La OTAN esquiva el debate democrático

Según el Tratado del Atlántico Norte, aprobado en 1949, la OTAN es una alianza militar de carácter defensivo. Las únicas acciones militares previstas se basan en el derecho de legítima defensa, que se ejercerá si uno de los Estados miembros sufre un ataque armado en el territorio de Europa y América del Norte. Para disuadir a posibles enemigos, los miembros de la OTAN se comprometen a incrementar sus capacidades militares para resistir un ataque armado. También se establece que los Estados miembros se consultarán en caso de que se encuentren amenazadas su integridad territorial, su independencia política o su seguridad.

Sin embargo, el nuevo concepto estratégico que se acaba de aprobar en la Cumbre de Lisboa va más allá del tenor literal del Tratado, partiendo ahora de una concepción amplia de la defensa, que no se limita a la protección del territorio frente a posibles ataques armados sino que también incluye la respuesta a amenazas como la proliferación de armas nucleares, el terrorismo, los ciberataques, y la protección de las principales rutas comerciales y de aprovisionamiento de fuentes de energía.

En Lisboa se ha establecido que ahora la OTAN puede actuar más allá de sus fronteras. Aunque se menciona expresamente que su responsabilidad fundamental es defender el territorio y la población de los Estados miembros, también se señala que la Alianza se defenderá contra cualquier amenaza exterior que afecte a su seguridad. La OTAN participará en operaciones de prevención y gestión de crisis, de estabilización después de un conflicto, y de apoyo a la reconstrucción. Incluso se señala que si las acciones para prevenir un conflicto no son efectivas, la OTAN estará preparada y será capaz de iniciar hostilidades. Es decir, se reconoce que podría llevar a cabo operaciones militares ofensivas.

La doctrina de la OTAN reconoce así la posibilidad de un amplio intervencionismo militar, y eso plantea muchos problemas. En primer lugar, es más que discutible la legalidad del nuevo concepto estratégico, pues supone una vulneración del propósito inicial del Tratado al reconocer que la OTAN va a poder actuar en cualquier parte del mundo y no sólo en operaciones militares de legítima defensa. Aunque se trate de un documento político, este nuevo concepto modifica materialmente el contenido del Tratado afectando tanto a las funciones como al ámbito geográfico en el que puede intervenir la Alianza. Muy relacionado con esto está el problema que plantea saber si la OTAN va a actuar siempre respetando la Carta de la ONU, ya que el nuevo concepto deja la puerta abierta a acciones militares unilaterales al margen del Consejo de Seguridad.

Dada la magnitud de las modificaciones introducidas, ¿por qué no se ha querido modificar el Tratado? Pues bien, porque ello exigiría la intervención parlamentaria de los Estados miembros. De esta manera la OTAN ha impedido que se abriera un debate social sobre qué papel le corresponde en el siglo XXI, y así se ha evitado que el rechazo ciudadano en alguno de los países miembros dificultase el proceso de transformación de la Alianza. A buen seguro que la OTAN ha buscado evitar los problemas que ha sufrido el proceso de integración de la Unión Europea.

La OTAN, en definitiva, no ha querido someter su transformación a un debate democrático. Según el artículo 94.1.b) de nuestra Constitución, se requiere autorización previa de las Cortes para modificar un tratado de carácter militar. Esta exigencia debería haberse cumplido antes de que Zapatero firmara en Lisboa el documento de la OTAN, ya que supone una modificación del contenido del Tratado del Atlántico Norte. El Gobierno no solicitó la autorización, convirtiendo así en papel mojado un artículo de la Constitución.

El preámbulo del Tratado declara que la OTAN es un instrumento para salvaguardar los principios de democracia e imperio de la ley. Pomposa declaración que debería ser sometida periódicamente a la prueba del algodón. Porque los hechos ponen reiteradamente de manifiesto que la integración de España en la OTAN ha supuesto un debilitamiento de nuestra democracia en lo relativo a Defensa.

Eduardo Melero, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Centro de Estudios por la Paz JM Delàs.