La política del escándalo

Jordi Pujol advirtió en el Parlament que si se mueve el árbol puede que no caiga solo una rama, sino todas. Con su metáfora dio dos mensajes: confirmó las sospechas de que la corrupción está generalizada y señaló el mecanismo de difusión de escándalos a través de denuncias competitivas entre partidos.

Ciertamente lo nuevo no es la corrupción, sino los escándalos. De hecho, el nepotismo, el caciquismo, el patronazgo, el clientelismo, el amiguismo, el partidismo, es decir, hacer favores privados con recursos públicos respectivamente a la parentela, los vecinos, los protegidos, la clientela, los amigos o los compañeros de partido, son formas simples y primitivas, casi cabría decir “naturales”, de intercambio político. Por el contrario, tratar a todos por un igual, solo atendiendo a méritos y conforme a reglas del derecho, requiere un alto nivel de aprendizaje, de desarrollo institucional y de progreso colectivo que muchos países no han llegado a alcanzar en un grado muy visible. Supongo que no es necesario remitirse a Quevedo o a Joaquín Costa como testigos. Muchos que llegamos a tiempo de ser niños o adolescentes en el franquismo podemos recordar muy bien cómo con “una propinita” cualquiera podía saltarse una cola, obtener entradas de cine de estreno cuando estaban agotadas y, en general, acceder a funcionarios públicos para permisos, licencias y favores. Algunos se hicieron muy ricos solo con sobornos y tratos de favor. Como Jordi Pujol escribió en su famoso panfleto hace más de 50 años, Franco hizo de la corrupción un instrumento de gobierno.

El establecimiento de la democracia fue un cambio de la forma de Gobierno, pero el instrumento de la corrupción sobrevivió. En los primeros años ochenta bastantes amigos míos de la época se hicieron profesionales de la política. MF fue nombrado responsable de publicaciones de una institución pública y al día siguiente su compañera de entonces registró una empresa editorial, con ella misma como única socia y empleada y con domicilio en su casa, con la que la tal institución contrató inmediatamente toda la tarea. Luis Max fue elegido concejal, cambió de partido para dar mayoría a un nuevo alcalde a cambio de controlar numerosos contratos externos y cuando consideró que ya tenía suficiente para el futuro, dimitió y se hizo despedir por el pleno del Consistorio con una declaración solemne de agradecimiento por los honestos servicios prestados. VJ tuvo a su cargo la gestión de varios edificios públicos en los que se celebraban eventos de masas y, ante los ojos de cualquiera que asistiera por casualidad a alguna reunión preparatoria de un evento, contrataba con las empresas que prestaban servicios a las masas a cambio de una comisión. Todos estos mozuelos habían sido activos antifranquistas y habían corrido serios riesgos de cárcel, exilio o cosas peores unos pocos años antes. Imagínense cómo debían afrontar las nuevas oportunidades los que ya estaban acostumbrados al negocio y otros que no tenían necesidad de revisar anteriores escrúpulos.

Uno de los primeros escándalos de corrupción en democracia, el llamado caso Naseiro, estalló en Valencia en 1990. El bróker (así se llamó entonces) ya explicó que cada permiso de obra comportaba un 3% para el político y un 2% para el bróker. Llegó a haber una norma de Hacienda por la que las constructoras podían desgravar un 5% de los impuestos por “gastos sin justificar”. Cuando Josep Borrell fue nombrado ministro de Obras Públicas convocó a los seis o siete principales empresarios españoles de la construcción en su despacho y les dijo que la fórmula había terminado. Pero cabe sospechar que los brókers pasaron a ser directamente miembros de los partidos implicados o gente más próxima a ellos. El sistema comportaba un implícito pacto general entre partidos para su mutua ocultación y protección, favorecido también por demoras y prescripciones judiciales.

Si esto ha sido más o menos así, la pregunta es por qué en los últimos años hay más escándalos de corrupción que nunca antes. Mi respuesta es que ahora hay más escándalos no porque haya necesariamente más corrupción, sino porque hay muchas menos decisiones en políticas públicas y la corrupción se ha convertido en uno de los pocos temas en los que los partidos pueden tratar de competir por los votos de los ciudadanos.

En su intercambio con los gobernantes, los gobernados pueden consentir un cierto grado de corrupción si la provisión de bienes públicos y la aprobación de políticas públicas que mejoran la seguridad y el bienestar son suficientemente satisfactorias. Este enfoque puede explicar varios siglos de relativa continuidad política en muchos lugares. Pero el problema es que ahora hay muy pocas decisiones de los gobernantes que generen satisfacción. Como es bien sabido, una gran parte de las políticas comercial, monetaria, financiera, fiscal, migratoria, de seguridad, etcétera, se toman en la Unión Europea o en organizaciones de ámbito global —donde no suele haber escándalos de corrupción—. Por el contrario, en los últimos años los poderes públicos estatales y subestatales sometidos más directamente a escrutinio han perdido poder de decisión y están procediendo a los llamados recortes de bienes públicos, por lo que, en el intercambio con los gobernados antes señalado, la balanza cae del lado de la frustración y el subsiguiente enfado o indignación; es decir, estalla el escándalo.

Pongámoslo en otra perspectiva: ¿por qué no hubo escándalos de corrupción en torno a los Juegos Olímpicos, la Expo y demás festejos de 1992? Visto ahora, ¿puede alguien realmente creer que con tanto gasto público no hubo negocios privados ocultos? Muchos de los administradores de entonces (incluido alguno al que he aludido al principio) eran los mismos políticos y burócratas o miembros de las mismas maquinarias partidistas que fueron luego objeto de escándalos. Pero entonces la percepción de muchos ciudadanos que todavía recordaban la corrupción sistemática del franquismo era que por primera vez el Gobierno central, así como los nuevos Gobiernos autonómicos y locales, proveían bienes públicos ampliamente satisfactorios. Por primera vez, ser español ante el extranjero no era una vergüenza; la marca España volaba alta. ¿Para qué aguar la fiesta con sospechas fuera de lugar?

Más de 20 años después, en cambio, el negocio público flaquea y la competencia política y electoral entre los principales partidos ya apenas puede basarse en propuestas alternativas de políticas públicas. En la búsqueda de temas en los que competir por votos y cargos, los partidos han acabado rompiendo el pacto de mutua protección. Los escándalos han sustituido a las políticas. Las ramas van cayendo una tras otra.

Josep M. Colomer es Profesor de Economía Política en la Universidad de Georgetown.

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