El acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas, firmado el pasado 25 de septiembre por tres partidos españoles [Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba], uno francés, un movimiento que se llama a sí mismo izquierda abertzale (patriótica), varios sindicatos y asociaciones, que reduplican a los cinco entes políticos, es una segunda parte, más breve y más concreta, de las Bases del acuerdo entre IA y EA del 20 de junio pasado.
El «conflicto político» y la «confrontación violenta» -no se dice entre quiénes- se quiere sustituir ahora por una «situación de no violencia con garantía y un primer estadio de normalización política», cuyo primer contenido es el más sensacional: «la declaración de ETA de un alto el fuego permanente, unilateral y verificable».
No se equivoque nadie: es sólo el primer contenido de un primer estadio, cuyo segundo es el de siempre, como veremos: la exigencia y la imposición de ETA, apoyada antes y ahora por todos los que coinciden con sus objetivos políticos.
Otros de los contenidos de este primer estadio es el «reconocimiento de los derechos civiles y políticos», que no se precisan, pero que, por muchos textos anteriores de los firmantes, sabemos bien cuáles son. Tampoco nos dicen qué «derechos fundamentales» se vulneran en esa ley de partidos políticos, cuya derogación exigen. Y el tercer contenido es nada menos que «el cese de la política penitenciaria», como «primer paso del camino hacia la amnistía», que conduzca a la ausencia total de «presos y presas políticas» (sic) y exiliados «a consecuencia del conflicto político».
Si los presos etarras encarcelados por asesinatos sin cuento son «presos políticos», como los cubanos que han ido llegando a España, ¿cómo no van a pedir los firmantes una nueva, una enésima amnistía?
Al final de este primer estadio, agentes internacionales verificarían la no vulneración de derechos humanos en España. Nada menos.
Como lo que se pretende en todo el acuerdo es equiparar a ETA con el Gobierno español (con España, en definitiva), los firmantes piden a los dos contendientes ese primer escenario de no violencia. Sorprende, la verdad, que no se pida nada a Francia (perdón, al Estado francés), estando entre los firmantes un partido de esa nacionalidad.
Pero la enjundia del acuerdo presente es la eterna conditio sine que non para alcanzar eso que todos los independentistas vascos han llamado «paz» y «solución democrática»: «el diálogo y la negociación». Las reclamaron desde el momento en que los terroristas vieron imposible la insurrección del pueblo vasco, como soñaron un día. Desde que comenzaron sencillamente a matar a mansalva o selectivamente, intentando imponer al odiado Estado español la mesa o las mesas de negociación, y doblegarlo por todos los medios a ceder ante sus chantajes.
Una negociación, que no es tal, porque todo está decidido y determinado de antemano, que comienza, como aquí se repite, por el reconocimiento de «la realidad nacional vasca», territorialmente fijada -cosa que, no lo olvidemos, no ha existido nunca- y del llamado «derecho a decidir», un eufemismo jurídico y político del «derecho de autodeterminación», repetido una y otra vez hasta la saciedad, con el único objetivo de conseguir la independencia. Por cierto, ese «derecho a decidir» tampoco existe en la legislación internacional.
Para coronar la novedad, tan antigua como la existencia de ETA y de Batasuna-ETA (según todas las instancias judiciales españolas y europeas), no podía faltar el recurso retórico del reconocimiento, la reconciliación y la reparación de «todas las víctimas, originadas por el conflicto político y la realidad de múltiples violencias». Lo que supone, claro, una nueva e injusta equiparación entre las víctimas. Y, sobre todo, una nueva exculpación y justificación de la existencia de la banda terrorista, que no habría sido sino la consecuencia de un «conflicto político», como llevan décadas sosteniendo todos sus brazos políticos.
Nada nuevo, por tanto, en la entraña política del nuevo acuerdo presentado el pasado fin de semana. La novedad son los acompañantes políticos de la tradicional Batasuna, convertida ahora en izquierda abertzale (patriótica).
Pero, lo reconozcan o no algunos de ellos, lo que aquí se pide y exige es toda una recompensa a ETA por su larga actuación criminal. Una justificación solemne. Hagan lo que hagan y digan lo que digan los mediadores internacionales, que confundieron desde un principio Euskadi con Irlanda del Norte (parte del Reino Unido), y con la Suráfrica del Apartheid.
Víctor Manuel Arbeloa, escritor, ex senador y ex eurodiputado socialista.