Cuando hay una pandemia, los líderes del mundo y los servicios de emergencias de salud deben adaptarse rápidamente a la amenaza en ciernes. A menudo, el último factor que consideran —si es que en algún momento llega a formar parte de sus listas— es el género.
Como defensoras de los derechos y la salud de las niñas y mujeres, escuchamos las excusas una y otra vez: «En este momento, el género no es una prioridad», dicen los líderes. «Tal vez, cuando se calmen las aguas», afirman. «No es el momento», insisten. Si la intención es encontrar las respuestas más eficaces contra la COVID-19 —o cualquier emergencia de salud— esto debe cambiar.
Las niñas y mujeres sufren los brotes de forma diferente que los niños y los hombres. Una mirada de género resalta los riesgos y vulnerabilidades específicos que enfrentan las niñas y mujeres debido a desigualdades y roles de género tradicionales profundamente arraigados. Y los hechos que esa perspectiva revela pueden salvar vidas y garantizar que nadie sea dejado de lado en nuestras respuestas ante las emergencias.
Para replantear nuestra respuesta ante la pandemia a partir del género, primero tenemos que proteger y apoyar a los especialistas en salud en el mundo, el 70 % de los cuales son mujeres. Es fundamental que reciban capacitación, equipamiento y cuenten con recursos, lo que implica cubrir la escasez mundial de elementos de protección, como máscaras y guantes, para que tanto ellos como los pacientes estén adecuadamente protegidos.
También implica atacar la brecha de género del 28 % en la remuneración en los profesionales de la salud en el mundo y asegurar entornos laborales decentes y seguros, con equipamiento de protección adecuado. Esto evitará las interrupciones en la provisión de servicios, porque los propios profesionales de la salud no se enfermarán, y fomentará la retención mientras trabajan día y noche para combatir la COVID-19. Además, debemos desmantelar el sistema discriminatorio que excluye a las mujeres profesionales de la salud de los organismos donde se toman las decisiones que inician los protocolos de emergencia para salvar vidas en entornos atención sanitaria.
De igual modo, será imposible proporcionar evidencia confiable sobre la COVID-19 para los profesionales de la salud, los responsables de las políticas y los medios sin invertir en la obtención de datos desagregados por género y edad en todas las tareas de vigilancia y control. Las emergencias sanitarias como la epidemia del ébola en 2014-16 y el brote del cólera en 2012 en Sierra Leona muestran que la ausencia de datos desagregados por género dificulta fuertemente la toma de decisiones inteligentes, las respuestas firmes y la rápida recuperación. Aunque esas emergencias sanitarias pueden habernos presentado desafíos distintos a los de la COVID-19, la necesidad de soluciones basadas en la evidencia respaldadas por información de calidad sigue siendo la misma.
También debemos preguntar por la forma en que los roles de género tradicionales moldean la manera en que la gente con diversas identidades de género y procedencias experimenta la COVID-19. Esto implica ir más allá de los datos iniciales de China, que sugieren que las infecciones por la COVID-19 son ligeramente mayores entre los hombres que entre las mujeres. También implica que tenemos que evaluar qué lleva a que las niñas y mujeres, los niños y hombres, y las personas no binarias resulten vulnerables en primer lugar.
Por ejemplo, las emergencias de salud anteriores demuestran que el rol tradicional de las mujeres en la atención de los familiares enfermos suele aumentar su exposición a las enfermedades infecciosas a través del contacto con otras personas. Esto ocurrió durante el brote del ébola en 2014-16, la epidemia de SRAS en 2002-03 y la lucha de la India contra el virus Nipah en Kerala en 2018. En todos esos casos, gran cantidad de niñas y mujeres que atendieron enfermos resultaron infectadas. Saber esto permite que quienes cuidan a los enfermos comprendan la importancia de reforzar las medidas preventivas en sus hogares, como se indica en la guía de prevención de la OMS para la COVID-19, e informar los casos cuando aparecen los síntomas.
Mientras reforzamos nuestra respuesta médica y epidemiológica ante la COVID-19, también debemos asegurarnos de que no se interrumpan los servicios básicos de salud materna, sexual y reproductiva. El brote del ébola en África Oriental demostró que las actividades para limitar la enfermedad pueden desviar al personal y los recursos de otros servicios que necesitan las mujeres. Esto puede tener consecuencias desastrosas: la mortalidad materna en la región aumentó el 75 % durante la epidemia y la cantidad de mujeres que daban a luz en hospitales y clínicas cayó el 30 %.
La necesidad de asistentes expertos para los partos, protección contra la violencia de género, anticonceptivos y abortos seguros suele aumentar durante los brotes. La COVID-19 no difiere en este sentido. Se informaron aumentos de la violencia doméstica en Wuhan, China, durante el confinamiento de dos meses en esa ciudad. Y la gente sigue teniendo relaciones sexuales, transita la pubertad, menstrúa, se embaraza y pare durante las emergencias de salud pública, por lo que cubrir esas necesidades debe seguir siendo una prioridad.
Eso requiere que las mujeres asciendan a roles de liderazgo. Las mujeres son expertas proveedoras de servicios, epidemiólogas, cuidadoras de enfermos, líderes comunitarias y más. Sobre todo, son las mayores expertas respecto de sus propias vidas y deben participar equitativamente en todos los esfuerzos de preparación y respuesta. Eso implica garantizar la participación de las niñas y mujeres en todos los grupos de expertos locales, nacionales, regionales y mundiales sobre la COVID-19. Las mujeres deben participar en los consejos comunitarios locales y los organismos legislativos donde se toman decisiones importantes. A nivel internacional, los desequilibrios de género en el liderazgo sanitario mundial, donde los hombres ocupan el 72 % de los cargos más importantes, se debe solucionar con urgencia.
Con recursos suficientes, podemos evitar los errores del pasado y diseñar respuestas con una perspectiva de género desde el primer momento. Si bien los 15 millones de USD y los 14 000 millones de USD de ayuda para emergencias, comprometidos respectivamente por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, son un gran comienzo, debemos hacer inversiones adicionales para implementar las políticas que requiere una estrategia eficaz contra la COVID-19.
Las excusas para no tener en cuenta el género durante las emergencias sanitarias han entorpecido las respuestas que más necesitamos durante demasiado tiempo. Para que todos estemos protegidos, esta vez debe ser diferente.
Susan Papp is Managing Director of Policy and Advocacy at Women Deliver. Marcy Hersh is Senior Manager for Humanitarian Advocacy at Women Deliver.