La «nueva España»: la insolidaridad estructural

El líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE. (EFE/ Eva Ercolanese)
El líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Comité Federal del PSOE. (EFE/ Eva Ercolanese)

Tras haber visto la semana pasada como la “nueva España” de la Nación de naciones no casaba bien con el valor de igualdad ontológica de los ciudadanos en una democracia moderna, observamos que el concepto de solidaridad, la versión moderna del valor republicano de fraternidad, sufre también de confusiones. La más grave se debe, precisamente al cambio de nombre que hemos citado. En efecto, si la solidaridad debe ser la clásica fraternidad, o sororidad también, debe serlo entre individuos, entre ciudadanos. Sin embargo la solidaridad que se pregona y utiliza para la “nueva España” es la solidaridad entre territorios. Este tipo de solidaridad existe en muchas organizaciones, como la UE, la OTAN, la UNESCO, etc… o acciones como la ayuda al desarrollo, o el socorro internacional ante grandes catástrofes entre otras.

Pero ese no es el valor fundamental para una democracia integrada de ciudadanos implicados e imbricados en un proyecto común llamado Nación (o Patria si se prefiere). Lo que debe ser consustancial a una democracia nacional de ciudadanos libres es la solidaridad individual como acción permanente y dinámica. Citemos de pasada que en esta España ni siquiera funciona, ni funcionará, la solidaridad territorial inmaterial cuando por ejemplo, un territorio combate para procurar algún tipo de libertad, perdón o exaltación en su territorio, usando su capacidad legislativa distinta (penitenciaria) a unos asesinos que sembraron el horror y el dolor por toda España. Pero en este breve billete nos centramos en el aspecto más flagrante de la solidaridad entre españoles, que debe ser organizada por el Gobierno de todos, y que es la cohesión económica y un acceso a un Estado de bienestar de la misma calidad en todo el territorio nacional, por esquematizar.

Esencialmente un Gobierno nacional desarrolla este cometido a través de dos políticas claves: las políticas de redistribución, que consisten en utilizar parte de los impuestos para corregir graves desigualdades económicas y erradicar situaciones de extrema necesidad y, muy particularmente en aplicar inversiones en infraestructuras (sanidad, educación, transportes, administración de Justicia, fuerzas de seguridad, etc…) que permitan que todo ciudadano tenga la posibilidad de acceder a un nivel equivalente para sus necesidades específicas. No se trata de que cada ciudadano tenga el mejor oftálmogo a la puerta de su casa, sino, para un país mediano como España, que haya un hospital puntero, o una clínica oftalmológica puntera al que los casos graves puedan desplazarse con toda facilidad física y administrativa. Viva en Ceuta o en Hernani y esté el médico en La Coruña. Pues bien, tal y como se ha creado la “Nueva España”, eso es sencillamente imposible. Nuestra vieja Nación, ahora, está estructurada de tal forma que cada territorio es el responsable de la cohesión socio-económica de los habitantes de su región y de las infraestructuras en su región.

Y, por motivos electorales tanto como por necesidades materiales de partida, muy distintas, los Gobiernos regionales pugnan por sustraer recursos de otras regiones para consolidarse en su taifa atendiendo al bien común, exclusivamente de su taifa. La dinámica es, por pura lógica, anti solidaria, como se pudo apreciar, palmariamente , en el luctuoso periodo de la COVID. Además hay estudios (Picketty) que demuestran que con una cesión del 50% del IRPF a las regiones, no es posible materialmente que el Gobierno Confederal pueda desarrollar una política redistributiva. ¿Qué decir cuando el señor Pradales pretende obtener 12.000 millones de las cuentas públicas para mejorar las pensiones de los jubilados residentes en Vascongadas? (disimuladamente, eso sí, igual de solidario que el cupo vasco, por supuesto). Con las transferencias de competencia y la capacidad legislativa disparatada no se ha descentralizado España, sino que se la ha multicentralizado, creando nuevos centros de poder que pugnan por su poder. Es lo propio de una Confederación cuya dinámica inevitablemente es insolidaria. Ante un devastador y puntual incendio en los confines, por ejemplo, Madrid enviará toda la ayuda puntual necesaria, incluso a Portugal. Pero en el día a día trabajará para que sus habitantes sean más ricos que los demás.

Así es la “nueva España” que se ha instaurado, una España lejos de la que creyeron ahormar los que votaron sí a la Constitución del 78. Puede que sea la que prefiere la mayoría de los ciudadanos con DNI español, pero es tal el cambio sobre lo previsto que convendría pararse y preguntárselo…tras haber explicado muy bien los pros y los contras, que ahora son más difíciles de esconder.

Por Enrique Calvet Chambon, ex europarlamentario y Presidente de ULIS.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *