Hasta ahora y con pocas excepciones, Occidente ha producido dos comunidades distintas de especialistas en política exterior: la del desarrollo y la democrática. En la mayoría de los casos, han tenido pocos vínculos –o ninguno– entre sí: los especialistas en desarrollo abordaban cómodamente tanto las dictaduras como las democracias, por creer que se puede crear la prosperidad centrándose exclusivamente en las cuestiones y las instituciones económicas.
Las consecuencias de ese planteamiento tienen una resonancia especial en el mundo árabe actual, pero, como han mostrado los recientes debates en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la “primavera árabe”, no serán los más importantes países en ascenso los que influyan en los acontecimientos de esa región. El Brasil apenas ha pronunciado palabra ante la agitación en esa región, mientras que Rusia y China no aprecian precisamente las sanciones contra Libia a la luz de sus propios gobiernos autocráticos.
Todo ello representa una oportunidad excepcional para que la Unión Europea apoye la transición de sus vecinos desde un levantamiento revolucionario hasta un gobierno democrático. Al mismo tiempo, debemos fomentar los avances de otros regímenes de la región hacia una democracia no excluyente. De hecho, la UE es su socio natural en ese empeño.
Desde el lanzamiento del Proceso de Barcelona en 1995, se ha criticado la política mediterránea de la UE por no haber vinculado la ayuda financiera con la reforma democrática y por conceder prioridad a preocupaciones europeas como la inmigración, la seguridad y la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo. Al mismo tiempo, la política de la UE ha desatendido unas prioridades meridionales claras, como la apertura de los mercados agrícola y textil de Europa. A consecuencia de ello, la concepción que inspiraba la Política Euromediterránea (PEM) ha quedado muy rezagada respecto de sus objetivos originales.
Europa debe dejar de estar centrada en la inmigración y la seguridad y aplicar políticas que reflejen los objetivos originales de la Declaración de Barcelona. Los objetivos fundamentales de la PEM eran los de hacer avanzar una “asociación amplia” y la reforma política y crear “una zona común de paz y estabilidad”, junto con una zona euromediterránea de libre cambio.
Además, del mecanismo de financiación MEDA acompañante formaba parte decisiva y específica la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos. Posteriormente desapareció esa vinculación entre la seguridad, la democracia y el desarrollo humano, que se debe restablecer mediante la inversión en materia de gestión idónea de los asuntos públicos, desarrollo regional y educación.
En 2004, la PEM se transformó en el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV) y en 2007 el Instrumento de la Política Europea de Vecindad (IPEV) substituyó al MEDA como mecanismo principal de financiación de la UE para la política euromediterránea, con lo que se añadió financiación en pro de los derechos humanos al Programa Indicativo Nacional (PIN), que engloba a 17 países: diez meridionales y siete de la Europa oriental. Aunque la gestión idónea de los asuntos públicos y los derechos humanos siguieron figurando entre los objetivos proclamados de la PEV, las comunicaciones oficiales de la Comisión Europea muestran que hacía hincapié en la seguridad y el control de las fronteras.
Cuando se “relanzó” la PEM en 2008 conforme a la recién creada Unión por el Mediterráneo (UPM) para darle un mayor énfasis político, el resultado fue un ejercicio de “realismo” que debilitó aún más la original PEM y, pese a su lenguaje altisonante, la UPM es una concha vacía. Se debe en parte a la desafortunada coincidencia de su lanzamiento con el estallido de la guerra de Gaza y quedó enmarañada en las complejidades de las relaciones árabo-israelíes, pero la iniciativa tampoco consiguió impulso entre los dirigentes políticos.
Para aplicar la concepción de largo alcance del Proceso de Barcelona, la PEV tendrá que revisar su modo de distribuir el apoyo financiero, reequilibrar la financiación que facilita a los países vecinos orientales y meridionales de la UE y hacer un mayor hincapié en la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
El de la educación sigue siendo un sector decisivo en el que la UE debe contribuir al desarrollo de sus vecinos meridionales, aunque sólo sea porque los jóvenes son una mayoría en aumento de la población árabe. Aunque muchos Estados árabes han estado abriendo nuevas escuelas y universidades y están permitiendo la aparición de más centros educativos privados, la calidad de la educación en la región sigue dejando mucho que desear.
La religión sigue siendo una materia obligatoria en todos los programas universitarios, mientras que se ponen trabas a la curiosidad, el pensamiento crítico y el análisis objetivo. Como ha afirmado el intelectual y ex Primer Ministro jordano Marwan Al Muasher, se inculcan a los estudiantes árabes interpretaciones estatales y religiosas de la historia, la ciencia y los valores políticos. Wilfried Martens, Presidente del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo y ex Primer Ministro de Bélgica, hizo recientemente una afirmación semejante: “Occidente no está en guerra con el islam. El cristianismo no está en guerra con el islam, como tampoco la democracia. Sin embargo, los tres son incompatibles con cierta interpretación según la cual las escrituras son la base sobre la que construir un Estado”.
De los países árabes que reciben fondos con cargo a la PEV, sólo Egipto ha encauzado una gran proporción de ellos –casi el 50 por ciento– hacia la educación. En cualquier caso, el gasto de Europa para la educación en esa región está disperso entre programas interregionales, nacionales y temáticos, por lo que resulta difícil ver cómo se podría evaluar la eficacia de esos fondos.
Ahora Europa afronta decisiones fundamentales relativas a sus valores y sus intereses en el mundo árabe y la conciliación de sus objetivos a corto y largo plazo. La inversión en infraestructuras y la reforma económica son decisivas para el desarrollo futuro de la región mediterránea, pero no pueden transformar esa región sin una insistencia paralela en la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y la educación.
Para contribuir a la consecución de los dos objetivos, la UE debe vincular sus programas de inversión y ayuda con avances concretos en materia de democratización y exigir una mayor rendición de cuentas y mejoras en la reforma de los sistemas educativos de toda la región.
Ana Palacio, ex ministra de Asuntos Exteriores de España, ex Vicepresidenta Primera del Banco Mundial, investigadora y profesora superior de la Universidad de Yale. Traducido del inglés por Carlos Manzano.