La abdicación de Don Juan Carlos y los días que han exigido los trámites para la proclamación del Príncipe de Asturias como nuevo Rey de todos los españoles han tenido el efecto, probablemente no deseado, de reabrir el viejo debate monarquía-república. Un debate muy antiguo, sobre el que está dicho todo desde hace decenios, y que los españoles habíamos zanjado en 1978 con la Constitución del consenso y de la concordia.
Pues bien, reabrir ese debate –de todos los debates siempre sale algo bueno– ha tenido el beneficioso efecto de volver a sopesar los pros y los contras de la decisión de los constituyentes del 78 y ha servido para hacer un balance del reinado del Rey Juan Carlos y también para que los desmemoriados y los ignorantes repasen la historia de la II República, que, se pongan como se pongan los que no la han estudiado y los sectarios irredentos, fue un rotundo fracaso y uno de los periodos más tristes de la historia de España.
Los constituyentes de 1978, empezando por los comunistas, que estaban liderados por Dolores Ibarruri (no sé si Cayo Lara sabe quién era esta señora) y Santiago Carrillo (del que tampoco sé si es conocido por sus sucesores), aceptaron la monarquía como forma del Estado por varias razones.
La primera, porque comprendieron que había muchos españoles que sentían aprecio y apego por la monarquía, y que echar un órdago a favor de la república era partir, una vez más, a la sociedad española por la mitad, cuando de lo que se trataba entonces era de optar entre dictadura o democracia y no entre república o monarquía. Siempre, claro está, que se tratase de una monarquía constitucional, como es la nuestra desde entonces.
La segunda razón es que los políticos de entonces comprobaron fehacientemente que el máximo impulsor y garante de los cambios necesarios para llegar a la democracia era Don Juan Carlos. Además, para optar por la forma monárquica estaban las clásicas razones que demuestran su utilidad práctica: porque saca la Jefatura del Estado de la contienda partidista, y porque constituye un fuerte lazo emocional con la Historia y las tradiciones de un país.
Estas dos razones clásicas en las que se apoya la pervivencia de las monarquías eran y son de enorme peso en España.
Si no tuviéramos a la Familia Real y no estuviera asegurada la sucesión con la Corona, tendríamos que elegir cada cuatro años al jefe del Estado entre los líderes de los actuales partidos políticos. La experiencia señala que cualquiera de ellos (y pienso en un Felipe González o en un José María Aznar, por ejemplo) tendría graves dificultades para desempeñar la función integradora y representativa de toda la Nación, que es tarea esencial de la Jefatura del Estado.
El Rey, además de tener más facilidades que los miembros de los partidos políticos para desempeñar esa función de árbitro imparcial y de representante de todos, constituye un elemento de integración en la historia de España. Esto es indiscutible porque, guste o no, la historia de España y de los reinos hispánicos, desde la Alta Edad Media hasta nuestros días, ha estado ligada a la monarquía.
Se puede decir que ha habido reyes buenos y reyes malos, y claro que ha sido así. Pero eso es lo mismo que decir que la historia de España tiene luces y sombras. A nosotros nos toca, como también les toca a los titulares de la Corona, aprovechar la herencia histórica que recibimos para aprender de ella, reivindicar sus éxitos y evitar sus errores.
Y no cabe la menor duda de que para los ciudadanos españoles es mucho más fácil identificar al Rey, heredero de la dinastía histórica, como símbolo de la Patria y como depositario de la Historia común de todos que hacerlo con un miembro de un partido político concreto.
Esta función de ser símbolo de la unidad y permanencia de la Nación está específicamente determinada en el texto constitucional de 1978. Así como la de ostentar la más alta representación del Estado. Y el reinado de Don Juan Carlos ha sido, también en estos sentidos, absolutamente modélico.
Esta función del Rey de representarnos a todos lo convierte en símbolo de la Nación, de manera que cuando gritamos «¡viva el Rey!» no solo estamos mostrando nuestra adhesión a la persona concreta que encarna la monarquía constitucional, sino que también estamos expresando nuestro orgullo de ser españoles y de que España sea la patria de nuestra libertad, garantizada por las leyes que nosotros mismos nos hemos dado.
En esta hora de la solemne proclamación del nuevo Rey es absolutamente normal y lógico que seamos muchos los españoles que queremos gritar alto y fuerte «¡viva el Rey!», que queremos engalanar balcones y escaparates, y que queremos salir a las calles y a las plazas con la bandera de España. Para mostrar nuestro agradecimiento al Rey Don Juan Carlos por el positivo balance de su reinado que todos hacemos. Para expresar nuestra satisfacción por el correcto funcionamiento de las instituciones en la abdicación. Y para hacer pública nuestra ilusión de que el reinado de Felipe VI sea un periodo de libertad, de paz y de prosperidad para todos los españoles.
Festejar al nuevo Rey es festejar a España y es festejar nuestra libertad. Y sería bueno que todos los que lo sentimos así tengamos la oportunidad de hacerlo.
Esperanza Aguirre, presidente del PP de Madrid.