Desde 2018, en todo Oriente Próximo ha habido grandes protestas antigubernamentales, en una oleada que algunos han llamado la Primavera Árabe 2.0. Los manifestantes denuncian la corrupción, el sectarismo y el estancamiento económico. Al igual que los levantamientos árabes de hace una década, estas protestas han logrado derribar a gobernantes clave: han causado la renuncia de primeros ministros en el Líbano, Irak y Jordania, y en Sudán y Argelia derrocaron a dictadores de larga data.
En 2011, las protestas decayeron tras la salida forzada de los gobernantes. Pero esta vez han continuado, lo que destaca la crisis regional de gobernanza y ciudadanía que no se puede abordar adecuadamente con la mera rotación de las cabezas de un cuerpo político disfuncional.
Las fuerzas pro-gobierno y las milicias afines en Irak y el Líbano han intentado acallar las protestas mediante la violencia y la intimidación, pero los manifestantes no han bajado la voz. Como resultado, las autoridades de estos países han imitado el ejemplo de los regímenes más autoritarios de la región, como Egipto y Arabia Saudí. Ambos han podido acallar el disenso activo, al menos por el momento, mediante una agresiva supresión de medios, además de arrestos y una violenta represión. Para los líderes de estos países, la permisividad del ambiente informativo y noticioso fue la responsable de las protestas ocurridas en el mundo árabe en 2011.
Por ejemplo, en Egipto el Presidente Abdel Fattah al-Sisi ha hecho la guerra a cualquier hecho o análisis remotamente contrario a los intereses de su régimen y ha logrado controlar a los medios de comunicación con amplios cambios constitucionales y legislativos. El gobierno egipcio ha facilitado los arrestos con leyes de gran alcance que criminalizan la diseminación de “noticias falsas” (es decir, la cobertura que contradiga las declaraciones oficiales del gobierno). También hay proyectos de ley que criminalizarían la propagación de rumores, con una entidad supervisada por el gabinete responsable de analizar los que la gente conversa entre sí a media voz.
La redada en noviembre pasado a las oficinas de Mada Masr, el último gran medio noticioso independiente de Egipto es un ejemplo más de la magnitud de la persecución a los medios de comunicación. Los funcionarios de seguridad arrestaron a tres periodistas, aduciendo que Mada Masr había propagado información falsa y tenía vínculos con la Hermandad Musulmana (considerada por gobierno como una organización terrorista). En realidad, el gobierno hizo la redada para desprestigiar a Mada Masr después de que este medio publicara un artículo poco halagador sobre Mahmoud, el hijo de Sisi. En este caso, los periodistas detenidos fueron liberados, pero muchos no sido tan afortunados.
De hecho, solo China y Turquía encarcelan más periodistas que Egipto y Arabia Saudí, donde la cantidad de periodistas y disidentes presos ha aumentado constantemente desde 2011. Desde su llegada al poder en 2017, el Príncipe de la Corona Mohammed bin Salman (MBS) ha dirigido una implacable campaña contra sus opositores, ejemplificada por el asesinato en 2018 del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi (con residencia permanente en Estados Unidos) en el consulado del Reino en Estambul.
MBS no se ha detenido en los periodistas; cualquiera que se perciba como un opositor político es caza permitida. En noviembre pasado, la policía arrestó a ocho escritores y emprendedores, la mayoría de los cuales no eran opositores activos. Dos de ellos, Abdulmajeed al-Buluwi y Badr al-Rashed, incluso habían apoyado públicamente la agenda de reformas económicas de MBS en un intento por compensar críticas pasadas. Como en Egipto, las autoridades saudíes afirmaron que los arrestados habían estado trabajando para desestabilizar al gobierno a nombre de una potencia extranjera. Esas son las líneas generales de las campañas de redes sociales de asesor mediático de MBS, Saud al Qatani, para desprestigiar a periodistas y opositores.
Países como Arabia Saudí, Egipto y Turquía no han enfrentado mayores consecuencias ni han sufrido condenas internacionales por su represión y manipulación de los medios. Esto no solo ha dado bríos a sus regímenes represivos. Por el contrario, ha convencido a otros gobiernos que en la actualidad enfrentan protestas a usar métodos similares.
En Irak, el gobierno ha culpado a los medios por provocar la frustración popular que alimentó las masivas manifestaciones contra una corrupción generalizada, el alto desempleo, la mala calidad de los servicios públicos y la interferencia iraní. En noviembre de 2019, la entidad normativa de medios bloqueó las transmisiones de Dijilah TV, emisora iraquí con sede en Jordania y clausuró temporalmente sus oficinas en Bagdad, junto con otros 11 medios, por supuestas infracciones a las reglas de licencias. También emitió advertencias a otras cinco organizaciones para que “adaptaran su discurso” acerca de las protestas a las normas de difusión.
Los periodistas además han sido detenidos por servicios de seguridad y se han convertido en blancos de milicias afines al gobierno. El año pasado, asaltantes armados sin identificar saquearon estudios y oficinas, robaron equipos y asaltaron a empleados de cuatro emisoras de Bagdad. El gobierno ha cortado el acceso a Internet numerosas veces durante las protestas, con un coste significativo para la economía iraquí.
En el Líbano, que a menudo se ve como un oasis de apertura para los medios en la región, el gobierno ha mantenido una creciente actitud de intimidación y arrestos de sus críticos como un esfuerzo por dominar las manifestaciones que comenzaron en octubre de 2019. Los reclamos de los manifestantes sobre las insuficiencias del gobierno, como el que ha sido capturado por una elite política, pueden fácilmente trastocarse en acusaciones de fomento del sectarismo, lo cual es ilegal según la constitución. La difamación es otro cargo utilizado para desacreditar a manifestantes y periodistas.
Los partidarios oficialistas han organizado sus fuerzas para intimidar a los manifestantes y presionar a los proveedores de servicios a cerrar las cuentas de redes sociales de los líderes de las protestas y periodistas prominentes. Esas cuentas son cruciales porque los principales medios libaneses, controlados por partidos políticos, apenas han cubierto las manifestaciones. Los medios noticiosos políticamente controlados han propagado información tendenciosa y planteado que potencias extranjeras respaldan las protestas en un intento por debilitar al Líbano.
Sin embargo, los gobiernos libanés e iraquí han sido notablemente menos exitosos que sus vecinos autoritarios en usar tácticas de supresión de la información para mantener en línea a sus ciudadanos. Los manifestantes parecen decididos a mantener la lucha hasta que sus gobiernos respondan genuinamente a sus demandas, y la supresión de los medios ha servido solo para dar más visibilidad a los medios y los canales de comunicación alternativos.
Los regímenes autocráticos han entendido por largo tiempo que desprestigiar o suprimir la prensa es más fácil y eficaz que usar la violencia para mantener el poder, incluso si ese control viene en desmedro de la apertura y el dinamismo económicos que estos países necesitan desesperadamente. Pero las experiencias del Líbano e Irak sugieren que este enfoque tiene sus límites. Aunque ambos se enfrentan a profundos desafíos estructurales, y los periodistas, escritores e intelectuales siguen en riesgo, la dependencia de sus sistemas políticos de acuerdos de gobierno ha evitado que las voces opositoras hayan sido silenciadas del todo.
Lydia Khalil is a research fellow in the West Asia program at the Lowy Institute. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.