La no política en la decisión sobre el Sáhara español

La esencia de la política es el ejercicio del poder, entendido como capacidad de imposición de las decisiones de un individuo o de un grupo sobre otros de forma irresistible. Podemos conformarnos con esta definición restrictiva e identificaremos así formal y materialmente, sin más aditivos, la política con el poder, en los términos formulados por Maquiavelo, como el arte o la técnica para la consecución y mantenimiento del poder. Sería pues política toda decisión encaminada a obtener y conservar el poder por parte de un sujeto o un grupo dentro de una comunidad. Esta concepción es tributaria de su tiempo, en el que se hacía necesario superar la ineficacia de la poliarquía medieval para la construcción de comunidades más amplias a través de un sujeto -el príncipe- que, acumulando en sí todo el poder efectivo organizase eficazmente una nueva extensión territorial sobre la que desplegar su acción, sirviéndose de las nuevas técnicas que los avances científicos ponían a su disposición; es decir, alumbrando los estados nacionales.

Vemos así que, ya en sus primeras formulaciones teóricas, el poder político rebasa las meras pretensiones de su ejercicio y requiere de una meta. No es suficiente con la adquisición y mantenimiento del poder para agotarlo en su mero ejercicio, sino que ha de estar orientado a una finalidad comunal. Esta peculiaridad diferenciadora hace que el poder político sea un poder omnicompresivo, es decir, capaz de comprometer a la sociedad toda en la consecución de los objetivos definidos, distinguiéndose así de otro tipo de poderes sectoriales, como el económico, el mediático o el profesional que no van a poder concitar en su ejercicio el auxilio y el compromiso de los grupos ajenos a cada uno de ellos.

El carácter finalista y general es común a todo tipo de poder político. Está presente también en los estados de corte autoritario, en los que el grupo o individuo dirigente suele invocar ideales previsiblemente plausibles para toda la comunidad, tales como la dignidad nacional, la defensa de la fe compartida o el mantenimiento de la integridad territorial.

Pero si al poder político le añadimos también el calificativo democrático, entonces nos encontramos con nuevos requisitos. El profesor Peces-Barba afirmaba que al hablar en la actualidad de poder político nos estamos refiriendo "a un poder único, por el que Estado no le reconoce superior...a un poder abierto a la realidad social y a la democracia...a un poder institucionalizado, integrado en torno a ideales, a valores, a principios... y a un poder complejo, con plurales fuentes en su formación". Es decir, el poder político democrático, para merecer tal nombre, ha de producir decisiones que comprometan a la sociedad en la consecución de determinados ideales y valores superiores, generadas a través de procedimientos dialógicos entre todos los grupos significativos.

¿Y cuáles han de ser esos valores? ¿Los que definan cada uno de los sujetos que detenten coyunturalmente el poder? Evidentemente, no.

Es la norma fundamental de los ordenamientos jurídicos democráticos, en su pretensión y función de regulación del poder, la que establece los valores superiores a los que ha de orientarse necesariamente el ejercicio del poder por parte de sus diferentes detentadores temporales. En el caso de España, la cuestión está claramente definida en el primer precepto de nuestra norma fundamental, toda vez que el artículo 1.1. de la Constitución de 1978 proclama: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político»

Pues bien, por todo ello, resulta que la decisión adoptada por el gobierno español -hecha pública el 18 de marzo- de reconocer las pretensiones marroquís de ocupación del antiguo Sáhara español, apartándose de la necesaria celebración de un referéndum de autodeterminación, exigido reiteradamente por las diversas resoluciones de Naciones Unidas adoptadas en el seno de la Comisión Política Especial y de Descolonización, obviando así de manera significativa las normas del derecho internacional general, no puede encuadrarse en la categoría de las decisiones políticas propias de un Estado moderno.

La nueva decisión del gobierno español parece ser consciente de su falta de talla para alcanzar la consideración de política porque en la misma se ejercita un juego de regate corto, un vuelo gallináceo que ni tan siquiera trata de invocar valor superior alguno en favor de su fundamento. En la misma se habla de "el inicio de una nueva etapa en la relación de estos países basada en el respeto mutuo, el cumplimiento de los acuerdos, la ausencia de acciones unilaterales y la transparencia y comunicación permanente" que se desarrollará "en una hoja de ruta clara y ambiciosa" con el fin de "garantizar la estabilidad, la soberanía y la prosperidad" de ambos países.

Ni una sola mención a la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, ya sea de forma directa o derivada; antes bien, todas las razones justificantes no pasan de la naturaleza del mero interés, de la conveniencia, del cálculo, de la tranquilidad. La decisión por otra parte, a pesar de su relevante importancia para la dirección de la política exterior española, parece haber sido adoptada sin el grado de acuerdo necesario entre los grupos parlamentarios presentes en la sede de la soberanía nacional. Es decir, no puede pretender revestirse de la cualidad de "decisión política" y por ello resulta inválida para comprometer a la sociedad española en su desarrollo y ejecución.

Javier Sánchez Sánchez es profesor de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Autor de 'La formación de los derechos' (2020) y coordinador del 'Compendio de Derechos Fundamentales. La libertad en español' (2021).