La pérdida de un trozo de Historia

El destino de un buque emblemático, la capitana de Galeones El Señor San José, se selló trágicamente el 9 de junio de 1708, al volar por los aires e irse a fondo frente a la isla de Barú, en el archipiélago de Las Perlas, en la zona insular de Cartagena de Indias. Era un coloso de más de 1.000 toneladas con una capacidad de carga de entre 500 y 600 toneladas de merchante, según aprecio del piloto mayor y arqueador oficial, Antonio del Orbe. Diseñado y fabricado para la guerra por un gran innovador, Pedro de Aróstegui, en 1698, era, junto con su gemelo –hasta donde podía serlo en la época– el San Joaquín, el arquetipo del galeón tardío de gran porte.

Ignorantes de las exigencias y de las circunstancias del siglo, pretenden algunos calificarlo hoy de mercante armado con un fin interesado: el eximirlo, vivo o muerto, en su vida activa o en su reposo final, de la inmunidad soberana que se viene aplicando en los países más respetuosos a los barcos de guerra.

La pérdida de un trozo de HistoriaEl mando militar del San José lo ostentaba un marino-soldado, el capitán de mar y guerra, don Sebastián de Gijón, que había ascendido desde simple plaza rasa a este preludio del almirantazgo, y con él había embarcado toda una compañía de guarnición, de las del Tercio gaditano del Mar Océano, unidad adscrita permanentemente a la Armada, con sus oficiales, mosqueteros, bandera y tambores. El redoble marcial del tambor habría de presidir su función final y su hundimiento, como cualquier enfrentamiento de infantería en tierra.

Ante estas evidencias se ha argumentado que el San José desempeñaba un cometido exclusivamente comercial, cuando lo que llevaba a cabo era la misión mixta para la que había sido construido como buque de guerra. Su carga en el viaje de ida a Indias de dos años antes, fondeado ante Puntales o en un caño de La Carraca, había venido determinada por necesidades mercantiles, sí, pero también náuticas. Todo buque de la época, y en especial los de mayor porte, precisaban ir lastrados con carga bien estibada, principalmente los enjunques de hierro vizcaíno que en Indias debían convertirse en aperos y utensilios, para poder navegar y aguantar la vela, completados por los productos españoles tradicionales de cuyo registro se encargaba un maestre de nao: Luis Vélez de Guevara.

Productos que se venderían en Portobelo y cuyo importe se perdería con el resto de capitales embarcados en el San José. Propiedad privada de comerciantes y propietarios andaluces, junto con las limosnas, los sueldos de funcionarios, las multas gubernativas y el producto de los impuestos por servicios estatales de una institución suprema, común a peninsulares y peruanos «latu sensu»: la Monarquía española, de la que todos somos herederos culturales y, por lo tanto, partes interesadas.

En forma de cajones y de sacas selladas y registradas, las monedas que despiertan hoy tantas ambiciones habrán de coincidir cuando se las extraiga –si no se ha hecho ya parcialmente– en la marca de una ceca mayoritaria y común y no precisamente colombiana: ¡la de Potosí y Lima!. Su destino, la bahía de Cádiz, debería obrar ya como presunción de pertenencia.

El galeón partió de Portobelo hacia su infortunio con su nuevo y precioso lastre, sus caudales, cuyo notario oficial había sido otro tipo de maestre, el maestre de la plata, funcionario mayor y exclusivo, cuya presencia demuestra de por sí la condición del galeón como buque oficial o de «estado»: don Juan Martín de Isasi. Entre sus papeles conservados se han de buscar las claves para cualquier reclamación y alegato.

El San José resultó la víctima mayor de la emboscada urdida por el senior capitán Charles Wager, el jefe de la estación naval de Jamaica quien, al mando de cuatro buques de guerra, interceptó a la flota de Tierra Firme cuando ya avistaba Cartagena. Los navíos británicos atacaron a los abarrotados galeones de escolta, que inmediatamente plantaron cara. El Expedition de Wager arremetió contra el San José que, tras una hora de combate, sufrió un accidente interno que lo llevó al fondo del océano. De sus 600 embarcados –tripulantes, soldados, comerciantes y viajeros– sólo sobrevivieron una docena, cuyas declaraciones son testimonio de la ostentación en combate del estandarte real envergado a popa, prueba inequívoca de la condición de nave de estado del San José.

Los ahogados de entonces son hoy los grandes olvidados, cuyo recuerdo nadie parece querer respetar ni reclamar. Algún comentarista sueña ahora en esmeraldas nativas y se muestra proclive a una hipotética repatriación corpórea, pues sólo a los restos humanos considera españoles, y evita el decoro debido a todo cementerio marino que respetan las naciones. Esos muertos guardarían en el bolsillo de sus faltriqueras y en su equipaje personal las joyas personales que no deseaban declarar. Joyas en buena parte privadas y no de posesión nacional genérica.

Al interés científico vuelto a surgir hace bien poco, sobrepasó el crematístico y las rotativas se poblaron de cifras y de apetencias. De sus últimas vicisitudes legales y proyectos de excavación la prensa de investigación española más solvente, que no los organismos competentes y responsables, ha venido dando recientemente abundante información.

Con sorpresa, inquietud y sensación de impotencia, hemos ido conociendo desde hace tres años el anuncio del descubrimiento –redescubrimiento– de este buque; la decisión del Gobierno colombiano de excluir cualquier posible intervención española; su resguardo en una legalidad de doble efecto, en contradicción con los principios de conservación y de transparencia de las convenciones internacionales y, finalmente, la campaña mediática que ha acompañado al proceso con declaraciones sobre un pretendido expolio de los bienes colombianos, que cuestionaba la actuación española del pasado y del presente.

Fracasada hasta ahora nuestra diplomacia, todo lo conseguido tras el éxito de la fragata Mercedes, que consiste más en el reconocimiento de nuestros derechos que en la montaña de plata obtenida, amenaza con venirse abajo. España debe participar en una solución que no atente contra el rigor de una excavación científica y que proteja que el relato histórico no se tergiverse, porque tiene sólidas razones para ser parte.

Hugo O’Donnell, historiador.

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