La necesidad de recuperar la vida cotidiana

El comunicado de ETA del 20 de octubre sobre el fin definitivo de la violencia ha llegado tarde, pero ha llegado. No ha habido una explosión de alegría popular (no podía haberla tras los desengaños precedentes y tras la estela de dolor generado durante más de 40 años), pero sí una esperanza cautelosa ante un futuro que está aún por escribir.

El País Vasco -una sociedad con un alto nivel de vida- ha llegado de una forma acumulativa a un deterioro grave de la convivencia. La situación de terrorismo prolongado ha afectado a toda la sociedad. Más allá de la tragedia de las más de 800 víctimas y de la de quienes han abandonado el País Vasco por motivos políticos, ha habido varios miles de personas amenazadas a causa de su profesión, su compromiso político o su valentía moral para denunciar la intolerancia. La condición de amenazado repercute negativamente en el bienestar emocional. Las víctimas se han visto obligadas a modificar su vida cotidiana en diversas formas: no disfrutar de intimidad (al vivir con escoltas), no poder acudir a lugares calientes, aislarse en casa (o sentirse forzadas a salir fuera) los fines de semana y romper con hábitos de vida regulares, lo que supone un gran coste de energía.

La dictadura del terror ha calado también en las personas no amenazadas, que han subordinado, con honrosas excepciones (ahí está la espléndida labor de Gesto por la Paz o de Basta Ya), los aldabonazos de la conciencia a la comodidad de la convivencia. Muchas de ellas no han estado de acuerdo con el terrorismo, pero se han callado, siempre que no haya afectado a alguno de los suyos. A nivel psicológico, al no poder vivir en la permanente tensión de los asesinatos y las extorsiones a otras personas y tener que prestar atención a los requerimientos de la vida diaria, se han activado en los ciudadanos mecanismos de defensa contra esa perversión de valores. Así, se ha minimizado la evidencia, se ha deformado la cruda realidad (eso es un problema de otros) y se han inhibido los sentimientos de compasión, alejándose de las víctimas, para que todo ello les permitiera vivir con tranquilidad.

Muchos empresarios, aun rechazando el terrorismo pero conscientes del uso que se iba a dar a su dinero, no han tenido empacho en pagar a ETA para salvaguardar su bienestar y el de sus familias. Las excepciones (¿cómo olvidar la carta pública dirigida a ETA del empresario Juan Alcorta en 1980, año en el que hubo 98 asesinatos?) merecen toda nuestra admiración. A su vez, el resquebrajamiento de la ley ha propiciado la existencia de ciertos epifenómenos, como el terrorismo de Estado o el recurso a la tortura, que resultan éticamente repudiables en una sociedad democrática. Tampoco aquí se puede mirar a otro lado.

En definitiva, se ha asumido demasiado fácilmente que cada uno se ocupe de lo suyo y que cada cual se las arregle como pueda. Ha habido en estos años un tono de cautela en el hablar y hasta en el mirarse los unos a los otros. Esta ley del silencio ha generado una profunda desconfianza y un embotamiento de la sensibilidad, cuando no una degradación moral, que envilece a la condición humana.

Sin embargo, la sociedad vasca puede y debe salir de este atolladero. Todas las personas y los grupos humanos cuentan con un mecanismo adaptativo de supervivencia. Por muy terrible que haya sido la experiencia vivida, siempre cabe la posibilidad de cerrar las heridas. No se trata de olvidar lo inolvidable (tarea, por lo demás, imposible), sino de recuperar la capacidad de hacer frente a las necesidades del presente y de mirar al futuro con esperanza. El punto final de la violencia de ETA debe ser el principio de esta regeneración moral.

Aprender a convivir en libertad es el reto más inmediato. A ello va a ayudar un manejo adecuado de los tiempos. El lenguaje debe ser utilizado con precisión. Carece de sentido, por ejemplo, hablar de reconciliación entre las víctimas y los verdugos porque solo se pueden reconciliar aquellas personas en las que ha habido una buena relación anterior y esta se ha deteriorado. Y este no es el caso de las víctimas. Con ellas no hay que hablar de sentimientos, sino de justicia. No se trata de elaborar un mapa del dolor, sino de reparar, allí hasta donde sea posible, el daño causado. No se puede soslayar ni distorsionar el pasado porque la memoria de las víctimas debe convertirse en una exigencia permanente de deslegitimación de la violencia. La aplicación de la justicia, con la flexibilidad requerida en cada caso, y el cumplimiento de las leyes son requisitos necesarios para restablecer una convivencia en libertad. La impunidad de los verdugos aviva el dolor de las víctimas, mientras que el amparo de la ley y la ausencia de nuevas víctimas tienen un efecto balsámico sobre ellas.

La reconciliación debe referirse a la reanudación de la relación deteriorada entre sectores sociales enfrentados (nacionalistas y no nacionalistas) o entre fracciones del mismo sector (nacionalistas moderados y nacionalistas radicales). La existencia de un terrorismo prolongado ha envenenado la convivencia, incluso en el seno de las familias, y, por ello, la reconciliación tiene pleno sentido en este contexto.

Más problemática es la necesidad del perdón. Pedir perdón y perdonar es bueno para el bienestar emocional de los agresores y de las víctimas, respectivamente. Pero no puede ni debe ser obligatorio para el verdugo solicitar el perdón ni concederlo a la víctima. El perdón afecta a la esfera personal y tiene que transmitir autenticidad; cuanto más discreto sea, más auténtico es. Lo que hay que exigir al agresor, más allá de las muestras de arrepentimiento subjetivas, es el reconocimiento del daño causado y las obligaciones objetivas que ello puede llevar aparejadas (resarcimiento económico, compromiso con la no-violencia o alejamiento de las víctimas). Es decir, la reinserción debe ser un proceso activo e individual que denote una actitud positiva por parte del agresor y que no sea meramente el resultado de un indulto generalizado.

Hay muchas personas, vinculadas al nacionalismo radical, que se han mostrado durante años intolerantes con quienes no compartían sus postulados políticos y que han ejercido una auténtica dictadura del terror, especialmente en los municipios pequeños. A estas personas hay que recuperarlas para la sociedad y enseñarles hábitos democráticos. Lo fundamental es eliminar el odio del corazón. La mordedura de una víbora no mata; lo que mata es el veneno (odio) que deja dentro. Ello va a requerir tiempo porque sus conductas de intransigencia están sobreaprendidas. Hay ahí una responsabilidad pedagógica de la izquierda abertzale para reconducir a la democracia a sus cachorros y la necesidad de una actuación firme del conjunto de la sociedad para cortar de raíz cualquier brote de intolerancia. La familia y la escuela deben implicarse activamente en este proceso de educación para la convivencia.

Desaparecida ETA, los conflictos van a expresarse y resolverse por vías democráticas. En realidad, en el País Vasco no hay un conflicto político, sino muchos conflictos, que, como en todas las sociedades, deben solucionarse con las leyes. En otros lugares (Quebec, Flandes, Escocia o Gales) hay también problemas de identidad nacional, pero allí no se ha matado a la gente disidente ni se ha secuestrado ni extorsionado a los empresarios.

Hay que ser razonablemente optimistas. Reaprender a convivir en libertad, con respeto (no solo tolerancia) a los diferentes, es una tarea apasionante. Las nuevas generaciones nos van a exigir superar las heridas del pasado y afrontar los retos del futuro. Es algo que se lo debemos a todas las víctimas. Nos va mucho en ello.

Por Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco, autor de Superar un trauma y coautor del Manual de victimología.

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