La política penitenciaria no puede ser moneda de cambio

El pasado mes de septiembre las víctimas del terrorismo mantuvimos una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que trató de tranquilizarnos a propósito de las declaraciones que el propio presidente del Gobierno había realizado asegurando que la política penitenciaria de los presos de ETA debía ser revisada. «Serán decisiones aisladas referidas a presos sin delitos de sangre y con pocos años de condena pendiente», se nos aseguró.

Ni cuatro meses han durado todas estas promesas. Ayer conocimos el acercamiento de presos de ETA a través de la prensa y no por boca del Ministerio del Interior, como hasta el momento había sucedido. Uno de estos presos responde al nombre de Sergio Polo, condenado por su participación en al menos tres atentados que provocaron la muerte de tres personas y dejaron gravemente heridas a otras dos. Polo ha pasado de cumplir condena en la cárcel de Algeciras a Herrera de La Mancha. No es una cárcel de el País Vasco, pero su familia tendrá que recorrer 480km menos para ir a visitarle. Yo sigo teniendo que recorrer los mismos kilómetros para visitar a mi padre. Bueno, su tumba. El supuesto «motivo de salud» que alude el Ministerio de Interior para este acercamiento en toda regla, no le impidió al preso etarra acudir como acusado a un juicio el pasado mes de marzo en el que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) intervino como acusación popular. En este juicio, Polo no mostró síntoma alguno de arrepentimiento, colaboración con la Justicia o compasión por las víctimas, y fue condenado a 110 años de prisión.

Por si fuera poco, esta Navidad nos hemos encontrado con la noticia de un nuevo protocolo para los presos enfermos, que podría ser una segunda fase de esa nueva política penitenciaria que busque, ya no el acercamiento, sino la puesta en libertad de los presos de ETA que supuestamente estarían gravemente enfermos. Y digo supuestamente porque aquí está la clave del nuevo protocolo: la interpretación que se haga del concepto «enfermedad muy grave e incurable con peligro patente para la vida» y del término «padecimiento incurable». Hemos pasado de un criterio más o menos objetivo como podía ser el requisito temporal de la esperanza de vida (fijándolo en unos dos meses aproximadamente), a un criterio interpretativo para resolver sobre la excarcelación de un preso gravemente enfermo.

Hay enfermedades graves e incurables, pero que no implican una corta esperanza de vida y que pueden ser perfectamente tratadas en prisión. De ahí viene nuestro miedo. Ejemplos como el del etarra Bolinaga, que fue puesto en libertad el 16 de septiembre del 2012 y fallecido el 16 de enero de 2015, o el de la sanguinaria Belén González Peñalva, excarcelada en 2009 y fallecida el 16 de noviembre de 2017, o el del terrorista Ventura Tomé, excarcelado en septiembre de 2014 por enfermedad grave y del que no se tiene constancia de su fallecimiento, nos dan la razón. Esta nueva decisión ha demostrado, una vez más, que el Gobierno anda más preocupado por los derechos de los terroristas que de sus víctimas. Estas decisiones podrán ser legales, pero no son morales si se tratan de una cesión a los terroristas, si son un gesto de buena voluntad para la obtención de réditos políticos, y sí suponen un desprecio para las víctimas del terrorismo, vilmente asesinadas para atacar a un Estado de derecho que ahora ampara más a los terroristas que a sus víctimas.

En la AVT pensamos reunirnos próximamente con Instituciones Penitenciarias y con el Ministerio del Interior para dejarles claro que la política penitenciaria no puede ser moneda de cambio.

Maite Araluce es presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

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