La ocurrencia de la justicia universal

Celebramos el 45 aniversario de nuestras relaciones con China, potencia descomunal, inmenso mercado. Es probable que su presidente nos visite dentro de unos meses. También es posible que como regalo nuestro Gobierno le entregue no una capa española como a Kofi Annan sino un documento sellado que diga que España quiere juzgar a su predecesor como genocida por su conducta en el Tibet. No es broma, ya se planteó. ¿Nos va a salir gratis la anunciada reforma de la jurisdicción universal? Ciertamente no, aunque la ministra de Justicia, con considerable buenismo, ha afirmado en un par de ocasiones, la última en el Club Siglo XXI, que el Gobierno hará en breve una profunda reforma de la jurisdicción universal, es decir: de la ley que permite a tribunales españoles enjuiciar ciertos delitos graves cometidos en el extranjero por nacionales de otros países.

Zapatero y Rajoy, en 2009 y 2014, de manera realista para salvaguardar intereses básicos de nuestra política exterior y los de empresas españolas cuya actividad podía verse afectada por lo que Kissinger llamó «la tiranía del poder judicial», habían reducido los supuestos de la existente ley; así, la reforma del 2014 limita la intervención de nuestros jueces a que el potencial encausado sea un español, un extranjero residente en España o cuya extradición hemos denegado. El Gobierno actual quiere eliminar restricciones, pretende que los tribunales españoles sean competentes en delitos contra el derecho internacional perpetrados en el extranjero, incluidos los medioambientales. Una jurisdicción universal «completa».

La idea en abstracto es plausible, trata de impedir que determinados crímenes graves queden impunes; la aplicación, empero, creará considerables problemas a nuestra diplomacia y a España. La política de gestos, cara a este Gobierno, es rentable a corto plazo; a largo, por la improvisación propagandística, puede tener un costo no previsto y convertirse en un quebradero de cabeza para Borrell, Sánchez o cualquier inquilino de Moncloa.

El caso Pinochet es un buen precedente. El dictador chileno se encontraba en Londres cuando Garzón pidió su extradición por las abundantes tropelías cometidas por el chileno. El Gobierno de Aznar se despertó obligado a pedir la extradición ante la irritación creciente de las autoridades democráticas chilenas. Recuerdo una charla del ministro de Exteriores chileno Valdés con Abel Matutes en la ONU. El socialista Valdés daba a entender que el Chile democrático había decidido enterrar su pasado y que España, un país amigo con Ley de Amnistía, no debía reabrir heridas. Deseaba, en consecuencia, que España no cursase a Londres la petición de extradición. Matutes, que apreciaba a Chile, que era conocedor de que algunas de las conversaciones entre los pinochetistas y la oposición que posibilitaron la llegada de la democracia habían tenido lugar, en la época de Felipe González y con su beneplácito, en la embajada de España en Santiago, repetía que nuestro ordenamiento jurídico era inequívoco. Los jueces eran independientes y el Gobierno no podía ni darles órdenes, como pretenden ahora ilusamente los separatistas catalanes, ni dejar de cursar la extradición. Valdés, antiguo y buen embajador en España, tenía que ser consciente de ello pero debía tener firmes instrucciones de su Gobierno y de su presidente de que sería devastador hurgar en la herida social del país. Finalmente, el ministro del Interior británico, última instancia en la materia, falló en contra de la extradición. No sólo nuestras relaciones con un país importante, Chile, pasaron por momentos delicados sino que la pugna esparció la inquietud en más de un país iberoamericano temeroso de que el ejemplo cundiera, de que nuestros jueces quisieran castigar a otros dirigentes de la zona de distinto signo y de pasado escasamente democrático.

La modificación de la ley actual, permitiendo juzgar a extranjeros por hechos no cometidos aquí y dando cabida no sólo a los clásicos crímenes de guerra, genocidios, sino a los financieros, medioambientales, etc., llevará a más de un juez español y a más de una ONG como demandante a encontrar un blanco apetecible en países que no se andarían con chiquitas si intentáramos procesar a sus ciudadanos. Algunos de éstos son enemigos difíciles política o económicamente. Citaré sólo cuatro: China, Estados Unidos, Rusia e Israel. Ninguno es parte de la Corte Penal Internacional, por lo que si no admiten que uno de sus ciudadanos sea llevado a esa instancia internacional parida por la ONU, mucho más insultante considerarían que un juez de Madrid o Murcia quisiera hacer lo propio con una persona que según su legislación no ha delinquido. Las represalias de uno u otro tipo no tardarían en llegar.

Volvamos a China, la segunda economía del mundo, frecuente fuente de noticias inquietantes: han detenido nada menos que al jefe de la Interpol y tardado nueve días en admitirlo. Fan Bingbing, su actriz más famosa, rumoreada evasora de impuestos, desapareció hace cuatro meses de la circulación y ha emergido misteriosamente hace seis días. El Gobierno ha comunicado a los periódicos temas que están censurados: datos que muestren que la economía renquea o el impacto de la guerra comercial con Estados Unidos no se pueden abordar… ¿Cómo sentaría en un país así, el amo de Asia, que la enana España reclame a altos dirigentes del partido para sentarlos en el banquillo? ¿Cuánto tiempo tardarían en convocar a nuestro embajador advirtiéndole de que nos atuviéramos a las consecuencias?

Estados Unidos. Dado nuestro inveterado antiamericanismo debe ser el oscuro objeto del deseo penal de juristas. Los hay serios que han proclamado furiosamente que la construcción del muro de Trump va contra el derecho internacional, comentaristas… El campo de elección es amplio: acciones en Irak, Vietnam, los Balcanes, los drones… Podríamos encausar a Kissinger, a altos mandos militares, jefes de la CIA, vituperar a presidentes, incluido Kennedy (Vietnam y Cuba)… El mero hecho de que los americanos sean tan descerebrados como para tener al machista, xenófobo, fullero y derechista Trump como presidente abrirá más el apetito de los puristas españoles. A Israel se le podrán buscar trapos sucios por tropecientas acciones en su enfrentamiento con los palestinos. Hasta un pardillo encontrará casos con que indignarse.

Rusia costará algo más de trabajo porque los españoles, juristas, tertulianos, amas de casa y militares sin graduación, son más selectivos en su justa cólera ante los desmanes internacionales. Irak, con una intervención americana de cinco semanas y con un número limitado de bajas en la guerra, despertó la ira colectiva ruidosa. El caso de Siria-Rusia, sin embargo, nos deja casi fríos. 400.000 muertos, repetida utilización de armas químicas por Asad al que apoya férreamente Putin que ha lanzado el veto doce veces en el Consejo de Seguridad para proteger al sirio. Ni una pancarta. Nos resbala, en efecto, pero siempre habrá alguien que puede escarbar con una demanda y enojar de verdad al quisquilloso inquilino del Kremlin.

Cada uno de los mencionados posee los medios y, casi seguro, la voluntad para reaccionar contra nosotros en cuanto queramos juzgar a uno de los suyos. Unos pueden cortar el acceso de productos españoles a sus mercados, descartar a nuestras empresas en importantes concursos que tenían posibilidades de ganar, otros pueden cortar la cooperación en temas terroristas, otros pueden movilizar a importantes medios de comunicación en el problema catalán en una dirección que no nos sea favorable, otro puede activar a sus hackers para que siembren noticias desestabilizadores en ésta u otras cuestiones, cualquiera podría recibir oficialmente a alguna personalidad de la Generalidad catalana en una primicia contagiosa que nos sería funesta. La panoplia de represalias, ominosas todas ellas, es amplia. No olvidemos que tres, Rusia, Estados Unidos, China, son miembros del Consejo de Seguridad por el que pasa todo tema importante. ¿Podemos soliviantarlos existiendo ya la Corte Penal Internacional aprobando una ley de jurisdicción completa que abra la veda con ellos?

Días atrás un antiguo diputado europeo francés se compadecía conmigo de monsieur Borrell que, obligado a deshacer el entuerto lenguaraz de la ministra de Defensa, tuvo que defender la venta de armas a los saudíes con la ocurrencia (¡que c’est drole!) de que eran muy precisas. Con la ley de jurisdicción voluntaria ampliada, el inteligente Borrell se verá obligado a inventar más ocurrencias con dirigentes cabreados muy nocivos a nuestros intereses. Y tratando, cuando sea ya tarde, de rebobinar en la vigésima rectificación del adanista y audaz Gobierno del doctor Sánchez.

Inocencio F. Arias es diplomático y escritor.

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