La paz en la península coreana ha de ser justa

La conculcación masiva de los derechos humanos supone una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, tal como han sentenciado diversos órganos de Naciones Unidas. Sin embargo, la paz no estriba solo en la ausencia de guerra. La paz ha de ser justa. Una paz de esa naturaleza en la península coreana exigiría no sólo la liquidación del chantaje nuclear que realiza Pyongyang sino también el fin de la pavorosa situación que padece buena parte del pueblo norcoreano, víctima de prácticas atroces, calificadas por la ONU, la UE y otros actores internacionales de crímenes de lesa humanidad. Se trata de un gobierno que firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares para obtener beneficios económicos y comerciales y del que se retiró cuando le vino en gana. Un régimen tiránico de carácter dinástico, miembro de Naciones Unidas -a quienes toma el pelo con la complicidad, hasta ahora, de Rusia y China- y que incumple las obligaciones jurídicas vinculantes que asumió voluntariamente como Estado parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Kim Jong-un, el déspota actual al mando, ha sorprendido con un viraje estratégico. De denostar a Corea del Sur y amenazar con el perfeccionamiento de un misil dotado de una pequeña cabeza nuclear capaz de alcanzar la costa oeste estadounidense, ha pasado a proponer reunirse con el presidente surcoreano Moon Jae-in y el norteamericano Trump en busca de la distensión. ¿Se trata de un cambio sincero o de una maniobra para ganar tiempo? ¿Es consecuencia de las recientes sanciones -las más fuertes hasta la fecha- impuestas por la ONU, UE y EEUU, a las que Pekín se ha unido por primera vez con relativa contundencia?

Existen razones para el escepticismo. La dinastía Kim ha negociado con Washington desde 1994 con el propósito de obtener ventajas económicas a cambio de una supuesta renuncia al desarrollo nuclear con fines militares. En octubre de ese año el presidente Clinton firmó un acuerdo ejecutivo (no un tratado, para evitar su consideración por el Congreso, bajo control republicano) con el déspota de entonces, Kim Jong-il, padre del actual. Acuerdo incumplido. Bush prefirió la vía multilateral y propició en 2003 las denominadas “Conversaciones a seis”, con la participación de China, Rusia, Japón y Corea del Sur. En 2005 Pyongyang anunció que disponía de armas nucleares y abandonó las conversaciones. Obama, escaldado por el fracaso de sus predecesores, estableció la doctrina denominada “Paciencia estratégica”, acompañada de sanciones. Cuando Obama dejó el puesto, la paciencia continuaba pero Corea del Norte había realizado ya cuatro pruebas nucleares.

Pesa sobre Corea del Norte una doble carga moral y política. Juicio condenatorio a cargo de la ONU, con condena firme aunque no ejecutable, por ahora, a causa del veto de dos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China y Rusia. Los cargos, probados y verificados, son de naturaleza dual. Por un lado, desprecio absoluto por los derechos políticos, civiles, sociales y económicos de su propia población, lo que convierte a sus dirigentes en reos, en función del mandato onusiano de la Responsabilidad de Proteger, que persigue de oficio el genocidio, depuración étnica, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y por otro, la puesta en peligro de la seguridad en Asia que implica el paquete nuclear militar de que hace gala agresivamente.

Cierto que algunos otros Estados poseen el arma nuclear, pero ninguno de ellos, al menos por el momento, la esgrime de modo agresivo. La exclusiva nuclear, provocativa y temeraria, corresponde a Pyongyang. Asimismo, numerosos Estados conculcan los derechos humanos, pero ninguno con la intensidad, generalidad y carácter sistemático de Pyongyang. Michael Kirby -el prestigioso jurista australiano que en 2014 encabezó la comisión ONU que realizó un meticuloso estudio sobre el tema- ha declarado recientemente que “la gravedad, escala y naturaleza de las violaciones de derechos humanos en Corea del Norte revelan un Estado sin paralelo en el mundo contemporáneo”. Y lord Alton -presidente en la Cámara de los Lores británica del Grupo sobre el país asiático- afirma que “Corea del Norte viola los treinta artículos, todos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Además, la falta de respeto por los derechos humanos del propio pueblo a quien se gobierna es indicativa de la naturaleza del régimen. Un régimen que se comporta así internamente despreciará el sistema de normas y pautas de comportamiento que constituyen la base de la comunidad internacional. La relación entre los crímenes atroces y la seguridad y paz internacionales es directa. De ahí que el intento de conseguir (vía cumbre Trump/Kim) una paz, estabilidad y seguridad duraderas exige no solo que Pyongyang renuncie al chantaje nuclear sino que también la pavorosa situación humanitaria en el denominado “reino ermitaño” sea abordada, aunque, de momento y dada la concentración de la atención en el tema nuclear a causa de su inmediata peligrosidad, haya de hacerse -como prescribe la práctica diplomática- “en los márgenes” de la reunión, pero advirtiendo al sátrapa Kim que es un tema a tratar en breve plazo.

Emilio Menéndez del Valle es Embajador de España.

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