Exiliado en Bélgica, el expresidente Rafael Correa sigue siendo un prófugo para la ley ecuatoriana: en julio, un tribunal le ratificó la sentencia condenatoria de ocho años de cárcel por el delito de cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016, una investigación de corrupción de cuando fue presidente de Ecuador. La primera condena, en abril —que le impedía participar en las elecciones presidenciales de 2021, en las que pretendía ser candidato a vicepresidente—, fue una de las pocas noticias que eclipsaron la pandemia del coronavirus.
Después de emitida la sentencia, ha habido una serie de eventos que profundizan el melodrama del correísmo en Ecuador. En las últimas semanas, algunos juristas independientes advirtieron posibles violaciones a los derechos de los acusados. Unos días después, la Interpol negó el pedido de difusión de alerta roja contra Correa. Y la semana pasada, un tribunal electoral destrabó a su partido político rumbo a las elecciones.
Es un tira y afloja de noticias: gran parte de la cobertura de la prensa ecuatoriana sigue marcada por revanchismos políticos de hace más de una década.
El gobierno de Rafael Correa se caracterizó por sus linchamientos mediáticos contra opositores. Con micrófono en mano o a través de ejércitos de trolls financiados con dinero público, ejerció presión sobre la justicia y dedicó gran parte de sus sabatinas a despotricar contra publicaciones y demandar a más de una. El expresidente hizo de su acusación a “la prensa corrupta” una consigna política y acostumbró al país a una pugna entre “correístas y anticorreístas”, que luego marcó el rumbo de su sucesor y el tono de la discusión nacional. Así, asediada durante una década, la prensa estuvo particularmente atenta a los posibles abusos de autoridad o de derechos humanos cometidos por su gobierno.
La justicia no era independiente con Correa. En algunos casos, de hecho, la incidencia del Ejecutivo en los fallos fue descarada. Pero la prensa hizo su trabajo y nunca dejó de ser una contraparte incómoda y vigilante. Ahora, sin embargo, esta ha bajado la guardia respecto a posibles abusos cometidos por el gobierno del sucesor de Correa, Lenín Moreno, en especial cuando son dirigidos en contra de figuras del correísmo. La minuciosidad de antes cedió ante un silencio revanchista.
Con la ratificación de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 contra el expresidente, Correa puede haber quedado fuera de la contienda electoral de 2021, que empieza en los próximos meses. Según algunos juristas y defensores de los derechos humanos, como el penalista Juan Pablo Albán, el clima electoral en ese sentido hizo que “se pierda una oportunidad histórica para realizar un juicio indisputable”. Durante el anterior gobierno, Albán fue blanco constante de los ataques del expresidente y fue abogado defensor de un periodista demandado por Correa. Pero para él, la ley no puede guiarse por simpatías políticas. “Tengo la sensación horrible de que no hubo juicio sino vendetta”, me dijo.
En un país como Ecuador, donde la justicia se ha inhibido con frecuencia ante presiones gubernamentales, una sospecha o denuncia sobre posibles irregularidades en el debido proceso debe ser, al menos, investigada por los medios. Así se construye la independencia del poder judicial. Salvo contadas excepciones, eso no ocurrió esta vez. Gran parte de la prensa solo siguió la corriente.
El año pasado, el caso Sobornos 2012-2016 fue la comidilla política del Ecuador. La investigación empezó después de que algunos diarios revelaron supuestos sobornos de varias empresas al movimiento Alianza País, el partido fundado por el expresidente. Y, en abril de este año, Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, los principales acusados, fueron sentenciados a 8 años de prisión por cohecho agravado. El tribunal determinó que Correa sabía de los “aportes indebidos” y que los pagos realizados a la estructura le eran reportados.
Para la defensa hubo presiones políticas y mediáticas sobre los jueces que ponen en duda su imparcialidad. Fausto Jarrín, el abogado defensor de Correa, me dijo que los tiempos de la condena han obedecido a “una urgencia electoral”. “Estos son tiempos políticos, no judiciales”, alegó por teléfono. Para Jarrín, un ejemplo de esa imparcialidad fue que Iván Saquicela, uno de los jueces que conformaban el tribunal, se pronunció en una entrevista sobre la culpabilidad de los acusados cuando “todavía tenía competencia sobre el caso”.
El pronunciamiento de Saquicela también fue una bandera roja “muy seria” para Albán, al igual que otras irregularidades en cuanto a procedimiento y en el contenido de las sentencias. Es decir, hay suficientes cuestionamientos para que la prensa indague con más cuidado.
Pero la cobertura del proceso siguió mayoritariamente un guion predecible: muchos de los medios que Correa enfrentó durante sus años en el poder celebraron el fallo sin reparar en las advertencias sobre posibles violaciones a los derechos humanos de los acusados. Era comprensible, dado el antagonismo histórico con el expresidente, pero preocupante: incluso siendo culpables, Correa y todos los implicados merecen un juicio justo y una prensa atenta. Denunciar abusos a los derechos humanos o escuchar a quienes los denuncian es, después de todo, una tarea incómoda del periodismo.
El poco interés de la prensa a advertencias como las de Albán se pareció al que hubo cuando se arrestó al programador Ola Bini en 2019 con pruebas muy cuestionables (se lo vinculaba con el programador Julian Assange, fundador de Wikileaks) o cuando se utilizó el recurso de “instigación” (algo recurrente del gobierno anterior) para ordenar la captura de Ricardo Patiño, una de las figuras más prominentes del correísmo.
La prensa en Ecuador enfrenta un reto como el de los defensores de los derechos humanos: romper de una vez por todas con la polarización que se tomó al país. Su relación al poder y a la justicia no puede seguir dependiendo del estilo personal del presidente de turno ni de los vaivenes electorales del momento.
La prensa tendrá que probar su capacidad de cubrir un caso como este con todos sus matices, sin absolver delincuentes ni ignorar sus derechos.
“Se respira libertad”, dijo en 2017 Lenín Moreno sobre su propio estilo de gobierno. Si se precia de independiente, la prensa ahora tiene la responsabilidad de aprovechar esa libertad para crear sus propias estrategias de veeduría —alejadas del Estado—, abrir más espacios para medios públicos y alternativos y nunca olvidar su incómodo rol de contraparte del poder.
Iván Ulchur-Rota es escritor y comediante en Ecuador.