La política exterior ya no es la ‘pariente pobre’

Por Francisco Aldecoa Luzárraga, catedrático de Relaciones Internacionales, Cátedra Jean Monnet y decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid (EL PAIS, 02/04/04):

Con este título quiero recordar a nuestro compañero y maestro Roberto Mesa, recientemente fallecido. En un artículo que publicamos los dos con motivo de las elecciones de 1982, concluíamos que la política exterior era la pariente pobre de los programas electorales de los partidos políticos, al igual que sucede en otros muchos países, que no afecta al voto de los ciudadanos españoles. En las elecciones del 14-M se ha invertido esta tendencia, consecuencia de los trágicos atentados del jueves anterior -efectos retardados de la guerra de Irak-. Así parece que puede decirse que la pariente pobre ha desbancado al resto de la familia para hacerse en buena medida acreedora del triunfo electoral, y ha tenido consecuencias decisivas en la orientación final del voto de los españoles.

Ha pasado un año del 16 de marzo de 2003 -la Cumbre de las Azores y su golpe de Estado a la legalidad internacional- y parece que han pasado diez, dados los efectos de desestabilización del orden internacional. Lo relevante es que la sociedad española ha votado en contra de ese golpe de Estado, y los resultados electorales van a permitir, en alguna medida, la recomposición de la legalidad internacional a través de la acción multilateral de la Unión Europea que España estaba impidiendo.

El 16 de marzo de 2003, en las Azores, además, significó la explicitación de las dos Europas de los Gobiernos: la atlántica y la europea. Las instituciones comunes, la opinión pública, la sociedad civil, se mantuvieron unidas en torno a la Europa "europea" y al respeto de la legalidad internacional que ésta promovía y que se defendió en el seno del Consejo de Seguridad por medio de los ministros de Exteriores francés y alemán. Cuando éstos expresaron su rechazo a una acción preventiva, no lo hacían sólo en su nombre, sino que reflejaban el sentir mayoritario de la Europa "europea".

Ese divorcio entre Gobierno y opinión pública en la cuestión de la guerra de Irak no podía terminar nada más que en el triunfo de la opción de la sociedad civil, que, además, coincide con que es la misma que la opinión del resto de los europeos. Sin embargo, hay que recordar que un grupo minoritario de Gobiernos coincidía con las tesis del Gobierno español, como pusieron de manifiesto la Carta de los Ocho y la Declaración de Vilnius. Si nuestro análisis es correcto, la misma factura se le pasará al Gobierno italiano, primero, y al británico, después, que posiblemente resultarán sustituidos por sus rivales, si no hacen una autocrítica ya. Como dijera William Pfaff, "el pueblo puede elegir nuevos primeros ministros, pero los primeros ministros no pueden elegir nuevos pueblos".

Esta divergencia entre la sociedad española, la opinión pública y su Gobierno en cuestiones de política exterior no sólo se ha manifestado en el relevante tema de la guerra, sino también en relación a la integración europea, y más específicamente a la aprobación de la Constitución europea. En ese sentido, según los resultados de un sondeo publicado por la Comisión Europea en febrero pasado -el Eurobarómetro-, un 85% de la población española considera que la Unión Europea debe adoptar una Constitución, y un 65% estima que, incluso si es necesario, el Gobierno español ha de efectuar concesiones con tal fin. Cabe recordar, por el contrario, la posición tenaz del Gobierno de Aznar en la defensa del reparto institucional de Niza, llegando, con el concurso de otros, al bloqueo del acuerdo en diciembre pasado.

La opción del electorado español, además, respalda una visión del mundo y de las relaciones internacionales alejada del realismo político propio del Gobierno de Aznar, de su concepción meramente económica y liberal, tanto de la globalización como de la propia integración europea, fundada exclusivamente en el interés nacional. Por el contrario, los socialistas reafirman las responsabilidades conjuntas de los Estados en la gestión de la globalización, para lo cual resulta un vehículo necesario la Unión Europea. Se reitera el compromiso con la paz y la defensa de los derechos fundamentales en el mundo, el marco de gestión de las relaciones internacionales que son las Naciones Unidas y la condena del uso de la fuerza unilateralmente como la guerra de Irak.

La opción por la política socialista es también una censura a la forma de luchar contra el terrorismo internacional, únicamente atendiendo a los efectos y sin respetar la legalidad internacional. Frente a esto se vota a favor de una política que haga compatible limitar los efectos con el respeto al Derecho Internacional, pero, sobre todo, que busque combatir las causas del terrorismo a través de la lucha contra la pobreza, respetando los derechos de los pueblos y de las personas, promoviendo la estabilidad política, y el desarrollo económico y social. En esta tarea va a resultar ineludible el relanzamiento del proceso de Barcelona -en el cual España siempre ha jugado un papel destacado-, que se revela como el medio más adecuado para evitar el tan cacareado "choque de civilizaciones".

El efecto a corto plazo más importante de las elecciones españolas será el retorno a las constantes de la política exterior española y, sobre todo, al firme compromiso de la población española con la construcción política de Europa. En ese sentido, es deseable que veamos próximamente a nuestro país unirse al grupo de Estados miembros que en los últimos tiempos han liderado el impulso político en la Unión: el eje franco-alemán con el concurso puntual de Bélgica o el Reino Unido.

El resultado de las elecciones abre la puerta a la posibilidad de que la Constitución europea sea una realidad en un espacio breve de tiempo. Incluso hay quien sueña en que aún se mantengan los plazos primitivos de la firma del Tratado Constitucional el 9 de mayo y su ratificación por referéndum en los países que lo convoquen, como el nuestro, el 13 de junio.

Es un buen presagio añadido las recientes noticias de que Polonia ha flexibilizado su posición aceptando una nueva propuesta del presidente irlandés sobre una doble mayoría más flexible, en torno al 55%, tanto de Estados como de población, que impediría que Francia, Alemania y Reino Unido pudieran bloquear una decisión. Este nuevo cálculo del voto sería un lugar de encuentro también para la posición española, aunque quizás todavía mejor sería aceptar la propuesta que avanzó meses atrás el Parlamento Europeo de una mayoría de Estados que representara a una mayoría de la población. Esta última posibilidad incluso mejora la propuesta del artículo 24 del Proyecto de la Convención, que, como es sabido, contempla una mayoría de Estados que represente 3/5 de la población.

Es asombroso constatar que todavía el domingo 14 de marzo se entendía que había un letargo en la construcción europea debido, a nuestro juicio, a las dos visiones gubernamentales de Europa, contrapuestas entre sí. Visiones que han estado divididas sólo en el seno de la Conferencia Intergubernamental ya que, aunque estuvieran latentes en la Convención, ésta consiguió llegar a un consenso aceptado por ambas partes que, además, fue la expresión de los anhelos de la sociedad europea.

Días después, como consecuencia del triunfo de la opción europea en las elecciones del 14-M, se aviva la posibilidad de salir de este impasse a través de la recuperación del consenso primitivo en torno a los acuerdos sustantivos de la Convención. Cuestión que no podía ser de otra manera ya que, en definitiva, la Constitución representa un acuerdo entre dos legitimidades, entre Estados y entre pueblos, y no podía torcerse a través de una Conferencia Intergubernamental que suplantara este pacto constitucional, ya que en ese caso hubiéramos tenido una Constitución otorgada.

En las elecciones legislativas del 14-M la política exterior ha resultado determinante en la orientación del voto, contrariamente a lo sucedido en todas las citas anteriores. El giro político del 14-M, además, no sólo tiene repercusiones para la vida política española, sino que ya ha tenido un enorme impacto sobre el proceso político europeo, al permitir concebir esperanzas de una próxima aprobación de la Constitución. Por todo ello, cabe concluir que la política exterior ha dejado de ser la pariente pobre de las elecciones españolas, despejando en este caso la vuelta a la opción europea.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *