La nueva manera de silenciar periodistas: encarcelarlos durante la pandemia

La misma crisis de salud global que está fomentando el resurgimiento de gobiernos autoritarios por todo el mundo, cobró la vida de tres periodistas encarcelados el mes pasado.

Mohamed Monir en Egipto, David Romero en Honduras y Azimjon Askarov en Kirguistán vinieron de diferentes lugares del mundo. Sin embargo, cada uno pasó su vida expresando su desacuerdo y crítica en lugares donde hacer eso significó un gran riesgo personal.

Sus muertes evitables reafirman el hecho de que no existe otro evento o tendencia política en memoria reciente que haya sido más destructivo para la libertad de prensa que la pandemia del COVID-19.

Mantener periodistas en prisiones o arrestarlos por cubrir los últimos acontecimientos tiene implicaciones radicalmente diferentes en la actual crisis sanitaria. Los detenidos tienen muchas más probabilidades de enfermarse o incluso morir debido a la falta de atención adecuada.

Esa fue la suerte de Monir, un periodista egipcio cuyo arresto reporté el mes pasado. Monir fue acusado de propagar noticias falsas durante una participación en la televisora Al Jazeera, donde criticó la manera como el gobierno del presidente, Abdulfatah al Sisi, estaba manejando la pandemia del coronavirus. El reportero de 65 años contrajo el virus durante su detención preventiva y falleció el 13 de julio. Al menos 10 periodistas han sido arrestados en Egipto desde el inicio de la pandemia.

Askarov, de la etnia uzbeka, había estado en prisión durante los últimos 10 años cuando murió el 25 julio. Había sido arrestado en junio de 2010 por su cobertura de los conflictos civiles en el sur de Kirguistán, y antes de eso estuvo años reportando sobre la corrupción dentro del aparato jurídico y policial. En 2016, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas dictaminó que Askarov estaba siendo detenido de forma arbitraria por motivos políticos. Sin embargo, eso no disuadió al gobierno de mantenerlo encerrado a pesar de sus problemas de salud.

Al momento de su muerte, Askarov había sido trasladado a una famosa prisión cerca de Biskek, la capital, donde también se le negó atención médica adecuada. Aunque las autoridades de Kirguistán no han confirmado de manera oficial que el COVID-19 fue la causa de muerte, la esposa de Askarov y otros observadores afirman que casi no hay dudas al respecto.

Romero fue un periodista de investigación que, en 2015, sacó a la luz un escandaloso fraude en el nivel más alto de gobierno. Descubrió al presidente Juan Orlando Hernández desviando fondos públicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social para su propia campaña electoral.

“Sé que pueden matarme, y si eso llega a pasar, la persona responsable es el presidente", se afirma que dijo Romero al momento de su arresto en 2019.

La difamación, el cargo por el que Romero estaba cumpliendo una sentencia de 10 años cuando falleció, había sido despenalizada a principios de año. Romero debió haber sido liberado.

Tras la muerte de Romero, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, calificó el hecho como un asesinato realizado por el régimen de Hernández. “Se dio la orden de que cumpliera una condena injusta y no sacarlo de la cárcel hasta que se infectó de COVID-19”, afirmó Zelaya.

Es una desgracia que los poderes oportunistas y cobardes que encarcelaron a estos periodistas los hayan mantenido tras las rejas sabiendo que eso incrementaría de manera dramática el riesgo de que pudieran contraer la enfermedad. Las autoridades, sencillamente, dejaron que el virus hiciera el trabajo sucio por ellos.

En los primeros días de la era del COVID-19, los activistas advirtieron que los gobiernos podrían usar la pandemia para limitar la capacidad de los periodistas de informar sobre la extensión de la propagación del virus y los esfuerzos para frenarlo.

El Comité para la Protección de los Periodistas y otras organizaciones hicieron un llamado para que los periodistas encarcelados fueran liberados durante la pandemia. De hecho, muchos gobiernos liberaron a miles de detenidos con el interés de proteger sus vidas.

Sin embargo, en general, esta crisis de salud pública que demanda una respuesta unificada global se ha convertido más bien en una bendición para políticos oportunistas. En un momento en el que los periodistas deberían ser tratados como trabajadores esenciales, por proporcionar información crítica que puede promover la salud y seguridad de poblaciones enteras, los autócratas del mundo están utilizando el virus como un pretexto conveniente para reprimir aún más la libertad de expresión.

La situación me recuerda a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los cuales en principio inspiraron la esperanza de que el mundo podría conseguir una vía común para enfrentar la amenaza del extremismo. En vez de eso, muchos gobiernos instauraron políticas antiterroristas que se enfocaron en amenazas percibidas a su seguridad nacional. Los periodistas, inevitablemente, se convirtieron en blancos.

“Creo que esto es peor”, me dijo Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas. “Es más difícil cuantificarlo y medirlo con datos pero, en mi opinión, esta es la represión mundial a la libertad de expresión más intensa que hemos visto en la era moderna”.

Mientras que a algunos gobiernos les tomó años aprovecharse de la “guerra contra el terrorismo”, los autócratas de hoy necesitaron solo unas pocas semanas para explotar la pandemia para sus propios fines. Ahora el mundo entero está sintiendo esos efectos.

“Los gobiernos se sintieron amenazados por la propagación de la enfermedad y sus propias deficiencias al combatirlo. Combina eso con el hecho de que creen que esta situación les ha dado carta blanca”, afirmó Simon. “Tanto los gobiernos democráticos como los autoritarios se sienten empoderados a utilizar este momento para hacer valer su autoridad. Ningún país parece ser la excepción a esta dinámica”.

Jason Rezaian is a writer for Global Opinions. He served as The Post's correspondent in Tehran from 2012 to 2016.

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