Entre 1999 y el 2009, el gobierno laborista incrementó el gasto público en un 53%, equivalente a 669.000 millones de libras, lo cual generó un déficit de 23.200 millones. Vivíamos bien, pero indudablemente por encima de nuestras posibilidades, y la recesión económica, acompañada de una pérdida de empleo que actualmente se cifra en 2.450.000 parados, de los que 1.470.000 reciben subsidio de desempleo, contribuyó a acentuar la necesidad de sanear la economía.
El gobierno laborista de Gordon Brown, a través de su ministro de Economía, Alistair Darling, ya puso en marcha un plan para rescatar la economía británica que ha resultado en un incremento del PIB en la primera mitad del 2010, si bien es cierto que el crecimiento económico descendió ligeramente en el tercer trimestre del año. Tras las elecciones de mayo, la coalición conservadora-liberaldemócrata liderada por el tándem Cameron-Clegg denunció la "precaria" situación de la economía británica y advirtió del riesgo de quiebra. Inmediatamente, su flamante ministro de Economía, George Osborne, con la determinación y seguridad que de momento le caracterizan, anunció el plan de austeridad más drástico desde el fin de la Segunda Guerra Mundial; su objetivo es reorganizar el Estado y hacerlo sostenible. El proyecto de Osborne consiste no únicamente en sanear la economía, sino también en recortar el Estado de bienestar, siguiendo así los principios conservadores compartidos también por sectores liberales. Se trata de transformar sensiblemente la sociedad al introducir una serie de medidas - por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación a los 66 anos a partir del 2020-de forma inmediata, sin discusiones ni debates, obviando procesos complejos y que en circunstancias distintas no podrían haberse desarrollado sin la participación de los sindicatos y otros agentes sociales. La ansiedad y la inseguridad generadas por la crisis económica en el Reino Unido, el deseo de cambio político y la conciencia de la necesidad de apretarse el cinturón han evitado - hasta ahora-una reacción social que medidas mucho más suaves han generado en Francia.
Los recortes efectuados por Margaret Thatcher palidecen al compararlos con la propuesta de Osborne. Thatcher no impuso una fuerte reducción de puestos de trabajo en el sector público y no modificó el Estado de bienestar. Su retórica respondía a la confrontación, pero sus políticas estaban influidas por el pragmatismo.
Los recortes de Osborne ascienden a 81.000 millones de libras y, según el informe del Instituto de Personal y Desarrollo, resultarán en una pérdida de 900.000 puestos de trabajo en el sector privado y otros 725.000 en el sector público. El nuevo presupuesto incluye un recorte aproximado de un 19% en todos los departamentos excepto sanidad, investigación científica y educación, y pretenden ahorrar 18.000 millones de libras al erario.
Los recortes más significativos atañen a las prestaciones sociales y, en un primer momento, recibieron el apoyo de un sector importante de la población que resiente el abuso del Estado de bienestar por parte de algunos y desea desesperadamente salir de la crisis. Un sistema avanzado como el británico ha generado, por ejemplo, alrededor de un millón de familias cuyos miembros a lo largo de tres generaciones nunca han trabajado y viven de prestaciones sociales.
Las reacciones no se han hecho esperar, el prestigioso Instituto de Estudios Fiscales considera que los recortes tendrán un efecto regresivo, porque el sector más pobre de la población (en cuanto a ingresos) se verá más afectado que aquellos con rentas elevadas; a excepción del 2% de los más ricos afectados por un IRPF que a partir del año próximo ascenderá al 50%, tal como estableció Darling cuando era ministro de Economía. El premio Nobel británico Chris Pissarides considera que Osborne se arriesga excesivamente con el presente presupuesto y que podría haber elaborado un plan quinquenal para la reducción del déficit, retrasando algunos recortes hasta el momento en que la economía empiece a recuperarse. Premios Nobel como Krugman y Stiglitz han criticado la dureza del plan Osborne argumentando que la austeridad fiscal prematura conducirá a una nueva recesión. Las críticas a los recortes aparecen también en la prensa británica - Financial Times, The Times, The Guardian-,mientras que una reciente encuesta del instituto YouGov revela que un 44% considera que los recortes son demasiado drásticos y que un 38% los considera adecuados, aunque un 55% considera que los recortes del gasto público representan una apuesta desesperada que pone en juego el sustento de miles de familias. Por otro lado, el FMI respalda la decisión del Gobierno británico y elogia su plan para salir de la crisis al tiempo que describe como "esencial" la reducción del déficit público propuesta por Osborne.
La recuperación económica depende en gran medida de las expectativas que el Gobierno sitúa en el papel del sector privado como motor de crecimiento y generador de empleo. Sin embargo, no está claro que, de momento, las iniciativas empresariales cuenten con el respaldo adecuado traducido en medidas concretas para, por ejemplo, promover las empresas de nueva creación - start up-y la transformación de pequeñas en medianas empresas y evitar la deslocalización de empresas que huyen de un Reino Unido con impuestos elevados y productividad en suave pero continuo declive.
Montserrat Guibernau, catedrática de Ciencia Política, Queen Mary University of London.