La necesidad de un ministerio

El pasado 6 de junio, las rectoras y rectores de las 76 universidades —públicas y privadas— de Crue Universidades Españolas decidimos en nuestra última Asamblea General solicitar al futuro Gobierno de España que mantenga bajo el mismo ministerio los ámbitos de Ciencia, Innovación y Universidades. Los nuevos desafíos de la globalización requieren que las universidades tengamos un interlocutor dedicado en exclusiva a esas tres áreas clave en la construcción de una economía del conocimiento para, así, poder colaborar y alinear con mayor eficiencia las políticas de Universidad e investigación, tal y como sucede en los países más desarrollados. Necesitamos garantizar una óptima coordinación con otros ministerios para la elaboración de cualquier normativa que afecte al sistema universitario español.

La experiencia nos dice que cuando la educación terciaria ha compartido cartera ministerial con la educación obligatoria, el peso político de esta última ha jugado en detrimento de las universidades. Y son muchos, y urgentes, los asuntos de la Academia que no pueden sufrir más demoras, riesgo que se corre si se diluye la atención que este Gobierno nos ha dedicado a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En estas cuatro décadas de democracia, las universidades hemos sido un potente motor de progreso y el principal ascensor social de muchos españoles. Para entender el milagro español es imprescindible mirar la aportación de las universidades y, sin embargo, sufrimos desde hace ya demasiados años una insuficiente financiación que pone en riesgo nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades, como ya nos indican los últimos estudios que alertan sobre el creciente peso de los condicionantes socioeconómicos en el acceso a la Universidad. También pone en riesgo la transformación de un modelo basado en el conocimiento, absolutamente necesario. La falta de recursos pasa factura a las políticas de becas y ayudas, a la captación y retención de talento y a la internacionalización de nuestros estudios.

Si queremos seguir mejorando el sistema universitario español, que está entre los 10 más productivos y equitativos del mundo, debemos mantener un diálogo cada día más constructivo con los responsables del diseño de leyes y reglamentos cuyo fin sea mejorar la educación superior. El Estatuto del Personal Investigador en Formación, la Ley de Contratos del Sector Público o el RDL de prácticas académicas externas son ejemplos de medidas que, pese a su buena filosofía de fondo, ahora exigen un desarrollo y aplicación quirúrgicas si no queremos acabar perjudicando a la comunidad universitaria, empezando por los propios estudiantes. Con un ministerio volcado en resolver con nosotros estos temas, es factible llegar a una solución sensata en un tiempo razonable. Si el ministerio ha de atender paralelamente estos asuntos y el sempiterno pacto de Estado por la educación [no universitaria] o la enésima ley escolar las posibilidades se reducen considerablemente.

Es en la Universidad donde se produce casi el 70% de la investigación que después dará lugar a soluciones que mejorarán la vida de todos y es en nuestros campus donde el impulso al cumplimiento de la Agenda 2030 está consiguiendo que el compromiso de España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se reconozca a nivel internacional. Nuestro deseo de seguir devolviendo a la sociedad la confianza depositada es lo que nos mueve a pedir constantes mejoras; es esa misma vocación de servicio la que nos llevó el pasado 26 de septiembre a reclamar en el Congreso de los Diputados una nueva Ley de Universidades que nos dote de los recursos necesarios para conducir a este país hacia un verdadero Estado del bienestar. No hay otro camino. La educación debe dejar de verse como un gasto y considerarse una inversión fundamental. Y rentable. No tanto porque por cada euro de financiación a las universidades españolas se generen cuatro, sino porque invertimos para que nuestro futuro esté en las mejores manos. Las rectoras y rectores queremos seguir cumpliendo con nuestra misión, en mayúsculas, y contribuir al progreso de la sociedad a través de la mejora de la educación superior. Pero pese al principio de autonomía universitaria que recoge la Constitución, nuestra capacidad real de decisión es mínima una vez que hemos pagado nóminas y gastos corrientes. Es cierto que necesitamos grandes cambios para seguir cumpliendo satisfactoriamente nuestra misión. Pero también necesitamos algo tan sencillo como mantener un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que nos permita abordar sin interferencias las cuestiones relativas a la educación superior universitaria. No hacerlo implicaría un retroceso estratégico en el objetivo compartido de hacer avanzar a nuestros ciudadanos hacia un mundo mejor. Estamos convencidos de que no es ese el deseo del futuro Gobierno de España.

José Carlos Gómez Villamandos es presidente de Crue Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *