La penúltima regularización

Por Carles Navales, director de la revista La factoría (EL PERIODICO, 21/02/05):

En julio del 2000 se reunieron en Marsella los ministros europeos de Justicia e Interior. Jean-Pierre Chev¨nement, entonces ministro francés, introdujo estas tres preguntas: ¿La Europa de acogida debe transformarse en la Europa del mestizaje?; ¿qué volumen de inmigrantes se prevé que llegará a cada país?; ¿deben abrirse las fronteras a la inmigración laboral? Estaba sobre la mesa un reciente informe de Naciones Unidas según el cual en el 2050 la población europea descenderá de los 730 millones actuales a 628 millones, por lo que se necesitará entre 47,5 y 78 millones de inmigrantes o hijos de éstos para mantener la actual estructura laboral.

Desde entonces han pasado muchas cosas: el 11-S, el terrorismo islamista, el auge del racismo, el ascenso de la ultraderecha, conflictos en los barrios y más. Hoy todo está más claro. Blair dice que el objetivo es que “sólo entren a Gran Bretaña y consigan permisos de trabajo aquellos de quienes hay necesidad en el país”. En Alemania, según Schröder, “el principal objetivo es crear condiciones para atraer personal cualificado”. Chirac y Berlusconi van por la misma senda. En Dinamarca, el resultado electoral indica que la mayoría de los daneses desean cierto grado de restricción. En resumen, el concepto seguridad quiere alcanzarse mediante severas legislaciones y controles. Una visión tan unidimensional como hegemónica en la actualidad.

En este contexto, del que España no es ajena, se inicia el proceso de regularización de inmigrantes. Se calcula que son 800.000 los que se encuentran en situación de trabajo irregular. Los más optimistas creen que el proceso alcanzará a medio millón, mientras los más pesimistas dudan que sobrepase los 100.000 contratos de trabajo. Si aciertan los optimistas, los ingresos para la Seguridad Social serán 70 millones de euros mensuales en cotizaciones. Si la razón la tienen los pesimistas, se quedará en la quinta parte. Lo que está claro es que sólo serán regularizados los que tengan un contrato de trabajo en firme y que, después, habrá mano dura. Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, ha sido tajante: “Los empresarios serán sancionados con multas de hasta 60.000 euros y el inmigrante que no pueda acogerse a ninguna fórmula habrá de irse, porque las leyes están para cumplirlas”.

Estos primeros días han estado marcados por la incertidumbre, que cabe esperar vaya desapareciendo y podamos llegar en normalidad al 7 de mayo, fecha en que se cerrará el proceso. Los problemas han sido muchos con los tres requisitos básicos que se exigen a los que tienen contrato en firme: pasaporte y certificados de empadronamiento y de antecedentes penales.

Muchas personas no pueden disponer de pasaporte por carecer su país de representación diplomática en España, lo que les obliga a desplazarse como mínimo a París, con los consiguientes costos y dificultades legales al carecer de papeles; igual sucede con el certificado de penales. Pero la mayor incertidumbre se está dando con el certificado de empadronamiento, que debe estar firmado por el secretario del ayuntamiento, lo que demora la entrega del mismo; además muchos inmigrantes lo solicitaron en tiempo y forma y los ayuntamientos les dieron cita previa pasado el mes de agosto, por lo que carece de validez sin que el inmigrante tenga culpa alguna, ya que el 7 de agosto de 2004 era la fecha tope para acreditar estar empadronado, y para acabarlo de aliñar, en algunos ayuntamientos se exige el pago de tasas de entre 9 y 15 euros.

Hay que reconocer que el Gobierno está actuando con cierta cintura. Así, acaba de admitirse que los empresarios no tengan que personarse para tramitar los permisos y puedan delegar notarialmente en profesionales colegiados. También se aceptó que los ciudadanos ecuatorianos no necesiten pedir el certificado de penales a su cuerpo consular y que sea la policía quien informe cada caso. Lo ideal sería buscar soluciones idóneas como las descritas para las dificultades que se están planteando.

La reacción empresarial está siendo desigual. Mientras son muchos los que optan por regularizar la situación, a los sindicatos ya están llegando sin papeles con trabajo a los que el empresario ha anunciado el despido. También hay casos en los que los empresarios que piden que pague el trabajador por adelantado los seis meses de cotización a la Seguridad Social.

Éste es el panorama. El proceso de regularización puede permitir que tengan contrato muchos de los que ya están trabajando. Otros irán a la calle. Acabado éste, la bolsa de sin papeles será menor, pero continuará existiendo. Será hora de volver al tema.