El 14 de marzo se detectó el primer caso de COVID-19 en una cárcel de Nueva York. El sistema penitenciario de esta ciudad consta de ocho cárceles; seis se encuentran en la isla de Rikers en Queens, y otras dos en los barrios del Bronx y Manhattan. Cuando llegó la pandemia había aproximadamente 5.000 presos, una cifra que, gracias a las reformas implementadas, ha caído a la mitad desde los cerca de 10,000 internos que había en 2016. El sistema carcelario neoyorquino continúa siendo de los más grandes del país, junto con los de las ciudades de Los Ángeles y Chicago.
Yo, junto con un compañero y amigo psiquiatra, soy la jefa de salud mental de Rikers, un departamento que cuenta con más enfermos mentales que cualquier hospital psiquiátrico del Estado de Nueva York. Es difícil describir la sensación de miedo e incertidumbre que vivimos esos días. El virus comenzaba a extenderse en la ciudad rápidamente, y las cárceles son lugares donde el distanciamiento social es muy difícil, a veces imposible. A nadie debería sorprenderle que la COVID se haya extendido tan rápidamente por instituciones penitenciarias del mundo entero. Además, muchos presos tienen condiciones médicas de alto riesgo, son inmunodeprimidos o mayores.
Temíamos una catástrofe mucho peor, pero, pasados ocho meses desde que fue detectado el primer caso, han muerto en hospitales de Nueva York de covid-19 un total de tres personas presas. Un factor que ha influido en esto es que en 1992 hubo en Rikers una epidemia de tuberculosis, y se construyó un módulo para enfermedades infecciosas con cuartos de presión negativa que han permitido aislar esta primavera a los primeros infectados. También se redujo la densidad en la cárcel, porque la ciudad de Nueva York puso en libertad a más de 1.500 presos que cumplían penas cortas o estaban en prisión preventiva, muchos mayores de 55 y con condiciones físicas que les situaban como parte del grupo de alto riesgo ante la covid-19. Pero, principalmente, muchas vidas se han salvado gracias al esfuerzo de los funcionarios de prisiones y del personal sanitario que han trabajado de manera incansable para mantener a flote las vidas y la salud mental de seres humanos que, a menudo, son olvidados por la sociedad.
Como psicóloga y responsable de salud mental en estas cárceles, mas allá del impacto del virus en la salud física de los internos, me preocupaban las consecuencias psicológicas. Es difícil saber exactamente el número de enfermos mentales que se encuentra entre rejas —y esto se debe a que se emplean distintas metodologías para medirlo, resulta difícil diagnosticar trastornos psiquiátricos en cárceles, y también a las distintas definiciones que se manejan de enfermedad mental—, pero en Nueva York, aproximadamente el 15% de los presos tiene un trastorno mental grave, como esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno bipolar, trastornos depresivos y trastorno por estrés postraumático. Casi la mitad de los internos recibe algún tipo de tratamiento del departamento de salud mental.
En condiciones normales, nuestro trabajo es controlar síntomas psiquiátricos agudos y prevenir suicidios, también mitigar los efectos dañinos e iatrogénicos de la encarcelación, y, por supuesto, rehabilitar y reeducar. Todo esto se complicó mucho durante la pandemia. Los internos dejaron de recibir visitas; y muchos juzgados cerraron retrasando la resolución de casos penales. A diario recibían noticias de familiares que habían sucumbido al virus, y veían a sus compañeros ser trasladados a zonas de aislamiento tras presentar síntomas de covid-19. A muchos presos con discapacidades les costaba entender la importancia de usar mascarillas o lavarse a diario las manos.
La mayoría de la población ha vivido el aislamiento provocado por esta pandemia en el confort de sus hogares y en comunicación constante con sus seres queridos; para los presos ha sido una especie de aislamiento dentro del aislamiento. No es de extrañar que las autolesiones hayan aumentado, una manifestación clara del estrés psicológico.
No sé si conseguiremos controlar la situación de nuevo si la covid-19 vuelve a sacudir a Nueva York y a sus cárceles de la misma manera, pero en estos meses he aprendido algunas lecciones que quiero compartir, y también apuntar algunos cambios que podrían acometerse en España.
En Rikers ha sido esencial tener a un equipo de expertos en salud pública y epidemiólogos y poder hacer PCR a un número muy grande de internos. También ha sido fundamental poder prestar apoyo a los presos aislados en cuarentena y reforzar el protocolo de prevención de suicidios. Y todo esto no habría sido posible sin los recursos que las cárceles de Nueva York tienen a su alcance, gracias a que la sanidad penitenciaria forma parte de la red de salud pública de la ciudad. Durante años, una compañía privada estuvo a cargo de los servicios sanitarios en las cárceles, pero esto cambió en 2016 cuando la gestión fue traspasada a New York City Health + Hospitals, entidad que gestiona todos los servicios de salud pública, con una red de 11 hospitales y un total de 70 centros de salud. Hemos podido usar estos centros para consultas externas y para ingresar a presos.
En España, en la mayor parte del país, la gestión de la sanidad penitenciaria depende del Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciaras y no está incorporada en el sistema nacional de sanidad pública. Esto a pesar de que la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del sistema nacional de salud dispone que “los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias serán transferidos a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud”. Han pasado 17 años y esto todavía no se ha producido en el ámbito nacional.
Sin embargo, ese traspaso es esencial por muchas razones, incluida la mejora en la compensación del personal sanitario en prisiones. Este es un trabajo muy complicado y requiere vocación, pero también una compensación justa y, al menos, equiparable a la del resto de los contextos sanitarios. El traspaso también permitiría compartir de forma más eficiente información médica y recursos.
Recientemente, los psicólogos clínicos en España se han movilizado para pedir más plazas de psicólogos internos residentes (PIR) y de esta manera mejorar la atención en la sanidad pública. Pero, además de esto, sería recomendable que la formación del PIR incluyera rotaciones en instituciones penitenciarias y que se ampliaran las plazas para psicólogos y médicos en prisiones. La sanidad penitenciaria es una cuestión de salud pública que ayuda a controlar enfermedades a nivel comunitario como el sida, la hepatitis, la tuberculosis y, por supuesto, las enfermedades mentales. Si los políticos no hacen esto por el bien de los encarcelados, que lo hagan por el bien de la salud y la seguridad pública. La pandemia nos ha vuelto a recordar que los presos también forman parte de nuestra sociedad y, por tanto, tienen el mismo derecho a la salud.
Virginia Barber es directora del departamento de salud mental de la cárcel de Nueva York y profesora en la Universidad de Nueva York.