras etapas de los proyectos de iniciativas verdes. Mediante la mitigación de las altas tasas de interés y la falta de tolerancia al riesgo para África, esto podría generar una veloz creación de una sólida cadena de proyectos verdes financiables. La AIVA se propone destrabar al menos $10 mil millones en inversiones en infraestructura verde.
En otros lugares hay en marcha esfuerzos similares. Un ejemplo notable es la ambiciosa Iniciativa Bridgetown, propuesta por la primera ministra barbadense Mia Amor Mottley para generar espacio fiscal adicional para el desarrollo, así como para la mitigación, la adaptación y la respuesta a las pérdidas y daños provocados por el cambio climático. Otra es el grupo V20 de países en desarrollo vulnerables al cambio climático, actualmente presidido por el ministro de finanzas ghanés Ken Ofori-Atta.
En los próximos meses habrá varias oportunidades de hacer buenos avances. Las reuniones recién terminadas del BAfD en Sharm el Sheij la semana pasada fueron un importante punto de partida. El próximo mes se celebrará la Cumbre para un Nuevo Pacto de Financiación, una importante conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo e inversiones verdes. Y en septiembre se realizará en Nueva Delhi la Cumbre de los Líderes del G20, evento del que todavía África depende de una invitación, aunque su peso económico y demográfico la hace merecedora de ser miembro permanente (representada por los presidentes de la Unión Africana y la Comisión de la Unión Africana, como sucede con la Unión Europea en la actualidad).
Esto encuentros tienen el potencial de hacer que África emprenda un nuevo rumbo. El apoyo internacional es crucial, pero ese rumbo ha de ser trazado y dirigido por el continente mismo.
Amadou Hott is Special Envoy of the President of the African Development Bank for the Alliance for Green Infrastructure in Africa. Mark Malloch-Brown, a former deputy United Nations secretary-general and co-chair of the UN Foundation, is President of the Open Society Foundations. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.