Ciento treinta y siete mil empresas menos desde el inicio de la crisis, cuarenta mil del sector industrial. Tres millones y medio de ocupados menos, novecientos mil en la industria… Cuando las cifras evidencian la crudeza de la realidad, hay tiempo para la reflexión y sobre todo para preguntarnos: ¿estamos haciendo lo correcto?
No es momento de lamentaciones. Es momento de reivindicar el potencial de nuestra economía y es el momento de actuar para restablecer la confianza en el país. Pero es también el momento de mirar más allá y preguntarnos hacia dónde queremos que transite nuestra economía. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia competitiva como país en la economía global? ¿Hacia dónde dirigimos nuestras energías, nuestros talentos, nuestras ilusiones? ¿De qué vivirán los españoles en el futuro? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
La crisis financiera que venía gestándose en la primera década del presente siglo se destapó con toda virulencia en el año 2008, contagiando sus perniciosos efectos sobre la economía real, que se ha traducido en un fuerte deterioro del crecimiento económico con dramáticas tasas de desempleo. Por su carácter repetitivo y profundo, se la ha venido a denominar como la «Gran Recesión».
Sus efectos en España han sido muy llamativos, por cuanto acumula la tasa de paro más elevada en términos de economías comparables del mundo desarrollado. Asimismo, la pertenencia a la moneda única ha exigido un intenso proceso de devaluación interna para mejorar la competitividad, lo que resulta imprescindible para encarar con éxito la próxima recuperación económica que sin duda habrá de llegar.
Para completar el ajuste se ha acompañado de un conjunto de reformas estructurales que han operado en tres ámbitos fundamentalmente. En el financiero, con el objeto de devolver la solvencia perdida y favorecer la financiación de la economía. En el sector público, ante la necesaria y drástica reducción del déficit que amenazaba la solvencia de todo el conjunto de la economía y se adentraba en el sombrío escenario del rescate europeo. Y en el ámbito del mercado de trabajo, imprescindible para introducir la flexibilidad necesaria para lograr una adecuación entre la oferta y la demanda, ya que, de no ser así, ni se favorecería la creación de empleo ni se reduciría el asfixiante paro que padecemos. Todo este conjunto de medidas de política económica se ha llevado a cabo con gran celeridad y en el escaso periodo de tiempo de los últimos doce meses. Aunque todavía queda mucha tarea por hacer, todo ello ha propiciado que los inversores internacionales hayan comenzado a recuperar la confianza perdida en las posibilidades futuras de la economía española dentro del contexto internacional. Ello se explica fundamentalmente porque se ha frenado el deterioro de la posición neta financiera con el resto del mundo, evitándose la salida masiva de capitales y a la vez regresando el crédito de manera paulatina. Dos indicadores reflejan esta situación: por una parte, la prima de riesgo del bono español, que ha descendido de máximos de 600 puntos básicos hasta casi la mitad; por otra, el equilibrio del saldo de la balanza por cuenta corriente que refleja las necesidades de financiación de la economía con el resto del mundo, pasando de representar el 10% en términos del PIB en el año 2007 al equilibrio en diciembre de 2012.
La cuestión que se suscita ya ha sido planteada de manera reiterada por los inversores internacionales y la mayoría de nuestros tradicionales competidores: ¿ustedes a qué se van a dedicar? La respuesta no es sencilla, pero se puede echar mano del conocimiento que tenemos disponible en la explicación de los hechos económicos. Si hemos de pensar en el futuro, parece arriesgado sustentar el crecimiento de la economía y del empleo en el exclusivo avance del sector servicios en el conjunto de la actividad económica. Es un hecho contrastado que cada vez resulta más difícil dibujar un límite claro entre los sectores tradicionales de la agricultura, la industria y los servicios. Por su parte, la desagrarización y la desindustrialización de las economías maduras en favor del sector servicios constituyen fenómenos comunes a todas ellas. Ahora bien, la evidencia empírica demuestra que el sector industrial disfruta de niveles de productividad notablemente superiores a los del resto de los sectores. Así lo demuestran los datos tanto a nivel internacional como para la economía española. Resulta significativo que el peso de la industria en el PIB español haya pasado de representar un 30% en la década de los años setenta al 13,5% de la actualidad, y el índice de producción industrial no ha mostrado progreso alguno en los últimos treinta años.
Esta preocupación es compartida por economías tan dinámicas como la de los EE.UU. de América. Es lo que se ha venido en denominar, como lo expresaba gráficamente el semanario The Economist en su portada de abril del pasado año, The third industrial revolution. ¿Estamos ante un nuevo paradigma? La realidad nos muestra que las ventajas competitivas que inicialmente presentaban las economías emergentes se van estrechando en relación con los países industrialmente maduros. Tal es el caso de la República Popular China, cuyos costes laborales en determinadas manufacturas presentan diferencias no superiores al 15%. ¿Se puede permitir Europa, o más concretamente España, obviar estas consideraciones? No parece lo más recomendable, antes al contrario, salvando las distancias no debería caer en saco roto recuperar algo del conocido cost desease de Baumol, que fija límites al crecimiento en función de las diferentes productividades de la industria manufacturera frente a la gran mayoría de los servicios. La causa obedece a que presentan una mayor dificultad de incorporar innovación tecnológica, dado que el bien producido lo constituye fundamentalmente el trabajo sin aporte de factor capital, lo que le impide a su vez incrementar su productividad. Urge por tanto repensar las nuevas fronteras industriales alejadas de las antiguas industrias tradicionales y fijar la atención en innovar procesos, nuevos materiales, la eficiencia energética y la robótica… ¿Qué papel debería jugar la política industrial? Si miramos hacia atrás, el dirigismo del sector público no ha obtenido los mejores resultados, por lo que no parece lo más recomendable.
El sector público debería contribuir a dibujar un marco de condiciones objetivas en el que la iniciativa privada cuente con los suficientes incentivos y recursos para acometer los diferentes proyectos. Una fiscalidad adecuada, la reorientación del sistema nacional de innovación, la eliminación de barreras de entrada y salida, un mayor impulso a las microempresas, el apoyo a los emprendedores y la mejora en el acceso a la financiación son algunas de las diferentes actuaciones. La política de austeridad es condición necesaria, pero no suficiente. Se hace necesario avanzar con prontitud en estos nuevos desafíos. España es una gran nación, y siempre que se le ha pedido esfuerzo y rigor se han obtenido inmejorables resultados. Recuperar la autoestima colectiva y acometer estos nuevos retos constituye una tarea que debemos afrontar entre todos.
Por Fernando Becker, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos.