Las cosas que desde hace unos años han comenzado a cambiar entre nosotros no lo han hecho como resultado de un proceso social que nos haya llevado a reconocer insuficiencias y a pretender mejoras. Se ha impuesto una circunstancia financiera que obliga a cambiar según lo que ella demanda, y no está nada claro lo que eso sea. Los cambios no sólo no parecen haber sido queridos por casi nadie, sino que parecen haber sido reprobados por casi todos, incluso por quienes los impulsan. La sociedad no va sino que más bien se la empuja, aunque quien empuje sea la necesidad o, ahora, la responsabilidad. Y cabe esperar de ella lo que de cualquiera que se siente empujado.
Este proceso iniciado en el mes de mayo de 2010 se ha guiado por un enfoque específico. En lugar de preguntarnos por el país que debemos ser nos hemos preguntado por el país que nos podemos pagar, y hemos fluctuado entre el lamento más o menos cierto por cada restricción presupuestaria y la acomodación a una moral ligera formulada para la coyuntura. O bien hemos manifestado pena por hacer lo que estamos haciendo, o bien hemos generado modos de hacer parecer justo lo que estamos haciendo, cuando en realidad, lo sea o no, lo que estamos haciendo no nace de una deliberación acerca de la justicia sino de una adaptación traumática a una reclamación financiera apremiante.
Es necesario que seamos conscientes de ello, porque de lo que estamos haciendo puede nacer un país transitoriamente más ordenado en lo contable -y eso es importante-, pero no necesariamente un país mejor, puesto que no es esa ambición la que nos guía.
En ese proceso, la pregunta sobre la sociedad que debemos ser, sin la que ningún país puede sostenerse mucho tiempo, queda sometida a un reformismo de extrema urgencia -ineludible, seguramente- que no puede entrar en el fondo de las cuestiones y que agota las energías que debieran emplearse en un reformismo de lo vertebral.
Que una sociedad deba adaptar sus usos y costumbres a lo que pueda pagarse es razonable, pero es insuficiente. Es razonable como recurso ante una amenaza cierta de colapso financiero inmediato. E incluso es razonable como hábito público y privado (aunque esto exija alguna reflexión sobre dónde queda la utilidad social del crédito, que, cabe suponer, no se niega de plano; o sobre el emprendimiento, más allá del de quienes gozan de patrimonio propio que arriesgar). Pero es insuficiente, porque ese recurso de corto plazo o ese hábito no constituyen un discurso político de fondo capaz de hacer progresar una sociedad. Sin más que eso, se pierde la ambición nacional y se aboca a la resignación, se priva al país de cosas importantes que puede permitirse y que necesita. Se le priva sobre todo de la única fuerza que le va a permitir sobreponerse a la crisis que padece: el deseo colectivo de ser algo mejor y posible, algo elegido, de buscar los recursos necesarios para serlo y de no desfallecer hasta encontrarlos.
Por ello, quizás no debamos preguntarnos por el país que podemos pagarnos ahora, ni hacernos creer que es bueno ser ese país sólo porque ahora lo podemos pagar. Eso ya nos lo van a ir diciendo desde fuera. Y quizás debamos empezar a preguntarnos por el país que tenemos que ser, y tratar de llenar el alma de los españoles de un deseo ardiente de llegar a serlo y de buscar el modo de pagarlo, aunque ahora no sepamos verlo por ninguna parte. Eso nadie nos lo va a decir.
Progresar es acercarse esforzadamente a lo que se cree que se debe ser, y no la ficción mecanicista acerca de la evolución de las sociedades que ha venido circulando entre nosotros y que está en el origen de nuestra feria presupuestaria.
Quizás ese país que debemos ser necesite más Estado, o quizás necesite menos. Quizás necesite más en algunas cosas y menos en otras. Eso está por ver, porque la tarea nacional de responder a esa pregunta sigue pendiente. Pero en el caso de que se necesite menos -a mi juicio es así, se necesita mucho menos-, tendremos una idea de lo que habrá en el lugar que el Estado va a dejar vacío, que ahora por momentos parece estar destinado a la anomia.
Que el Estado se vaya de muchos sitios es necesario y deseable, pero cómo lo haga, para qué y qué lo vaya a sustituir son cosas que no dan igual. Porque pensar que las rasgaduras del tejido social son mágicamente remendadas por una costurera de mano invisible ajena a cualquier liderazgo político consciente y reflexivo es ignorar la historia de las sociedades. Para empezar, es ignorar la historia más reciente de la nuestra, cuyos logros no tan lejanos no tienen nada que ver con un supuesto dejar hacer a la naturaleza de las cosas y sí con la capacidad de imaginar lo inexistente deseable, elegir bien lo que se debe hacer para conseguirlo e instar los esfuerzos nacionales necesarios. No hay una sociedad-grafeno, autorregenerable de modo espontáneo, y por eso la política como liderazgo moral, sobre lo que se debe hacer, es indispensable.
Para esa pregunta pendiente es útil recordar que las empresas son muy importantes para los países, pero que un país no es una empresa sino una gozosa operación deficitaria para la mayoría de los que tienen la fortuna de pertenecer a él y durante la mayor parte del tiempo. Como la paternidad, la amistad o la fidelidad a un credo. Así tiene que ser, porque es la única manera de que los países existan y de que dispongan de una red de seguridad para quien lo necesita.
La operación económica que explica una nación -y más una gran nación como la española- es la donación de una generación a la siguiente; precisamente por ello el saldo es positivo para todas, por el depósito inmenso de patrimonio de todo orden que se recibe de los antepasados. Sólo por eso España conserva aún un saldo histórico positivo, que no se contabiliza en ningún balance empresarial ni siquiera en los Presupuestos, pero que está ahí para fortuna de todos. Lo que hemos perdido en los últimos años es mucho, pero harían falta siglos de enloquecimiento colectivo como el que hemos vivido últimamente para poner a España en riesgo real de desaparición. Y eso no va a ocurrir.
Al menos si nos hacemos lealmente la pregunta decisiva sobre lo que debemos ser. Si la respondemos de una manera suficientemente operativa en lo político y en lo social será cuestión de tiempo que encontremos el modo de hacerla operativa en lo económico. Querremos que sea así y trabajaremos para que lo sea. Haremos posible un nuevo empuje nacional que llegará también a la economía, que dará sentido a los cambios, que nos guiará en un tiempo tan confuso y tan lleno de incertidumbres como éste, que nos permitirá obrar con justicia y con criterio, que reforzará la manera española de la humanidad y nuestra vocación histórica en medio incluso de las peores circunstancias.
Los países no se gestionan, los países se gobiernan; se actúa para ello sobre recursos culturales, espirituales y de poder que no responden a las reglas que sí son aplicables a la economía y a las finanzas. O que hasta ahora parecía que lo eran.
Esto, lejos de ser lamentable, es una gran fortuna, porque si un país no es sólo su economía, probablemente los españoles seguimos teniendo mucho más país de lo que muchos dicen y algunos celebran. Se va a ver.
Miguel Ángel Quintanilla Navarro es politólogo y director de publicaciones de FAES.