La policía rechaza a los violentos

El jueves pasado aparecieron en la fotografía de portada de este diario unos 200 agentes de la Policía Nacional concentrados ante la Jefatura Superior de Policía portando una pancarta que decía “Apoyo a los UIP’s. Rechazo a los violentos”, en adhesión al grupo antidisturbios que operó el 22 de marzo en Madrid. Exigen ceses entre los mandos por descoordinación manifiesta en el operativo y castigos ejemplares para los detenidos, pero desconozco la razón de que los castigos a los detenidos ipso facto aquella misma noche deban ser ejemplares y los ceses (tardíos e improbables) de sus jefes, en cambio, no lo sean: en realidad, que nadie dimita ni sea cesado dentro de la Policía o del Gobierno es muy poco ejemplar.

Estoy seguro de que esos policías lamentan como muchos otros ciudadanos que los medios de comunicación estén hablando tanto de los incidentes violentos acaecidos en las postrimerías de la manifestación del 22-M y apenas mencionen la marcha de unas heroicas personas durante centenares de kilómetros hasta Madrid o la manifestación ejemplar y pacífica de centenares de miles de ciudadanos por las calles de la capital.

Corre la voz (¿leyenda urbana? ¿bulo sin base? ¿sospecha fundada?) de que al Gobierno le vendría bien una desgracia personal de envergadura en alguna manifestación popular para que cundiere la alarma y pudiere actuar con particular contundencia contra la “izquierda radical” manifestante (una minoría, según destacados miembros del Gobierno y del PP, en comparación con la mayoría ciudadana que permanece en sus casas). Para ellos, una masiva protesta ciudadana pacífica y ejemplar atenta contra la imagen y la marca España que tanto obsesiona a los adoradores de la diosa gaviota. El hecho es que los policías (tan ciudadanos como cualquier otro) están, por un lado, a merced de la incompetencia de algunos de sus mandos y, por otro, de una insignificante minoría de descerebrados para quienes la violencia callejera constituye la madre de todas las fiestas.

Puedo asegurar a los policías concentrados la semana pasada tras esa pancarta en Zaragoza que no soy ningún famosete de los que habla su portavoz y que condeno cualquier agresión, sea contra policías, contra manifestantes, contra desahuciados o contra cualquier otra persona. Sin embargo, echo de menos que esos policías (de paisano o no), ejerciendo sus derechos y libertades ciudadanas, manifiesten públicamente su apoyo también a las Marchas por la Dignidad o a cualquier otra denuncia y reivindicación, que afectan igualmente a sus bolsillos y sus propias familias. Sin embargo, no los he visto concentrados de esa guisa en la ejecución de un desahucio, ante la puerta de una sucursal bancaria que se niega rotundamente a recibir a un ciudadano desesperado, en una oficina de desempleo atestada de jóvenes, padres y madres de familia en paro, con los afectados por las preferentes, con los enfermos embutidos en pasillos repletos de otros enfermos por no haber camas disponibles mientras plantas enteras del centro sanitario están criminalmente cerradas, etc. Esa es la violencia más cruda y real.

Desearía ver pronto a los ciudadanos policías compartiendo espacio y pancarta con otros muchos manifestantes y pancartas por las calles de la ciudad. Quisiera que su próxima pancarta siguiera condenando la violencia y a los violentos, pero que fuese exhibida en la sede del Gobierno de Aragón, y/o en la sede de las Cortes de Aragón, pues la violencia más sistemática, salvaje y atentatoria contra los derechos del pueblo y de la ciudadanía proviene de la violencia del Estado, la violencia del poder económico de las grandes empresas, la gran banca y los grandes intereses comerciales y financieros de España, Europa y del mundo, a cuyo servicio están hoy los Gobiernos.

Ese “rechazo a los violentos” de la pancarta policial exhibida ante la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza debe señalar igualmente y sobre todo a quienes se están lucrando violentamente mediante el crimen de lesa humanidad del desahuciado, del desempleado, del explotado en condiciones laborales denigrantes, del pequeño y mediano empresario arruinado por falta de crédito, de miles de jóvenes sin futuro en su propio país abandonados a su suerte en la emigración de la gente más preparada, de privatizaciones irracionales desde el principio indemostrado de que lo privado funciona mejor que lo público, de ERE insensatos y egoístas… ¿Esos policías exigirán también que la ley caiga como una losa sobre todos esos violentos?

Tras esa pancarta del rechazo a los verdaderos y reales violentos estaremos muchos y muchas con ellos, uniformados o de paisano, que seguramente saben que la demolición sistemática por parte del Gobierno y de la Troika de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía no es fruto de algún “error de coordinación” que achacan a sus mandos, sino de un programa mundial de implantar otro orden, otra forma de vida, otra sociedad que consolide que una minoría sea cada vez más rica, mientras el pueblo queda sometido a los engranajes del poder.

Antonio Aramayona, profesor de Filosofía.

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