La ONU y el atolladero del Sáhara Occidental

Por Robert Malley, director del programa para Oriente Medio de International Crisis Group, y Hugh Roberts, investigador y consultor independiente especialista en África del Norte (EL PAÍS, 23/06/07):

¿Estamos ante la resolución del interminable conflicto del Sáhara Occidental? El pasado 18 de junio, el secretario general de las Naciones Unidas invitó a los representantes marroquíes, saharauis, argelinos y mauritanos a reunirse, armados, según parecía, de nuevas disposiciones. Marruecos ha puesto sobre la mesa una proposición de autonomía que supera todo lo que ha presentado hasta ahora. El Polisario ofrece un plan de independencia que, con la baza de estrechas relaciones entre el futuro Estado y la monarquía magrebí, intenta satisfacer las aspiraciones marroquíes. Y, como hemos constatado, el mismo Consejo de Seguridad ha redoblado las energías puestas en este tema, llamando a las partes a negociar. Dichas negociaciones concluyeron el 20 de junio, sin acuerdo, pero con un compromiso de reanudarlas en agosto.

Sin embargo, las ideas nuevas y el dinamismo renovado ofrecen pocas opciones para un cambio real. Y es que las contradicciones e incoherencias que desde hace más de treinta años obstaculizan una resolución pacífica del conflicto persisten. Marruecos pretende respetar el derecho de autodeterminación de los saharauis al tiempo que, en la práctica, lo niega una y otra vez. Argelia niega ser parte interesada en el conflicto al tiempo que la realidad prueba todo lo contrario. Finalmente, sumamente importante, la ONU afirma querer resolver el conflicto, mientras que sigue negando sistemáticamente los medios para ello.

Este último punto tiene una importancia vital. La ONU ha fundado su visión de la cuestión del Sáhara Occidental sobre la presunción de que se trata de un problema de descolonización, del que se derivan tanto el derecho de autodeterminación como la obligación de un referéndum organizado por Naciones Unidas que incluya la opción de la independencia. Esta posición -legítima, justificada y fundada sobre el derecho interna-cional- ha quedado, sin embargo, en letra muerta.

Todo ello es comprensible. La ONU no ha encontrado la manera de convencer a Rabat de abandonar su posición firme y apoyar un verdadero referéndum de autodeterminación porque países clave del Consejo de Seguridad -Francia y Estados Unidos- no tienen intención alguna de contrariar a la monarquía.

Llegados a este punto, habría que ser consecuente. Por el contrario, la ONU ha continuado jugando simultáneamente en distintos tableros, reiterando la necesidad de hacer valer el derecho a la autodeterminación, reconociendo a la vez a Marruecos el derecho tácito de usar su veto y, finalmente, llamando a las partes a la negociación -a la vez «directamente» y bajo tutela de la organización- para encontrar una solución justa conforme al principio que justamente la ONU no ha sabido hacer respetar.

Esta receta no solamente ha garantizado el alargamiento del conflicto, sino que también ha incitado a las partes a dirigir sus proposiciones no a sus adversarios directos -con el fin de convencerlos-, sino a los espectadores pasivos en que se han convertido los miembros del Consejo de Seguridad -con el fin de impresionarlos-. La última resolución -mezcla de adulación al derecho de autodeterminación y de cumplidos a la propuesta marroquí que, sin embargo, desoye este derecho- es el mejor ejemplo de ello.

Para salir de este atolladero, una de dos: o la ONU asume completamente su responsabilidad y encuentra la voluntad política que hasta ahora le ha faltado para resolver el conflicto sobre la base de un auténtico referéndum -incluyendo, pues, la opción de la independencia- o renuncia a arbitrar el conflicto y anima a las partes interesa-das -Marruecos, Polisario y Argelia- a resolverlo según los principios que ellos escojan. En otras palabras, la solución del conflicto debe basarse sobre el principio de autodeterminación o bien sobre la base de un acuerdo negociado entre los distintos protagonistas. Sería un grave error el exigir que la solución se base en los dos principios a la vez.

La primera vía sería justa, conforme tanto a la Carta de Naciones Unidas como al derecho internacional pero, dado que exigiría fuertes presiones sobre Marruecos, esta solución parece, hoy por hoy, y vistas las realidades geopolíticas, utópica. Para que la segunda vía tenga opciones de éxito, es necesario que las negociaciones tengan en cuenta todos los intereses en juego, implícitos y explícitos, y que se desarrollen sin prejuicios.

La opción de las negociaciones directas, sin contar a priori con la mediación de la ONU, no presenta muchas probabilidades de éxito, dado la diferencia de poder entre las partes. De ello se derivan varias obligaciones: el Consejo de Seguridad debe presionar a Marruecos -ampliamente responsable del fracaso de la vía del referén-dum- para lanzar nuevas propuestas. Marruecos debe encontrar los medios de convencer al Frente Polisario y a Argelia, modificando ampliamente su proposición de autonomía o reemplazándola completamente por otra, pero en todo caso certificando que el territorio que está en juego corresponde al Sáhara Occidental histórico, garantizando un papel político legal para el Polisario como partido político y teniendo en cuenta intereses argelinos importantes, como el respeto a las fronteras heredadas de la época colonial y la resolución de los distintos contenciosos argelino-marroquíes. Ello exigirá, sobre todo, que Rabat cese de intentar seducir a sus interlocutores occidentales y que se decida, finalmente, a dirigirse a las partes directamente afectadas.

Si las partes llegasen a un acuerdo, y este acuerdo fuese aprobado por el pueblo saharaui, tendría que ser reconocido como legítimo. Pero calificarlo como «autodeterminación» sería insultar al principio y a todos aquellos que quieren defenderlo. Es hora de que el Consejo de Seguridad lo reconozca. Si realmente quiere que este derecho se ejerza, que actúe consecuentemente y haga, por fin, lo necesario. Si se juzga incapaz de hacerlo respetar, que deje de pretender ser su garante. Y debe permitir, entonces, que las partes negocien una solución de compromiso sobre la base de principios que puedan sinceramente ser aceptados, cualesquiera que sean.