El 20 de marzo pasado, Argentina entró en una cuarentena a nivel nacional por disposición del gobierno debido a la pandemia por COVID-19. El “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, que estableció la cuarentena, debía durar hasta el 31 de ese mes. No fue sino hasta el 6 de noviembre, que el gobierno anunció el fin de la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires, aunque restricciones de movimiento continúan en algunas provincias.
Esta ha sido una de las cuarentenas más largas del mundo, y sus resultados no han sido muy exitosos. Uno de esos lamentables resultados ha sido la violencia policial que se ha registrado desde que las medidas de confinamiento se implementaron en el país.
Medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos locales reportaron, desde el inicio de la cuarentena, decenas de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que controlan el cumplimiento del confinamiento. La Secretaría de Derechos Humanos recibió 531 denuncias de abusos policiales entre fines de marzo y principios de agosto, incluyendo 25 de muertes. En comparación, la misma entidad recibió solo 71 denuncias entre diciembre de 2019 y marzo de 2020.
No hay duda que la pandemia del COVID-19 ha generado una situación anómala e inexplorada. Las medidas necesarias y proporcionales para frenar el contagio, como las cuarentenas temporales, son fundamentales para proteger la salud pública. Pero es vital que haya una supervisión adecuada de su cumplimiento y que existan mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Todo esto es aún más importante en países como Argentina, donde la Policía cuenta con un deplorable récord de abusos, especialmente en barrios marginalizados.
Un caso impactante fue el del joven Facundo Astudillo Castro, de 22 años, quien estuvo desaparecido entre abril y septiembre. Lo último que se supo de él antes de su desaparición es que estaba haciendo autostop para dirigirse a Bahía Blanca, una localidad en la provincia de Buenos Aires donde vivía su novia. Ahí habría sido detenido por policías que le exigieron firmar una constancia indicando que habría violado la cuarentena. Los medios de comunicación publicaron una fotografía que la Policía había tomado de Astudillo Castro, esposado, junto a un vehículo policial.
El 3 de septiembre, después de que su cuerpo fuera encontrado, las autoridades habrían hallado un amuleto que aparentemente le pertenecían a Castro dentro de una comisaría de Teniente Origone, localidad de la provincia de Buenos Aires. Los fiscales están investigando la causa como “desaparición forzada de persona seguida de muerte”. Una autopsia reciente develó que Castro habría muerto por “ahogamiento”, al parecer sin la intervención de terceros, pero los fiscales siguen investigando el rol que agentes de la Policía tuvieron en su muerte.
En otro incidente, ocurrido el 15 de mayo, un grupo de policías mató a Luis Espinoza en la provincia de Tucumán. Espinoza regresaba del trabajo junto con su hermano después de haber cobrado su salario. En el camino se cruzaron con un grupo de policías que estaba dispersando a una multitud que incumplía con la cuarentena. Su hermano denunció que varios policías los golpearon y se llevaron a Espinoza. El 22 de mayo, su cuerpo fue encontrado en un barranco, con un disparo en la espalda. El 20 de junio, la fiscalía procesó a nueve policías y un civil por el crimen.
En la noche del 30 de marzo, al menos 15 miembros de la Gendarmería —una fuerza federal— se presentaron en La Cava, un barrio marginal de la provincia de Buenos Aires, según reportó el diario argentino La Nación. Los gendarmes golpearon a quienes estaban en las calles, supuestamente por transgredir la cuarentena, y dispararon balas de plomo para dispersar a la multitud, hiriendo a una niña de 7 años. Un adolescente de 15 años denunció que los gendarmes lo subieron a una camioneta y lo golpearon violentamente en la cabeza.
Algunos agentes también habrían cometido graves abusos contra personas LGBTQ+ con el pretexto de hacer cumplir las medidas de confinamiento. De acuerdo con declaraciones al medio Agencia Presente, el 13 de abril, en la provincia de Jujuy, un grupo de policías agredió sexualmente y golpeó a Delfina Antonella Díaz, una mujer transgénero de 19 años, tras haberla detenido por “violar la cuarentena”. Los policías la golpearon en el rostro, la llevaron a un descampado y le dijeron que la iban a “volver macho”. Díaz denunció que la obligaron a desnudarse, le tocaron los genitales y la amenazaron con violarla usando un bastón policial.
Ante estas denuncias, el Ministerio Público Fiscal publicó en abril una serie de pautas para el control de las medidas de confinamiento, que el Ministerio de Seguridad de la Nación transmitió a todas las fuerzas de seguridad federales. Las pautas reiteran las normas vigentes en el derecho argentino e internacional sobre el uso de la fuerza, que solamente podrá emplearse cuando resulte necesario y proporcionado. Asimismo, conforme al derecho internacional, las armas de fuego solo podrán usarse para contrarrestar una amenaza a la vida o la integridad física. Sin embargo, estas pautas no parecen haber contribuido a frenar los abusos.
El presidente Alberto Fernández acertadamente ha condenado de forma pública los abusos policiales y ha exigido a las autoridades nacionales y locales pertinentes que identifiquen a los responsables y los lleven ante la justicia.
Pero reiterar los principios sobre uso de la fuerza no es suficiente; quienes los transgreden deben ser debidamente sancionados. Las autoridades nacionales y provinciales de Argentina deben asegurarse de que se respeten los derechos fundamentales, en especial los de las personas más vulnerables, como grupos marginados y personas LGBTQ+.
Para garantizar que Argentina cumpla con sus obligaciones jurídicas internacionales de derechos humanos, el gobierno nacional debe liderar de forma urgente esfuerzos contundentes para poner fin a la violencia policial de fuerzas nacionales y provinciales. El Ministerio de Seguridad debe expresar de manera categórica que el cumplimiento coercitivo del confinamiento debe ser una medida de último recurso. Asimismo, todos los niveles del gobierno deben comunicar de manera clara y contundente que ninguna violación a los derechos humanos será tolerada, que todos los señalamientos de uso excesivo de la fuerza serán investigados en forma oportuna y rigurosa, y que se garantizará que los responsables serán llevados ante la justicia.
José Miguel Vivanco es el director para las Américas de Human Rights Watch.