El 24 de octubre de 1945 nació la ONU. Cumple 70 años. Diez años después, el 14 de diciembre de 1955, España entró este organismo. La internacionalización de las reclamaciones sobre Gibraltar sirvió como éxito diplomático del régimen franquista en los años sesenta, explotándolo al jactarse del discutible logro que suponía la inclusión del Peñón en la lista del Comité de Descolonización.
La dictadura se fue desvaneciendo en medio de una transición de impunidad y olvido para todos los que sufrieron y padecieron los años de represión franquista. A la nueva democracia española le urgía justificarse ante una comunidad internacional que desconfiaba abiertamente de la mas vieja y casposa dictadura de Europa Occidental. Esta vocación universalista tenía diferentes líneas de acción, que pasaban por ocupar puestos de decisión en la ONU o por vigorizar su participación en las partidas presupuestarias en organismos internacionales. Pensar que el altruismo y el compromiso con la ayuda al desarrollo y los Derechos Humanos estaban detrás de esas iniciativas sería poco menos que ingenuo.
Que España sea hoy miembro no permanente del Consejo de Seguridad no es ninguna novedad. Ya accedió por periodos bianuales en 1969, 1981, 1993 y 2003. Especialmente interesante fue su contribución en 1994. La creación del Tribunal Penal Internacional para juzgar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en Ruanda que arrebataron la vida de más de 800.000 tutsi y hutus moderados, le ofreció la oportunidad de demostrar su altruismo, diciendo sí a Estatuto que lo regulaba. Durante varios años, España también fue uno de los mayores financiadores del tribunal a través del fondo fiduciario que tanto nutrió a la clínica de apoyo psicológico a las víctimas de dichos crímenes. El compromiso internacional de España en la lucha contra la impunidad cerraba su círculo al complementar su sofisticado uso de la jurisdicción universal en contra de los dictadores latinoamericanos y la ratificación del Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional.
Estos hitos que hicieron brillar la “marca España” fuera de nuestras fronteras, en una materia como la persecución de los crímenes mas graves contra la comunidad internacional, se transformaban en sombras dantescas cuando se trataba de los crímenes franquistas y la protección de las víctimas del dictador. El olvido y el silencio fueron y son las dos caras de la impunidad que, aceptada por la práctica totalidad de las fuerzas políticas, reina en nuestro país.
En este contexto, no es extraño que a lo largo de los últimos dos años, España haya sido objeto de reiteradas denuncias de Naciones Unidas por su comportamiento con las víctimas del Franquismo, la impunidad reinante y la negativa a reaccionar frente a dichas injusticias. Las críticas vienen por partida triple: el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el informe del Relator Especial sobre promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, y, finalmente las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada.
Numerosos expertos independientes de la ONU reiteran una y otra vez su preocupación y condena a España por hacer caso omiso de sus obligaciones internacionales. Frente a todos ellos, el Gobierno del Partido Popular, inasequible al desaliento, ha reducido drásticamente la protección de derechos como el de reunión o manifestación, ha aumentado la desigualdad y las barreras a la inmigración, ha radicalizado la vida política en el Estado o eliminado cualquier posibilidad de desarrollo de la ley de memoria histórica y de justicia para las víctimas del franquismo, además de haber finiquitado, de hecho, el principio de jurisdicción universal.
El presidente del Gobierno español, ha presidido recientemente el Consejo de Seguridad y, ante dicho organismo, ha impulsado la resolución sobre Mujeres, Paz y Seguridad con vistas a reforzar la protección de la mujer en los conflictos armados y potenciar su papel en la prevención y resolución de conflictos; ha abogado por reforzar y defender a las víctimas del terrorismo, pero, lamentablemente, una vez más, Mariano Rajoy, ha olvidado que en España no solo lo son aquellas que padecieron la crueldad del terrorismo, sino también las otras que sufrieron la acción reiterada en su contra del régimen por el simple hecho de discrepar de la doctrina oficial impuesta por el dictador, y a los que se les ha negado hasta el día de hoy su derecho a la verdad, la justicia , la reparación y las garantías de no repetición.
Si esto es así como lo es, ¿Qué credibilidad puede tener un país como España que mantiene una actitud contradictoria entre lo que defiende en el exterior y lo que aplica en su territorio?
Este aniversario de la ONU, nos invita a analizar el pasado y a reflexionar sobre nuestra obsesión de parecer lo que no somos: valedores de derechos humanos en África y quebrantadores de nuestras normas más esenciales en España. Debemos cumplir antes de dar lecciones a otros sobre cómo hay que hacerlo.
Baltasar Garzón es jurista y presidente de FIBGAR.