La política como profesión

Si platón señalaba la pasión como principal virtud del político, Aristóteles prefería la prudencia; irracionalidad y racionalidad en conflicto o equilibrio inestable. Hace ya un siglo que Max Weber recuperaba este viejo dilema, cuando señalaba que las virtudes ideales del político deberían ser: pasión, sentido de la responsabilidad y mesura. En su gusto por el análisis a base de tipos ideales y de contrastes dicotómicos, constató que lo vocacional chocaba y hasta perdía terreno ante lo profesional en la actividad política, lo mismo que la ética de la convicción lo hacía ante la de la responsabilidad, siendo todo ello algo relevante para el propio devenir democrático.

Del equilibrio o no entre ambos extremos del dilema se deducen impactos serios para la vida política de nuestras sociedades. Los políticos vocacionales han ido siendo sustituidos, progresivamente, por los políticos profesionales, aquellos que hacen de la actividad política una profesión más y para toda la vida. Hacer política es tratar de influir sobre la distribución del poder, condicionando el sentido y los efectos de la gobernanza de una sociedad. Y esto es hacer de la política una profesión. Pero los profesionales de la política pueden ejercer tal profesión de forma ocasional, como algo secundario o como su actividad principal o única.

Lo verdaderamente importante es cuando se hace de la política una profesión porque se vive para la política y/o porque se vive de la política. En efecto, ser un profesional de la política es sentirla como algo vital, es darle un sentido a su vida poniéndola al servicio de un ideario o programa, sin necesitar la política como su fuente de ingresos permanente, porque dispone de otras opciones vitales y profesionales alternativas cuando decida retornar a la actividad privada.

Por el contrario, es un político profesional quien hace de la política su profesión para vivir de ella, convirtiéndola en su fuente permanente o duradera de ingresos, sin otras destrezas o alternativas profesionales que le permitan igualar o mejorar las condiciones económicas o de prestigio social que aquella le reporta.

No quiere decir que ambas alternativas sean necesariamente incompatibles. Pero, las características y evolución de nuestro Estado de partidos, la jerarquización y oscurantismo de las organizaciones partidistas, la dependencia mediática de la competición y la profesionalización y modernización de la burocracia administrativa han contribuido a un claro y progresivo predominio de los segundos, los políticos profesionales, a costa de la casi desaparición de los primeros, los profesionales de la política o, al menos, de su clara dependencia instrumental y subordinada respecto de aquellos. De ahí que el gran recurso de los políticos profesionales no sean tanto sus destrezas o conocimientos específicos de las materias a gestionar cuanto su capacidad de permanencia en las instancias de poder o de influencia, gracias al conocimiento y control de los mecanismos de los aparatos partidistas.

Por aquellos mismos años y dando continuidad a la tradición elitista italiana iniciada por El Príncipe, Gaetano Mosca acuñó el término clase política para referirse a esta nueva realidad que ya veía consolidarse en las sociedades democráticas occidentales. Engrosada por los gobernantes y todos los que participan en la toma de decisiones políticas, forman un grupo social especial y son el auténtico régimen político de la minoría que gobierna a la mayoría. Y pueden hacerlo porque están organizados para la lucha por el poder, son dinámicos y versátiles y, conscientes de sus objetivos e intereses, se orientan estratégicamente al control de las decisiones y la influencia política.

A medio camino entre ambas tradiciones y países se sitúa Robert Michels, el alumno rojo del liberal Weber que, decepcionado, cambiará su militancia socialista inicial por el fascismo. En su obra más conocida, Los partidos políticos, al estudiar el SPD como el primer gran partido de masas, nos formula la conocida como ley de hierro de la oligarquía. Según esta, fruto de la complejidad organizativa de la gobernanza de nuestras sociedades, los liderazgos inicialmente surgidos del clamor o el apoyo popular acaban constituyendo élites con autonomía propia, que buscarán perpetuar su posición a cualquier precio. Para ello necesitan un contexto institucional y partidista en el que sea posible el desplazamiento de objetivos de las organizaciones, por el que éstas dejen de ser un medio para alcanzar determinadas metas socioeconómicas (ideológicas o programáticas) para convertirse en un fin en sí mismas, fruto de la lucha por el poder orgánico o institucional.

Quienes se adaptan a la nueva especialización organizativa de la política, controlan los mecanismos de la toma de decisiones complejas y demuestran versatilidad y agilidad para dar respuestas rápidas, se convierten en imprescindibles. Para ello, a su vez, son necesarias organizaciones partidistas, jerarquizadas burocráticamente, en las que el control de los mecanismos de la eficacia competitiva, en forma de resultados electorales y cargos institucionales, prime sobre los requisitos de la democracia interna o de la respuesta a las necesidades colectivas.

DE ENTONCES a hoy no han hecho más que confirmarse tales análisis, a veces casi proféticos. Los partidos políticos, convertidos finalmente en aparatos del Estado, han abandonado su ubicación en el seno de la sociedad civil y su función mediadora entre ambos, al tiempo que su clase dirigente ha cartelizado la política para garantizar la permanencia profesionalizada del personal político. La calidad profesional de los políticos estará en relación a su carácter endogámico y a los patrones mediáticos de la competición. Todo ello no hace más que producir alejamiento ciudadano por fatiga política, al tiempo que refuerza la autonomía de la clase política profesional, describiendo un círculo vicioso ya crónico.

No puede extrañarnos que los políticos se hayan convertido en un problema para una parte importante de la ciudadanía, que haya más de un 40% de españoles descontentos con el funcionamiento de nuestra democracia, que el 80% valore negativamente el enfrentamiento entre los dos grandes partidos nacionales, que los partidos políticos estén entre los actores sistémicos peor valorados y que menos confianza concitan, que consideren que no les interese la opinión de la gente corriente, que el 80 % piense que para los partidos lo importante es perpetuarse en el poder aunque para ello tengan que sacrificar su ideario, que el 70 % nos diga que todos son iguales, que la ciudadanía identifique mayoritariamente la búsqueda del poder y la influencia como la principal motivación de la clase política en su lucha por los cargos, que más del 60 % nos diga que hay poca democracia interna en el seno de los partidos y que éstos ofrecen pocas posibilidades de participación a los ciudadanos, que la política inspire, sobre todo, sentimientos negativos o de indiferencia y que ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición cuenten con la confianza suficiente.

A pesar de todo, nuestra ciudadanía se ha resignado mayoritariamente a asumir el papel imprescindible de los partidos para el funcionamiento del sistema democrático, pero con demandas claras sobre cuáles deberían ser las mejoras y las reformas para una necesaria regeneración política de nuestra partitocracia. Todo esto es lo que está en la explosión callejera del 15-M. ¿Estará nuestra clase política dispuesta a escuchar tales demandas? La calidad y el futuro de nuestra democracia lo requieren con urgencia.

Francisco J. Llera Ramo, catedrático de Ciencia Política y Director del Euskobarómetro de la Universidad del País Vasco.

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