La ‘primavera presidencial’

Hace tres años, unas revueltas populares derrocaron a cuatro presidentes vitalicios árabes, poniendo de relieve el grado en que los sistemas políticos clientelares que habían construido para mantener su dominio se habían atrofiado y habían perdido su capacidad de resistencia y recuperación. Incapaces de digerir las tensiones y desafíos generados por el cambio social y económico, se habían convertido en frágiles y vulnerables además de perder el control de la denominada primavera árabe.

Una clase muy distinta de primavera está en marcha, ya que cuatro países árabes se acercan a las elecciones presidenciales o las han celebrado estos meses. Sólo uno de ellos –Egipto– tuvo de hecho su primavera, mientras que Siria se halla sumida en una brutal guerra civil y el régimen argelino se las ha arreglado para fragmentar y neutralizar cualquier tipo de oposición popular. El pluralismo político del Líbano motiva que el panorama sea muy diferente, pero su obstinada negativa a cambiar el sistema confesional erosiona los pilares constitucionales de su democracia y pone en peligro la cohesión del propio Estado.

La ‘primavera presidencial’La coincidencia de estas cuatro elecciones presidenciales desvela el prolongado y duradero poder de las arraigadas figuras políticas e institucionales de élite y su capacidad a la hora de perpetuar su política en beneficio propio y, sobre todo, el carácter autoritario de la misma política. La primavera presidencial no significa el comienzo de otro largo periodo de gobierno autocrático y estable, aunque mediocre, comparable al del periodo de 1970 al 2010. Pero refleja una potente mezcla –que varía mucho de un país a otro– de política de facciones dentro de las élites gobernantes y de las estructuras de poder, legislaturas débiles y consejos ministeriales impotentes, militares politizados y creciente influencia externa que amenaza con repetir tendencias autoritarias o generar otras nuevas.

Todo esto resulta ya evidente en la manipulación de las leyes y calendarios que rigen las elecciones presidenciales, de manera que favorezcan posiblemente a titulares de cargos u otros protagonistas poderosos. Un decreto emitido por el presidente egipcio interino, Adli Mansur, el 8 de marzo, por ejemplo, invalidaba las apelaciones contra los resultados, decreto del que por cierto podría decirse que choca con el artículo 97 de la Constitución recientemente revisado. Y a sólo unas semanas de las elecciones –26 y 27 de mayo– es difícil que cualquier persona, salvo el exministro de Defensa, Abdul Fatah al Sisi, haga campaña de modo eficaz.

Lo mismo puede decirse de Siria, donde el 14 de marzo el Parlamento revisó la ley electoral a fin de permitir múltiples candidaturas, imponiendo un requisito de residencia que impedía en la práctica que determinadas figuras de la oposición participaran en los comicios. La guerra civil imposibilita unas elecciones fiables el 3 de junio, pero es la ocasión propicia para que el presidente Bashar el Asad cumpla con el ritual de reivindicar una renovada legitimidad. Al fin y al cabo, el referéndum que le devolvió al poder en el 2007 con un supuesto voto positivo del 97,62%, en una participación de la que se dijo que había sido de un 96%, fue descrito por el entonces ministro del Interior como prueba de “la madurez política de Siria y el resplandor de nuestra democracia”.

En Argelia, donde se votó el pasado 17 de abril, la ley electoral no fue modificada, pero antes de decidir optar a un cuarto mandato, el reelegido Abdelaziz Buteflika consideró la posibilidad de modificar la Constitución para ampliar su actual periodo en el cargo de cinco a siete años. En este caso, la falta de claridad sobre si Buteflika optaría de hecho o no, a pesar de su grave enfermedad, desalentó a otras candidaturas y dejó el terreno libre.

Estos ejemplos ponen de manifiesto la supervivencia de un rasgo clave de los regímenes de Hosni Mubarak en Egipto, de Zin el Abidin Ben Ali en Túnez y de Ali Abdulah Saleh en Yemen: incluso donde ha habido alguna iniciativa oficial que ha pasado de elegir presidentes mediante referéndum a unas elecciones propiamente dichas y de una única opción “sí/no” a múltiples candidaturas, la falta de certeza sobre los procedimientos electorales se utiliza para garantizar una seguridad razonable sobre el resultado electoral.

Egipto ofrece un ejemplo especialmente elocuente del hecho de que los gobernantes autocráticos siguen juzgando los marcos legales y constitucionales como una realidad infinitamente maleable. Las elecciones presidenciales tendrán lugar mucho antes que las parlamentarias, invirtiendo la “hoja de ruta” hecha pública por las mismas autoridades en el poder después de derrocar al presidente Mohamed Morsi el 3 de julio del 2013. Además, la nueva ley electoral se promulgó menos de dos meses después de la ratificación de una nueva Constitución en enero, circunstancia que con la misma facilidad podría haber propiciado establecer normas claras y vinculantes en el caso de las presidenciales. El hecho de que esta fue la tercera constitución de Egipto en tres años –además de varias declaraciones constitucionales– y de que las autoridades afirmaran que había sido aprobada por el 98,1% de los electores que votaron, refuerza la conclusión de que los procedimientos y mecanismos siguen siendo manipulados a fin de garantizar resultados concretos.

La democracia ofrece lo contrario: la certeza sobre los procedimientos y la incertidumbre sobre el resultado. Por ello la pendiente por la que se desliza Líbano es preocupante. La Constitución, que impide que el presidente se presente a dos mandatos consecutivos, no ha sido cuestionada de forma directa. Sin embargo, el mandato del titular ha sido prorrogado en dos ocasiones desde que el presidente Elias Haraui introdujo una enmienda constitucional que lo permitía en 1995. Este dispositivo legal fue utilizado más adelante por su sucesor, el presidente Émile Lahud, en el 2004, y puede utilizarse de nuevo cuando el mandato del presidente Michel Suleiman finalice este mes de mayo. El Parlamento que hubo de aprobar este mandato ampliado sobre razones jurídicas dudosas el año pasado, socavando la autoridad moral del Consejo Constitucional, es la única otra fuente de legitimidad que queda en Líbano.

Las intrigas y manipulaciones sobre las elecciones presidenciales no anuncian un simple retorno al autoritarismo en Líbano –Suleiman no es un autócrata– ni en los otros tres países. Pese a sus métodos autocráticos de control político, Buteflika en Argelia ha obligado a los militares a una retirada parcial del poder. Y ha de lidiar con un escenario sociopolítico más diverso que sus predecesores, lo que limita sus opciones y condiciona su conducta.

Lo mismo ocurre en Egipto, donde el hombre fuerte, Al Sisi, y la alineación que le apoya –los militares, las fuerzas de seguridad, la justicia y diversos elementos del antiguo régimen, así como figuras del empresariado– se esfuerzan ya por contener una crisis socioeconómica que se agudiza y no pueden impedir la aparición de desafíos sociales, procedentes de los obreros industriales y del sector público, de jóvenes rebeldes e incluso de policías locales. Y en Siria, incluso si el régimen de El Asad sobrevive a la guerra civil, se enfrentará a exigencias sin precedentes de sectores sociales que lucharon por él y él mismo se verá obligado a alcanzar nuevos compromisos con otros sectores para atraer capital e inversión para la reconstrucción económica.

Los nuevos y no tan nuevos presidentes vitalicios que asumirán su cargo estos meses tienen pocas opciones políticas y menos recursos para solucionar los desafíos que afrontan. Las alianzas internas y externas no pueden desviar el curso de los crecientes problemas socioeconómicos ni enderezar la legitimidad en constante declive, la cohesión de los sistemas políticos y los marcos constitucionales que los sustentan. En este sentido, la primavera presidencial es parte integrante en buena medida de los continuos procesos de cambio y protestas desencadenados por la primavera árabe original del 2011.

Yezid Sayigh, investigador asociado del Centro Carnegie sobre Oriente Medio, Beirut. Traducción: José María Puig de la Bellacasa.

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