La política debe quedar fuera del CNI

Un servicio de inteligencia es una institución pública, al servicio del Estado democrático de derecho, cuyas misiones emanan del Ejecutivo para contribuir, con sus procedimientos especiales, a la necesaria seguridad nacional, sin la que la vida de la sociedad se torna frágil e inestable. El Gobierno de turno impulsa su actividad, controla el resultado de sus cometidos y legaliza sus actuaciones, siempre conforme a derecho; si hubiera otros organismos que pudieran realizar las funciones de los servicios de inteligencia, estos dejarían de ser necesarios y desaparecerían.

Al reciente cese de la directora del CNI, Paz Esteban, ha seguido como consecuencia, al parecer, de forma directa e inmediata, la modificación de las misiones de vigilancia de nuestro servicio de Inteligencia nacional (CNI) a los impulsores y entorno del reciente golpe de Estado separatista en Cataluña, si se interpretan las informaciones disponibles, también aparecidas en prensa; esta posible decisión, grave por su significado, tendría un mayor alcance en lenidad si como es público y notorio aquellos responsables del golpe de Estado y proclamación de una 'república catalana', han aseverado solemnemente que «lo volveremos a repetir», han mantenido el refugio en Bélgica del mayor responsable de aquellos actos, desde donde alienta internacionalmente esas posibilidades, y establecidos contactos, al parecer, con servicios de inteligencia hostiles a España, en especial los rusos, aspecto este último que no es un caso aislado en la estrategia del presidente Putin de disgregar Europa, para lo que sus regiones más significativas ofrecen un blanco apreciable.

Los servicios de inteligencia no son los únicos contrafuertes de la seguridad nacional, lo son el conjunto de la Administración del Estado, la sociedad civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc, pero aquellos actúan, constantemente, en paz, crisis, conflicto armado y guerra, contra los servicios de otros Estados y grupos hostiles, en el interior y en el exterior, que pretenden ejercer su agresión, mediante el fomento de la subversión, el sabotaje, el espionaje, la influencia, la presión, las operaciones encubiertas, y un largo etcétera, y también desde el ciberespacio.

Las leyes que en España asignan las misiones de la alta institución de la Inteligencia española, indican: «El CNI es el organismo público responsable de facilitar al presidente y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones».

Si introducimos el concepto de contrainteligencia, compartido por la mayoría de los servicios de Inteligencia de los países aliados, podemos afirmar que la ley citada, la 11/2002 de 6 de mayo, refiere , en su artículo 4º, al tratar de las funciones del CNI , los objetivos de aquella, cuando indica: «Prevenir, detectar, y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población», párrafo que se puede asimilar íntegramente a la contrainteligencia española, que ejerce, o ejercía, el CNI.

Si consultamos la 'temida' hemeroteca, podríamos recoger la argumentación de la actual ministra de Defensa defendiendo, con el contenido referido de la ley 11/2002, la correcta actuación del CNI, en la persona de su directora depuesta, al menos hasta que la buena praxis del servicio español estaba en el platillo de la equidad y no vencido por la política. Lo que aquí se plantea es la correcta actuación de un servicio de Inteligencia y el correctivo a su directora por actuar correctamente, incluso con el dictamen del Defensor del Pueblo, que así lo admite en su escrito de conclusiones al respecto, y con la aquiescencia del conjunto del personal del CNI que así lo reconoce y aplaude.

Pero también lo que aquí, con este artículo, se teme, es que estemos en el proceso de una politización de nuestro servicio de Inteligencia nacional, de un cambio de misiones y procedimientos, similares, e incluso más cuidadosos con las libertades individuales, a los que mantienen los aliados de España, en un momento crucial como el que se abre ante las amenazas, riesgos y desafíos en el nuevo concepto estratégico, establecido en la Cumbre de la OTAN de Madrid; si se abre la puerta del CNI a la política, con ello se romperá en mil pedazos sus principios de comportamiento, resumidos en su Código Ético vigente.

Nuestros aliados se vanaglorian en sus textos legales de la defensa de sus leyes fundamentales, y algunos, como el alemán BFV, se reconocen como «defensores» de su Constitución. Los franceses, en especial los antiguos Renseignements Genereaux (RG), que se ocupaban de las amenazas y riesgos interiores, se vieron implicados en el conocimiento del separatismo vasco y catalán, cooperando al final de los ochenta en la lucha contra ETA, después de algunos titubeos de los políticos galos de entonces, y quisieron conocer, en aquellas fechas, la problemática del separatismo catalán, para prevenir los contagios en Cataluña Norte, observando los actos más evidentes de esas actividades disgregadoras, y tomando medidas en consecuencia.

La prevención es una de las fases más cruciales de la estructuración de la seguridad nacional, y la actuación de los servicios de Inteligencia, como recoge la Estrategia francesa, es fundamental, y más en el caso de los separatismos, cuya actuación a largo plazo les hace disponer de planes muy elaborados. En el caso de nuestra Estrategia de Seguridad Nacional 2021, y a pesar de los acontecimientos separatistas sufridos en España, no se recoge ninguna de estas situaciones que fragilizan la estabilidad interna de España, y no se aceptan, con la evidencia necesaria para incluirlos, porque su Gobierno necesita, probablemente, de sus apoyos directos parlamentarios para mantener la legislatura; vana postura , de ser cierta, la de pretender lograr mayorías haciendo crecer la inestabilidad territorial, pues a largo plazo las pretensiones de los separatistas no desaparecerían.

La lucha contra la Sigint adversaria, incluso de países aliados y amigos, ('Interceptación de señales electromagnéticas', incluidas las del ciberespacio) se realiza desde una elaborada política de cooperación entre el objetivo atacado, en este caso Gobierno, y el CNI, de tal forma que el primero debe poner en marcha las medidas de protección recomendadas por el segundo, que deberá inspeccionar las mismas y desmontar la agresión producida; este es un principio básico de actuación en contrainteligencia en todos los países.

El relevo en los servicios de Inteligencia debe lograrse con personas que no estén adscritas a la política, ni pertenecer a ningún 'reservoir' previsto para adecuar su perfil político al partido gobernante; debe de ser, siempre, una persona volcada al servicio del Estado, con la neutralidad necesaria, la mejor entre las excelentes, que distinga perfectamente lo que es política de lo que es simplemente amenaza.

Ricardo Martínez Isidoro es general de División (Rdo.) y profesor de Servicios de Inteligencia en el IUGM.

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