Reyes Mate es profesor de investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC (EL PAIS, 01/06/06).
Tadeusz Borowski, un superviviente polaco de Auschwitz, cuenta que al regresar del trabajo vieron cómo descendían de un camión a mujeres desnudas que a gritos pedían ayuda porque las llevaban a la cámara de gas. Ninguno de los diez mil prisioneros movió un músculo. Y es que, comenta él, "los vivos siempre tienen razón; los muertos -como esas mujeres ya seleccionadas-, nunca".
Eso es verdad dentro del campo de concentración y fuera de él. ¿No decía el gran Hegel que para hacer avanzar las ruedas de la historia "había que pisotear algunas florecillas al borde del camino"? Ese egoísmo de los vivos funciona incluso cuando el hombre se pone muy solemne condoliéndose, por ejemplo, con las víctimas de una catástrofe. Decimos y repetimos hasta la saciedad que "hay que recordar los horrores pasados para que la historia no se repita". Lo que estamos diciendo realmente es que hay que tener presente ese pasado fatal para que no se repita en nosotros, para que no nos pase lo mismo. No son las víctimas lo que nos preocupa, sino nuestra propia supervivencia.
La anécdota del escritor polaco le sirve para explicar los comportamientos de los hombres en situaciones tan extremas que, como dice Wiesel, no dejan lugar para la humanidad. Hay un punto de tormento a partir del cual no hay dignidad, ni santidad, ni heroicidad posible. Pero su reflexión viene a cuento ahora que el final del terrorismo etarra parece posible: ¿qué va a pasar con las víctimas, es decir, qué va a pasar con los delitos de sangre? Descartada la negociación política con ETA, lo negociable es la suerte de los prisioneros: ¿serán los muertos el precio de la paz de los vivos? La pregunta está ahí y difícilmente puede escamotearse una pregunta de este tamaño en aras de la discreción necesaria para que la operación llegue a buen puerto. Convendría, en cualquier caso, alejar de estas preocupaciones el tinte partidario porque lo que está en juego es la salud moral de toda la sociedad. Invocar la "traición a los muertos", como esgrimió Rajoy contra Rodríguez Zapatero cuando éste habló de tantear la posibilidad del fin de las armas, sólo se sostiene, como bien han dejado aquí escrito Eduardo Madina y Juan Aranzadi, si la causa defendida por los asesinados hubiera sido la misma y él fuera su testaferro. Eso no puede significar, sin embargo, que las víctimas no tengan nada que decir, ni que se pueda pasar página sin contar con ellas. El que Gregorio Ordóñez, del PP, y Ernest Lluch, del PSC, tuvieran opiniones opuestas sobre el modo de solucionar el terrorismo etarra no significa que carezcan de un punto común. Hay algo irrenunciable en ellos, algo que les une en una fraternidad que trasciende toda sangre y toda opinión: el ser víctimas, esto es, la injusticia de sus muertes. Se les mató porque sus asesinos entendían el crimen como arma política.
La injusticia hecha a las víctimas se mantendrá moralmente vigente mientras no sea saldada, por mucha prescripción que genere el derecho, por mucha amnistía que decrete el Estado, por más que el autor sea insolvente para pagar la deuda (la vida). La injusticia permanece mientras no haya justicia. El Estado puede suspender la aplicación de las penas previstas en esos delitos y el derecho puede por mor de la convivencia inventarse la figura de la prescripción del delito tras un tiempo. Nada de eso empece, empero, que la injusticia siga mientras no sea reparado el mal hecho.
Ahora bien, dado que el mal es irreparable, ¿habrá que concluir que no se puede hacer nada y que toda solución política, animada por el sentido común de la convivencia, será inmoral?
Todo depende de que aclaremos en qué consiste el mal hecho. Tenemos, por un lado, la vida robada y, por otro, una herida social, una quiebra en la convivencia. Por lo que respecta a la vida truncada, no hay reparación posible ni por parte del criminal ni por parte de la sociedad. La única forma de justicia, como diría Primo Levi, es el reconocimiento, gracias a la memoria, de la permanencia de la injusticia cometida. Cuando al final de Si esto es un hombre dice a sus lectores que "los jueces sois vosotros" está señalando que el lector administra la justicia en la medida en que mantiene en su memoria la injusticia que él, el testigo directo, le transmite. Es poca cosa -aunque si tiráramos del hilo de la memoria iríamos lejos-, pero es lo que el hombre puede hacer.
Respecto a la quiebra que el crimen origina en la sociedad, podemos hacer mucho más. No basta reconducir al criminal al redil del Estado de derecho, canjeando su libertad por el reconocimiento del imperio de la ley democrática, que es lo que normalmente se pide como precio por la reinserción. Se puede hacer algo más. Ese plus fue objeto de una polémica de altura entre Hegel y Kant. Para éste lo malo del crimen era el atentado a la autoridad de la ley. Como sin leyes no se puede vivir había que restaurar inmediatamente su autoridad. El castigo es el arma del Estado para hacer sentir por las malas el peso de la ley a aquel que se niega a acatarla por las buenas. Hegel pensaba, sin embargo, que así no se iba muy lejos porque lo grave del crimen no era el daño que hacía a algo tan abstracto como la ley, sino la ruptura de la convivencia, la sima que abría en una sociedad entre las víctimas y sus allegados, por un lado, y el criminal y los suyos, por otro. La justicia debería consistir entonces en restañar esas heridas. ¿Cómo? Hegel proponía una medicina que ha sido luego ampliamente desarrollada por las Comisiones de la Verdad y de la Reconciliación, a saber, el arrepentimiento y el perdón.
No perdamos de vista que incluso en los casos de amnistía o indulto a los delitos de sangre se exige el arrepentimiento. La lógica y exigible renuncia a la violencia por parte del indultable implica la aceptación de las reglas de juego democráticas en las que se persigue el crimen como arma política. Es una forma de reconocer que lo que hicieron estaba mal y por eso renuncian a practicarlo en el futuro. Bueno, pues de lo que se trata es de que todos esos sobreentendidos se hagan explícitos y tengan como interlocutores no al Estado, sino a la sociedad a la que han hecho daño. La reconciliación es un acto social y no burocrático e implica el encuentro de dos movimientos en sentido opuesto: por parte del autor del delito de sangre, reconocimiento del daño hecho a las víctimas y demanda de perdón a quien puede perdonarles, que son las víctimas y no el Estado y, por parte de las víctimas, perdonar si lo estiman oportuno. Tan libre como la solicitud del perdón es su concesión. La escenificación pública de ese doble movimiento parece inevitable y deberíamos aplicarnos todos a crear la cultura que le haga posible.
Y ahí vemos ya lo complicado del asunto. El entorno etarra tendrá que empezar a distinguir entre la bondad de la causa política que defiende ETA (la independencia, por ejemplo) y el crimen como arma política en una democracia. Sin esa distinción, a la que tendría que aplicarse la intelligentzia de ese entorno, difícilmente habrá arrepentimiento y, por tanto, perdón. Las víctimas, por su lado, deberán sacudirse la instrumentalización partidaria. Su autoridad les viene de una terrible experiencia: lo injusto que es defender en democracia unas ideas matando. Tienen entonces autoridad moral no sólo para denunciar el crimen político, sino cualquier forma de hacer política que asuma como normal "pisotear algunas florecillas al borde del camino", una práctica que a distintas escalas frecuentan todos los partidos políticos porque está en los genes del motor de la vida moderna, llamado progreso. No tiene el hombre otra forma de expresar la fidelidad a los asesinados que recordándoles, es decir, reconociendo la vigencia de la injusticia que se les hizo, como decía el citado Levi. Ese gesto moral tiene, sin embargo, una peligrosa carga política, ya que no podemos recordar la injusticia pasada sin denunciar toda forma de hacer política que asuma como normal avanzar sacrificando a los más débiles. Lo que preocupa de unas negociaciones con ETA en las que se plantee paz por libertad de los presos es la banalización del crimen de antaño y de unas prácticas políticas hogaño que progresan sobre nuevas víctimas, aunque no sean cruentas. Porque esa tentación amenaza a toda formación política es por lo que no deberían dejarse instrumentalizar por ninguna. La mejor prueba de que ejercen su autoridad es que cuestionan a todos.