Esta crisis dejará heridas profundas que tardarán en cicatrizar. Los destrozos económicos, mal que bien, se superarán. Pero hay otro tipo de daños que serán duraderos. Uno de ellos es la pérdida de independencia y sentido moral de la política. He podido comprobar este daño en gentes diversas. La última vez, la semana pasada en una charla en el Ateneu de Sant Cugat. En el coloquio, uno de los asistentes me hizo la pregunta que he escuchado numerosísimas veces en estos dos últimos años: «Si la causa de la crisis fueron los excesos de los financieros, la complicidad de las agencias de control y la negligencia de los supervisores públicos, ¿por qué entonces todos ellos se van de rositas y los políticos nos hacen pagar a nosotros la factura, mediante reducciones de salarios y pensiones, aumentos de impuestos y recortes de gastos sociales?».
Es una pregunta justa y necesaria. La respuesta me la dio mi buen amigo el prestigioso notario e intelectual Juan-José López Burniol. Después de pedir mi opinión sobre la capacidad de la política para meter en cintura a la banca, concluyó él con palabras sabias y santas: es decir, lo que la política le dice a la banca es «he aquí la esclava del señor, hágase en mí según tu palabra».
Dicho en forma menos evangélica, muchos ciudadanos ven a la política como rehén de la banca; y a los gobiernos, como voceros de los banqueros. Este sentimiento ciudadano está muy extendido. Ha impulsado la ola de indignación que ha llevado a mucha gente a ocupar las plazas de nuestras ciudades. Muchos de los carteles que se podían leer denunciaban esa complicidad entre política y banca.
Pero es un sentimiento compartido por otros muchos ciudadanos que sin haber ocupado las plazas se sienten igualmente indignados por esa servidumbre de la política. Esto explica la tolerancia con esas ocupaciones y la dificultad de los responsables del orden público para desalojarlos.
Mal asunto este de la falta de independencia de la política. No dejará de tener consecuencias a largo plazo, en términos de pérdida de legitimidad de los gobiernos, independientemente del color político.
El movimiento ciudadano de signo conservador del Tea Party en Estados Unidos tuvo su impulso inicial en la indignación con las ayudas del Gobierno de George W. Bush a la banca. Barack Obama se benefició electoralmente de ese rechazo, pero ahora sus partidarios le están acusando de lo mismo. El Gobierno laborista de Gordon Brown en el Reino Unido se vio perjudicado por ese sentimiento y perdió las elecciones. Pero el del conservador David Cameron ha tenido que expresar su impotencia política para controlar a la banca. En España, ese sentimiento ya ha pasado factura al presidente Rodríguez Zapatero. Y en Catalunya, las movilizaciones contra los recortes de gasto se alimentan de la misma fuente.
¿Acaso estoy diciendo que nuestros gobiernos no han de enfrentarse a los efectos de la crisis, como es el déficit público? En modo alguno. Sean cuales fueren las causas, ahora hay que actuar para evitar males mayores. Lo que no puede hacer, sin embargo, un Gobierno son dos cosas.
La primera, culpabilizar a las víctimas. Eso es añadir humillación al dolor. La causa del actual déficit público no fueron ciudadanos pedigüeños o gobiernos manirrotos, como de forma irresponsable dice la cancillera alemana Angela Merkel. Irlanda o España tenían superávit antes de la crisis. El déficit sobrevino como consecuencia de las ayudas públicas a la banca y de los mayores gastos sociales y menores ingresos públicos que trajo la recesión económica. Pero la mayoría de ciudadanos son conscientes de que ahora el esfuerzo lo hemos de hacer entre todos; lo que les indigna es que se les culpabilice.
La segunda es no vender gato por liebre. Es decir, no actuar de forma oportunista, aprovechando la crisis para hacer reformas cuya justificación es otra; o para ir al desguace de políticas sociales o del sector público solo para beneficiar intereses privados. Es el caso de la Big Society de Cameron. Hay reformas como las de las pensiones que no tienen nada que ver con la crisis, y que, sin embargo, es necesario abordar. Pero hay que explicarlas sin malos oportunismos.
Un caso paradigmático en nuestro caso es el de las cajas de ahorro. Han sido durante más de un siglo unas instituciones financieras ejemplares y exitosas. Pero la negligencia de sus gestores durante el período de vacas gordas y la dejadez de la supervisión pública las han llevado a la situación actual. Los fondos públicos que hay que utilizar y las decisiones políticas que hay que tomar deben servir para mantener la esencia de las cajas, no para entregarlas a aquellos que las han llevado a esta situación. De lo contrario, estaríamos ante el mayor desmán financiero de nuestra historia. Sería un ejemplo claro de cómo la política ha acabado siendo rehén de la banca.
Es necesario y urgente rescatar a la política de la situación de rehén en que se encuentra. En este sentido, es alentador ver cómo el movimiento de los indignados españoles lo que busca es una regeneración moral de la política democrática.
Antón Costas, catedrático de Política Económica, UB.