La oportunidad de Guatemala

Las revelaciones sobre actos de corrupción que involucran a altos funcionarios de Guatemala han provocado una crisis política de proporciones y generado una respuesta ciudadana que refleja el anhelo de los guatemaltecos por fortalecer su Estado de derecho. Por primera vez desde los acuerdos de paz de 1996, el país tiene la oportunidad de romper el círculo vicioso que enlaza a la política con el crimen. Para aprovechar esa ventana, a la indignación debe seguir un conjunto de reformas políticas que garantice la limpieza de las instituciones y recupere la credibilidad ciudadana, especialmente en el escenario de la próxima contienda electoral convocada para el 6 de septiembre.

Las investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público han permitido el arresto y procesamiento penal del superintendente de Administración Tributaria, del presidente del Banco Central y del presidente del Instituto de Seguridad Social (ex secretario privado del presidente de la República), entre otros. La vicepresidenta se vio obligada a dimitir del cargo por señalamientos contra su secretario privado y hay solicitudes para levantar la inmunidad de dos diputados del Congreso. El propio presidente se enfrenta a una petición de antejuicio presentada por un diputado de la oposición que busca iniciar investigaciones sobre sus posibles responsabilidades en los hechos de corrupción, acusaciones que rechaza.

Estos hechos han generado protestas ciudadanas masivas en la capital y en varias localidades del interior del país. A pesar de una larga historia de violencia y represión, las manifestaciones han sido pacíficas y propician acercamientos entre sectores tradicionalmente opuestos. No obstante, por su espontaneidad y falta de liderazgo las protestas pueden convertirse en un motor de reforma y cambio.

Universidades, activistas de derechos humanos, el sector privado organizado, iglesias, organizaciones indígenas, colegios profesionales, cooperativas y otros grupos están reuniéndose para discutir y proponer reformas legislativas e institucionales. Este nuevo desarrollo abre las puertas para impulsar procesos profundos de transformación política y social, pero también puede generar expectativas difíciles de satisfacer en el corto plazo.

Las revelaciones sobre corrupción no habrían sido posibles sin la presencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su colaboración con fiscales honestos. La CICIG es una instancia creada en 2006 como órgano independiente de carácter internacional que tiene como finalidad apoyar a las instituciones del Estado en la investigación de delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos y promover acciones para desmantelarlos. Antes de la colaboración entre CICIG y el Ministerio Público estas estructuras habían permanecido básicamente inmunes a la justicia y todavía tienen una gran capacidad para permear en las instituciones estatales.

El mandato de la CICIG ha sido recientemente ampliado a dos años a partir de septiembre de 2015, mediante un acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. No está claro, sin embargo, si ese plazo adicional será suficiente para lograr que el sistema de justicia guatemalteco asuma directamente la lucha contra la impunidad con el mismo nivel de capacidad e independencia que ha alcanzado con el apoyo de la CICIG.

Para consolidar los logros es preciso concluir de manera transparente e independiente los casos presentados ante la justicia. Pero la agenda no se agota en la persecución penal de los delitos. Debe promoverse un conjunto de reformas que asegure mayor transparencia de las autoridades y que fortalezca los mecanismos de representación política y social. Éstas se refieren principalmente al sistema electoral, la consolidación de las capacidades del sistema judicial, los mecanismos de compras y contrataciones del Estado y la mejora del servicio civil.

La reforma que parece más urgente es la modificación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha presentado ante el Congreso una propuesta que incluye reformas al régimen de financiamiento de las organizaciones políticas, la democratización interna de los partidos, la posibilidad de que comités cívicos locales postulen y elijan diputados y el fortalecimiento del Tribunal para que ejerza su rol como ente rector del sistema electoral. Esta agenda debe desarrollarse atendiendo a que el fin último de la reforma debe ser reducir y, de ser posible, suprimir la incidencia de intereses particulares, a veces criminales, sobre las autoridades, que se produce fundamentalmente a través de la financiación de las campañas electorales.

Los últimos acontecimientos en Guatemala podrían ser aleccionadores para el resto de los países de la región. Una revelación de corrupción similar en Honduras ha creado movimientos sociales de protesta y llamados para instaurar una versión local de la CICIG. Mientras tanto, la movilización social continúa con ese objetivo en Brasil, Chile y México, entre otros.

Guatemala continúa siendo uno de los países más violentos del mundo, gobernado a través de instituciones débiles que son vulnerables a la influencia de intereses privados y a veces delictivos. Ahora el país tiene la oportunidad de forjar una nueva institucionalidad. Eso dependerá de la madurez y firmeza con que la ciudadanía logre canalizar su indignación hacia propuestas que consigan, por fin, romper los vínculos entre criminalidad y política.

Arturo Matute es analista para Guatemala de International Crisis Group.

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